En el día de ayer, la Consejera Loles López cesó oficialmente al Director-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), José Luis Prieto.

Su salida llega en un contexto donde Andalucía registra la lista de espera más prolongada de España en la atención a la dependencia y donde el nuevo modelo de gestión impuesto por Prieto ha sido fuente de graves conflictos.

Queremos destacar el papel del SAF en visibilizar y denunciar públicamente la pésima gestión, el estilo autoritario y el colapso de servicios en la ASSDA:

  • En julio de 2023, ya reclamamos públicamente el cese de la Consejera por su caótica gestión en materia de dependencia (ver enlace).
  • El pasado 24 de enero de 2025, en la mesa sectorial, insistimos en la falta de soluciones para el personal PAD (ver enlace).
  • En la última reunión de febrero de 2025 con la Consejería (ver enlace), se volvió a evidenciar el desinterés institucional hacia las propuestas razonables planteadas por el SAF.
  • En abril de 2025 denunciamos ante la Inspección de Trabajo la sobrecarga, presión y falta de respeto institucional hacia este colectivo (ver enlace).
  • Hace apenas un mes volvíamos a denunciar el estilo autoritario de cargos de la ASSDA y sus consecuencias sobre el personal valorador (ver enlace)


El SAF da la bienvenida al relevo de Prieto, considerando esta decisión como un reconocimiento a los múltiples errores que deterioraban el sistema de dependencia pública en nuestra comunidad.

Desde el SAF:

- Exigimos la designación inmediata de un nuevo director o directora que cumpla criterios de mérito, transparencia y diálogo sindical.
- Solicitamos una revisión urgente y consensuada de la aplicación del DL 3/2024 que ha convertido el sistema en un caos.
- Reclamamos la participación activa del SAF en la definición de procesos, recursos y protocolos de valoración.

 

 

 

 

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Se nos informa desde la Administración que se ha enviado para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado incluido en los listados complementarios a la relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2022 y 2023, de los siguientes Cuerpos:
  • Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100)
  • Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100)
  • Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200)

 

 

 

 

 

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Desde el SAF denunciamos nuevamente la política del Gobierno andaluz de continuar encargando funciones propias del personal funcionario a la empresa pública TRAGSATEC, en detrimento del principio de reserva funcionarial y del acceso en condiciones de igualdad a la función pública.
La última resolución, firmada el 27 de marzo de 2025 por la Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, modifica y amplía un encargo previo a TRAGSATEC para apoyar en la gestión y justificación de subvenciones financiadas con fondos públicos, tanto con cargo al IRPF como a otras líneas de ayudas.
Este nuevo encargo supone:
  • Un incremento de personal externo: se refuerza el equipo con 26 personas a partir del 1 de abril de 2025, que se suman a las 34 ya previstas hasta marzo del mismo año.
  • Una ampliación de vigencia del encargo hasta marzo de 2026.
  • Una nueva valoración económica global que asciende a 2.431.206,74 €, que se abonarán a TRAGSATEC con cargo a distintas partidas presupuestarias de los años 2024, 2025 y 2026.
  • La certificación del trabajo se realizará por expediente justificado, sin control previo ni garantía de eficiencia por parte de la Junta de Andalucía.
Pese a que desde SAF hemos instado a Presidente Moreno a dejar de contratar con TRAGSA, una vez más, el Gobierno andaluz justifica este desvío de fondos públicos a una empresa instrumental con el argumento de la “falta de medios personales propios”. Una falta de personal que no es coyuntural, sino consecuencia directa de su voluntad política de no cubrir las plazas necesarias mediante ofertas de empleo público ni procesos de promoción interna.
Desde el SAF denunciamos esta situación como un atentado contra los principios constitucionales de acceso al empleo público, mérito y capacidad. Por ello, hemos procedido a impugnar esta nueva resolución de encargo en defensa del interés general y del papel esencial del personal funcionario en la gestión de los servicios públicos.

 

 

 

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