LA SGAP SOLICITA A HACIENDA, A INSTANCIA DEL SAF, LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Ante el crecimiento desbocado de la inflación que ronda el 9%, desde el SAF venimos solicitando reiteradamente a la Administración la actualización de las retribuciones del personal funcionario en el ámbito de las competencias autonómicas.
En este sentido, denunciamos las ridículas cantidades que el personal funcionario viene recibiendo por las indemnizaciones por razón del servicio, que desde hace 16 años no han sido actualizadas. La no actualización de las cantidades correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio debe ser atendida por la Junta de Andalucía de manera urgente ya que, en caso contrario, se estaría causando un considerable perjuicio económico al personal funcionario.
Las cantidades establecidas en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, que regula las indemnizaciones por razón del servicio, ha sido actualizada por última vez en la Orden de 11 de julio 2006 que viene a actualizar las cantidades a percibir en lo referente a los anexo II (Dietas en territorio nacional) y III (Dietas en territorio extranjero).
Si tomamos como referencia los datos estadísticos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) previos a la crisis de Ucrania la variación del IPC en España desde el mes de julio de 2006 hasta enero de 2022, estas cantidades se deberían haber incrementado un 28 %, pero si nos vamos al precio del combustible el aumento ha sido muy superior al 100%. Basta señalar los precios a cierre del año 2006 y compararlos con los actuales:
AÑO 2006: Gasolina: 0,9654 €/litro; Gasóleo: 0,9092 €/litro
AÑO 2022: Gasolina: 2,138 €/litro; Gasóleo: 2,106 €/litro
En la situación actual se están dando casos en los que los 0,19 €/km. ni siquiera compensan el coste íntegro del combustible por lo que el desgaste de nuestros vehículos privado está recayendo completamente sobre nuestros bolsillos.
Desde el SAF reivindicamos el derecho del personal funcionario a percibir unas indemnizaciones por razón del servicio JUSTAS, sin tener que soportar la perdida de poder adquisitivo por la mera dejadez de la Administración Andaluza en determinar las cantidades que corresponden por dichos conceptos.
Ante esta sangrante situación, el pasado mes de marzo solicitamos por escrito a la Secretaria General para la Administración Pública que se actualizaran las cantidades correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio según el Decreto 54/1989 al menos en lo correspondiente a las cantidades establecidas en el ANEXO II y III, según el incremento de IPC y del combustible acumulado desde que se actualizaron por última vez en el ejercicio 2006.
En el día de ayer recibimos una comunicación escrita por parte de la SGAP en el que se nos informa de lo siguiente:
“En este orden de cosas este centro directivo es consciente de la que cuantía de la indemnizaciones por razón del servicio precisaría de una actualización, en todo caso dentro del marco normativo vigente, por lo que se va a proponer a la Consejería competente en materia de Hacienda, como responsable de la actualización de las cuantías de dichas indemnizaciones, estudiar la cuestión en el escenario de elaboración del presupuesto para el ejercicio 2023.”
Como es obvio, la composición del próximo Parlamento de Andalucía facilitará la aprobación de las leyes de presupuestos de los próximos años pero desde el SAF entendemos que no es suficiente y que el personal funcionario no tiene por qué asumir un coste económico por el desempeño de su puesto de trabajo. Actualmente si el consumo supera aproximadamente los 8 litros por cada 100 km al personal funcionario le está costando dinero trabajar. Todo ello sin contar con los costes de mantenimiento del vehículo, coste que corresponde a la Administración.
Por todo ello vamos a exigir que la actualización se produzca con carácter inmediato sin esperar futuros presupuestos y que, en caso contrario, ningún funcionario tenga que poner su propio coche para el desempeño de sus funciones, sino que le sea habilitado un coche del parque de vehículos de la Administración autonómica.
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INSTAMOS AL SAE A ANULAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN TRAMITACIÓN BASADOS EN CRITERIOS ALEATORIOS, POR SUPONER VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
En el SAF hemos tenido conocimiento de una sentencia de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla, en la que se impugnaba la Oferta Pública por la que se seleccionaban tres puestos para personal funcionario interino del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (A1.2003), en aplicación de la Adenda 2/2021 del SAE, adenda que establece un tercer criterio de desempate consistente en la proximidad del inverso del NIF a un número y letra al azar, en definitiva, una lotería en base al DNI.
Por dicha Sentencia se anula la citada Oferta genérica de empleo por vulneración de los derechos fundamentales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, previstos en los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la CE, al considerar que “el único criterio para enviar a los participantes que se inscriben en la oferta, que tienen la titulación, es un criterio aleatorio, “de suerte”, que no tiene en cuenta ningún mérito o capacidad”.
Este criterio aleatorio vino a sustituir a otro todavía más injusto (orden de fecha de inscripción en la oferta), el cual fue objeto de recurso judicial por nuestra parte y que el TSJA ya ha declarado en una reciente sentencia nulo por vulnerar los derechos fundamentales.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el SAF hemos dirigido sendos escritos a la DGRRHHFP y al a Dirección Gerencia del SAE instando a que se proceda a anular todos los procedimientos de selección en tramitación en base a la aplicación de la Instrucción 2/2021 y de la Adenda por suponer vulneración de derechos fundamentales. Así mismo, hemos solicitado que se inicien con urgencia los trámites tendentes a la negociación con las organizaciones sindicales del procedimiento de selección mediante oferta genérica de empleo público, de manera que quede garantizado el pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Por dicha Sentencia se anula la citada Oferta genérica de empleo por vulneración de los derechos fundamentales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, previstos en los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la CE, al considerar que “el único criterio para enviar a los participantes que se inscriben en la oferta, que tienen la titulación, es un criterio aleatorio, “de suerte”, que no tiene en cuenta ningún mérito o capacidad”.
