En el día de hoy se ha publicado en el diario ABC que un informe de la UCO constata que se vulneraron los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en una entidad de la Junta de Andalucía.
El citado informe acredita que los anteriores gobiernos andaluces del PSOE utilizaron la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como la Faffe, para colocar a familiares y allegados a dirigentes y cargos del partido en esta extinta entidad de la Junta de Andalucía financiada con fondos públicos para cursos de formación. El Grupo de Delincuencia Económica Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acredita que la gran mayoría de los 84 contratados por la fundación que fueron denunciados con nombres y apellidos por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) fueron contratados «de manera arbitraria», incluida la mujer del actual portavoz del PSOE en el Senado y anterior secretario general de la formación en Andalucía, Juan Espadas, según han confirmado a ABC fuentes jurídicas del caso.
Desde el SAF condenamos tanto a los que que en su día enchufaron como a los que después consolidaron y blindaron a ese personal a gracias a la Ley de Función Pública de Andalucía. Hoy, tanto el actual Gobierno como algunos sindicatos, tendrán que aclarar qué hacían mientras se enchufaba, no sólo en FAFFE sino en la inmensa mayoría de la Administración paralela, y por qué apoyaron una ley diseñada para que ese personal que había accedido a la función pública de forma irregular no pudiera cesado de los puestos que jamás debieron ocupar.
El SAF estaba donde tenía que estar: Denunciando penalmente cuando se enchufaba y oponiéndose en las mesas de negociación y en la calle cuando se les consolidaba.
Desde el SAF condenamos tanto a los que que en su día enchufaron como a los que después consolidaron y blindaron a ese personal a gracias a la Ley de Función Pública de Andalucía. Hoy, tanto el actual Gobierno como algunos sindicatos, tendrán que aclarar qué hacían mientras se enchufaba, no sólo en FAFFE sino en la inmensa mayoría de la Administración paralela, y por qué apoyaron una ley diseñada para que ese personal que había accedido a la función pública de forma irregular no pudiera cesado de los puestos que jamás debieron ocupar.
El SAF estaba donde tenía que estar: Denunciando penalmente cuando se enchufaba y oponiéndose en las mesas de negociación y en la calle cuando se les consolidaba.
