Los trágicos sucesos por los que una Auxiliar Técnica Educativa perdió la vida recientemente a manos de unos menores de un centro de Badajoz, vuelven a dejar al descubierto las graves carencias con que cuentan los sistemas de protección a menores y de reforma juvenil, así como los riesgos derivados de dichas carencias a los que deben hacer frente sus profesionales.
Andalucía no es una excepción, y muestra de ello fueron las concentraciones que tuvieron lugar en distintas capitales andaluzas hace unos días y que contaron con la asistencia de una representación del SAF.
La escasez de medios profesionales y materiales con desdotaciones masivas de plazas han llegado a un punto crítico, haciendo que actualmente haya provincias en los que el Departamento de Equipos de Menores no cuente con ni un sólo Asesor/a Técnico/a.
Por otro lado, volvemos a denunciar que la Junta de Andalucía continúa incumpliendo el compromiso adquirido con el Defensor del Pueblo hace 10 años, negándose a reconocer la peligrosidad al personal funcionario de los Servicios de Protección de Menores.
Y es que el Defensor del Pueblo concluyó en la Queja 13/6893, de julio de 2015, dirigida a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Dirección General de Infancia y Familias: “Que se promueva una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de forma tal que aquel personal funcionario implicado en tareas que conlleven la posible retirada de menores de sus familias, en las que pudiera precisarse incluso el auxilio de efectivos policiales, tenga reflejado en su complemento específico la correspondiente dotación económica por la peligrosidad en el ejercicio de su labor”.
Así, en la recomendación del Defensor se indicaba:
“Y en esta tesitura hemos de traer a colación el hecho de que en diversos informes oficiales, emitidos por servicios jurídicos de la propia Junta de Andalucía, se reconozca la peligrosidad implícita al ejercicio de determinadas funciones –entre ellas la retirada de menores del domicilio familiar- que corresponden al personal de protección de menores, que incluso requieren del auxilio de efectivos policiales que han de intervenir tanto en la programación de dichas retiradas como en su desarrollo efectivo, garantizando la seguridad e integridad física tanto de los menores y de sus familiares, como del personal de protección de menores que participa en el cumplimiento efectivo de la medida acordada por la Administración.”
Desde la emisión de dicha Recomendación seguimos exigiendo a la Administración y reiterando quejas al Defensor del Pueblo, que poco más puede hacer que insistir en que se atribuya dicho reconocimiento, sin que por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Loles López se haga otra cosa más que poner excusas.
La última vez, en resolución de la Queja Q21/3281, instada por SAF, el 22 de enero de 2022 el Defensor del Pueblo concluyó:
“Por todo ello, nos reiteramos en que por parte de esa Administración debe promoverse la valoración del factor de peligrosidad en los complementos específicos del personal funcionario implicado en tareas que conlleven la posible retirada de menores de sus familias”
A esta Recomendación la Consejería simplemente respondió con una “larga cambiada” diciendo que iban a elaborar “en el plazo de un año un plan de ordenación del sistema de protección a la infancia y adolescencia en Andalucía” y que se modificaría la RPT en consecuencia y que el Plan incidiría en la modificación de sus recursos personales.
Desde entonces no sabemos nada.
Nos parece lamentable e irresponsable el trato que la Consejería da a sus propios trabajadores y al Defensor del Pueblo, adquiriendo compromisos que sistemáticamente se dedica a incumplir durante años.
Desde el SAF exigimos a la Consejera Loles López que no espere a que ocurra una desgracia en Andalucía. Debe actuar ya para acabar con la precariedad en los sistemas de protección de menores y reforma juvenil y cumplir de una vez por todas con los compromisos adquiridos con el DPA en lo referente al personal funcionario de estos Servicios.
Andalucía no es una excepción, y muestra de ello fueron las concentraciones que tuvieron lugar en distintas capitales andaluzas hace unos días y que contaron con la asistencia de una representación del SAF.
La escasez de medios profesionales y materiales con desdotaciones masivas de plazas han llegado a un punto crítico, haciendo que actualmente haya provincias en los que el Departamento de Equipos de Menores no cuente con ni un sólo Asesor/a Técnico/a.
Por otro lado, volvemos a denunciar que la Junta de Andalucía continúa incumpliendo el compromiso adquirido con el Defensor del Pueblo hace 10 años, negándose a reconocer la peligrosidad al personal funcionario de los Servicios de Protección de Menores.
Y es que el Defensor del Pueblo concluyó en la Queja 13/6893, de julio de 2015, dirigida a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Dirección General de Infancia y Familias: “Que se promueva una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de forma tal que aquel personal funcionario implicado en tareas que conlleven la posible retirada de menores de sus familias, en las que pudiera precisarse incluso el auxilio de efectivos policiales, tenga reflejado en su complemento específico la correspondiente dotación económica por la peligrosidad en el ejercicio de su labor”.
Así, en la recomendación del Defensor se indicaba:
“Y en esta tesitura hemos de traer a colación el hecho de que en diversos informes oficiales, emitidos por servicios jurídicos de la propia Junta de Andalucía, se reconozca la peligrosidad implícita al ejercicio de determinadas funciones –entre ellas la retirada de menores del domicilio familiar- que corresponden al personal de protección de menores, que incluso requieren del auxilio de efectivos policiales que han de intervenir tanto en la programación de dichas retiradas como en su desarrollo efectivo, garantizando la seguridad e integridad física tanto de los menores y de sus familiares, como del personal de protección de menores que participa en el cumplimiento efectivo de la medida acordada por la Administración.”
Desde la emisión de dicha Recomendación seguimos exigiendo a la Administración y reiterando quejas al Defensor del Pueblo, que poco más puede hacer que insistir en que se atribuya dicho reconocimiento, sin que por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Loles López se haga otra cosa más que poner excusas.
La última vez, en resolución de la Queja Q21/3281, instada por SAF, el 22 de enero de 2022 el Defensor del Pueblo concluyó:
“Por todo ello, nos reiteramos en que por parte de esa Administración debe promoverse la valoración del factor de peligrosidad en los complementos específicos del personal funcionario implicado en tareas que conlleven la posible retirada de menores de sus familias”
A esta Recomendación la Consejería simplemente respondió con una “larga cambiada” diciendo que iban a elaborar “en el plazo de un año un plan de ordenación del sistema de protección a la infancia y adolescencia en Andalucía” y que se modificaría la RPT en consecuencia y que el Plan incidiría en la modificación de sus recursos personales.
Desde entonces no sabemos nada.
Nos parece lamentable e irresponsable el trato que la Consejería da a sus propios trabajadores y al Defensor del Pueblo, adquiriendo compromisos que sistemáticamente se dedica a incumplir durante años.
Desde el SAF exigimos a la Consejera Loles López que no espere a que ocurra una desgracia en Andalucía. Debe actuar ya para acabar con la precariedad en los sistemas de protección de menores y reforma juvenil y cumplir de una vez por todas con los compromisos adquiridos con el DPA en lo referente al personal funcionario de estos Servicios.
Lee esta noticia en prensa: La Voz del Sur - La Razón - El Libre
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