Este criterio aleatorio vino a sustituir a otro todavía más injusto (orden de fecha de inscripción en la oferta), el cual fue objeto de recurso judicial por nuestra parte y que el TSJA ya ha declarado en una reciente sentencia nulo por vulnerar los derechos fundamentales.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el SAF hemos dirigido sendos escritos a la DGRRHHFP y al a Dirección Gerencia del SAE instando a que se proceda a anular todos los procedimientos de selección en tramitación en base a la aplicación de la Instrucción 2/2021 y de la Adenda por suponer vulneración de derechos fundamentales. Así mismo, hemos solicitado que se inicien con urgencia los trámites tendentes a la negociación con las organizaciones sindicales del procedimiento de selección mediante oferta genérica de empleo público, de manera que quede garantizado el pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
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Los sindicatos de Mesa Sectorial de la Junta barajamos movilizarnos contra la politización de la Administración a través de los puestos de libre designación
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) y Comisiones Obreras (CCOO), organizaciones presentes en la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía y una representación conjunta que ronda el 90%, hemos anunciado de forma conjunta que barajamos convocar movilizaciones en contra de la politización de la Administración provocada por la provisión de puestos de libre designación en la Junta, si la Administración regional no da marcha atrás en su forma de proceder.
Las organizaciones firmantes rechazamos la modificación en el Decreto 2/2002 de la provisión de puestos por el sistema de libre designación (PLD) que prevé la Junta de Andalucía, por falta de reciprocidad con otras administraciones y porque no despolitiza la Administración autonómica sino que fomenta justamente lo contrario. Con ello, la Junta perpetúa la politización de la Administración en lugar de despolitizarla, tal y como era el compromiso del Gobierno que la sustenta.
De esta forma, el personal funcionario de la Junta resulta perjudicado con la modificación que plantea la Administración por no existir reciprocidad con otras administraciones en relación a la posibilidad de ocupar un puesto de libre designación. A lo que hay que añadir que las RPT ya reflejan los puestos que son susceptibles de ser ocupados (y lo son) por personal de otras Administraciones (personal docente en determinados puestos de la Delegación de Educación, sanitarios en la de Salud etc…). Con este movimiento, la Junta quiere abrir la puerta a todos los puestos, un despropósito sin justificación alguna.
En este sentido, los sindicatos frimantes entiendemos que la Junta desconfía de la profesionalidad y el talento de su propio personal, dando cabida y abriendo la puerta al de otras administraciones pero sin darle la oportunidad de desarrollar su carrera en estas mismas administraciones, un extremo que perjudica gravemente la carrera profesional del personal funcionario de la Junta. En este sentido, los sindicatos de Mesa entienden que la Junta desconfía de la profesionalidad y el talento de su propio personal, dando cabida y abriendo la puerta al de otras administraciones pero sin darle la oportunidad de desarrollar su carrera en estas mismas administraciones, un extremo que perjudica gravemente la carrera profesional del personal funcionario de la Junta.
De hecho, el artículo 61 del borrador del proyecto de decreto no se ha negociado con las organizaciones sindicales, ni se incluyó en el documento expuesto al trámite de audiencia e información pública para la presentación de alegaciones al mismo. Dicho artículo establece que “El personal funcionario de carrera procedente de otras Administraciones Públicas podrá participar en los procedimientos de cobertura de los puestos de trabajo cuyo sistema de provisión sea la libre designación, salvo aquellos en los que la relación de puestos de trabajo establezca un tipo de Administración de las previstas en el artículo 46 de este Reglamento, en los que, además del personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta de Andalucía, solo podrá participar el procedente del tipo de Administración establecido en relación de puestos de trabajo”.
Con ello se regularizan situaciones ilegales de personal que ocupa este tipo de puestos sin cumplir las características establecidas en la RPT correspondiente. Concretamente, entre 2020 y 2022 un total de 226 puestos de libre designación han sido cubiertos mediante modificaciones de RPT y no por concurso, tal y como en un principio era el compromiso de la Administración. Un concurso de méritos que ha quedado en el olvido.
Las Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía formado entre PP y Ciudadanos, aluden específicamente en su apartado I.5 a los PLD. Dicho punto habla de “una función pública profesional y libre de injerencias políticas” y establece que se aprobará una Ley de Función Pública “que siente las bases de una administración pública cada vez más moderna, eficaz y profesional. Queremos apostar por el mérito, la capacidad y la formación continua de nuestros funcionarios para responder a las exigencias de calidad en los servicios públicos. Restringiremos el sistema de libre designación, generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza bajo los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad". Restringiremos el sistema de libre designación, generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza bajo los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad".
Con esta modificación del decreto que se pretende consumar, sin negociar con los sindicatos y sin el debido trámite de audiencia pública, lo que hace es consolidar un sistema que lejos de despolitizar la Administración, perpetúa su politización y la discrecionalidad de nombrar a una u otra persona.
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