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LA CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL RESPONDE A NUESTRA DEMANDA DE INCLUIR EL FACTOR DE PELIGROSIDAD EN LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE MENORES
El pasado 25 de marzo de 2025 nos dirigimos a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para denunciar la situación en la que se encuentra la atención a la infancia en Andalucía.
Entre otras cuestiones, volvíamos a denunciar que la Junta de Andalucía continúa incumpliendo el compromiso adquirido con el Defensor del Pueblo hace 10 años, negándose a abonar el factor de peligrosidad del complemento específico al personal funcionario de los Servicios de Protección de Menores.
La última vez, en resolución de la Queja Q21/3281, instada por SAF, el 22 de enero de 2022 el Defensor del Pueblo concluyó que “por parte de esa Administración debe promoverse la valoración del factor de peligrosidad en los complementos específicos del personal funcionario implicado en tareas que conlleven la posible retirada de menores de sus familias”
Nos alegramos de informar de que la Consejería ha respondido afirmativamente a nuestro escrito señalando que “este aspecto se plasmará en la correspondiente modificación de RPT de los servicios territoriales dependientes de la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud, a fin de adecuar sus estructuras a las necesidades actuales”.
Desde el SAF nos congratulamos de que, tras años de lucha en solitario, por fin la Consejería se haya avenido a reconocer la necesidad de incluir el factor de peligrosidad en estos puestos que claramente lo requieren. Esperamos que esta modificación de RPT se lleve a cabo sin más demora.
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Tras la denuncia del SAF, un informe de la UCO constata que se vulneraron los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en una entidad de la Junta de Andalucía
Desde el SAF condenamos tanto a los que que en su día enchufaron como a los que después consolidaron y blindaron a ese personal a gracias a la Ley de Función Pública de Andalucía. Hoy, tanto el actual Gobierno como algunos sindicatos, tendrán que aclarar qué hacían mientras se enchufaba, no sólo en FAFFE sino en la inmensa mayoría de la Administración paralela, y por qué apoyaron una ley diseñada para que ese personal que había accedido a la función pública de forma irregular no pudiera cesado de los puestos que jamás debieron ocupar.
El SAF estaba donde tenía que estar: Denunciando penalmente cuando se enchufaba y oponiéndose en las mesas de negociación y en la calle cuando se les consolidaba.
