DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 2026
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), este 28 de abril de 2026, no tenemos nada que celebrar
Hemos denunciado esta situación incluso en la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad. Pero nuestra Administración sigue sin respetar el derecho a la desconexión digital reconocido en el Art. 88 de la Ley 3/2018. La desconexión es un derecho fundamental que garantiza mejor salud mental, mayor conciliación y descanso reparador. Urge negociar y aprobar un Protocolo de Desconexión Digital.
- Las obras en el Edificio Torre Triana: múltiples irregularidades en materia de PRL, algunas con riesgo grave para el personal.
- La mudanza de parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública al Pabellón de Francia de la Expo 92: con deterioro evidente en la prestación del servicio.
- Protocolo de teletrabajo ante fenómenos meteorológicos adversos (FMA). En marzo de 2025 reiteramos nuestra solicitud de aprobación de un Protocolo o Instrucción de carácter permanente que regule el teletrabajo como modalidad de trabajo prioritario durante la activación de alertas meteorológicas por fenómenos adversos. La protección de los empleados públicos no puede depender de la improvisación.
- Nueva estructura preventiva de la Junta de Andalucía. En julio de 2025 solicitamos formalmente el borrador de decreto y/o documento de propuesta de nueva estructura preventiva de la Administración General de la Junta de Andalucía. Una estructura preventiva moderna, dimensionada y eficaz es una exigencia legal, no una opción.
- El teletrabajo como herramienta preventiva en la Mesa Sectorial. En la actualidad trabajamos activamente para que la Instrucción de homogeneización del teletrabajo, en negociación en Mesa Sectorial, dé cumplimiento a principios preventivos básicos recogidos en la Ley 31/95:
- Evitar los riesgos en origen, no solo gestionarlos.
- Adaptar el trabajo a la persona, y no al contrario.
- Planificar la prevención de forma integral, con un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales.
- Considerar la evolución de la técnica como criterio preventivo permanente.
Estas son solo algunas de la larga lista de razones por las que…
DESDE EL SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS (SAF), ESTE 28 DE ABRIL DE 2026, NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR.
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EL TELETRABAJO EN LA JUNTA: AVANCES PARCIALES TRAS MESES DE RETRASO
Este acuerdo llega tras meses y meses de retraso en el desarrollo de una regulación comprometida y largamente demandada por el personal funcionario, y después de que en la Mesa Sectorial del pasado 8 de abril se pusiera de manifiesto la falta de avances reales en su tramitación. En el SAF tenemos muy claro que sectores muy importantes de la Administración no han creído ni creen en el teletrabajo prueba de ello es el Código de Buenas Prácticas emitido y ocultado a las organizaciones desde hace un año y, más recientemente la Circular para la aplicación del trabajo no presencial en el ámbito de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Por otro lado tenemos a ciertas organizaciones sindicales jugando a dos barajas, que en principio parecían dispuestos a firmar el pacto y en el último momento prefirieron no hacerlo, seguramente más pendientes de intereses políticos en clave electoral que en priorizar la mejora de las condiciones laborales de nuestro colectivo.
En este contexto hemos de denunciar la filtración y posterior publicación anticipada por parte de un medio. Se trata de una noticia interesada e inexacta en varios aspectos fundamentales. Ninguna de las partes implicadas reconoce la autoría de esta filtración. Desde SAF tenemos muy claro que procede sin duda de quien, por algún motivo inconfesable, pretendía hacer descarrilar las negociaciones.
El pacto incorpora algunos elementos relevantes:
- La implicación directa del Consejero y del equipo responsable de Función Pública, elevando el compromiso político con este proceso.
- La fijación de un horizonte temporal para la finalización de la tramitación del Decreto, prevista para el 30 de septiembre de 2026.
- La elaboración de una instrucción transitoria vinculante para todas las Consejerías, que deberá aprobarse en las próximas semanas, con el objetivo de dotar de mayor homogeneidad, seguridad jurídica y estabilidad al teletrabajo mientras se aprueba la norma definitiva.
- Asimismo, la propia Administración ha indicado que aquellas cuestiones que se implanten mediante la instrucción transitoria podrán incorporarse directamente a la fase de implementación del futuro Decreto de Teletrabajo, ya negociado, lo que permitirá adelantar su aplicación práctica y ahorrar tiempos en su puesta en marcha efectiva.
No obstante, debemos señalar que este pacto no resuelve el problema de fondo: el retraso acumulado en la aprobación del Decreto, que sigue posponiendo una regulación completa y estable de esta modalidad de trabajo.
Por ello, desde SAF seguiremos exigiendo:
- El cumplimiento efectivo de los plazos comprometidos.
- Una instrucción transitoria ambiciosa y realmente útil para el personal.
- Y, sobre todo, la aprobación definitiva de un Decreto de Teletrabajo que garantice derechos, seguridad jurídica y una adecuada prestación de los servicios públicos.
Lejos de triunfalismos, por responsabilidad, accedemos a firmar el pacto, ya que consideramos que de la futura instrucción se pueden derivar mejoras para gran parte de nuestro colectivo (sin pacto no habría instrucción).
No obstante, advertimos que no vamos a tolerar tretas ni maniobras dilatorias por parte de la Administración. Si no vemos una clara voluntad de avances reales por su parte, convocaremos movilizaciones de forma inmediata.
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DE TRAGSA A LOS COLEGIOS PROFESIONALES: MÁS EXTERNALIZACIÓN, MENOS EMPLEO PÚBLICO
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) lleva tiempo denunciando una deriva preocupante en la gestión de la Administración de la Junta de Andalucía: la externalización progresiva de funciones propias del personal funcionario mediante encargos a medios propios como TRAGSA y TRAGSATEC.
Tal y como hemos puesto de manifiesto, estos encargos han dejado de responder a necesidades puntuales o excepcionales para convertirse en una herramienta habitual de gestión, utilizada para cubrir carencias estructurales de personal y evitar la creación de plazas públicas .
Hoy debemos alertar de un nuevo paso en esta misma dirección.
LOS COLEGIOS PROFESIONALES: NUEVO ACTOR EN EL PROCESO DE EXTERNALIZACIÓN
La reciente Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía, introduce en su artículo 12.5 la posibilidad de formalizar encomiendas de gestión con colegios profesionales para la realización de tareas de carácter técnico. Bajo esta aparente colaboración, se abre la puerta a que estas entidades participen en funciones que afectan directamente a la verificación, control y desarrollo de actuaciones públicas.
No estamos ante una simple asistencia técnica. Las funciones previstas incluyen la verificación de requisitos, la comprobación del cumplimiento de normativa o la participación en instrumentos de planificación y gestión.
Desde el SAF advertimos que esto supone, en la práctica, una nueva forma de externalización de funciones públicas, que se suma a la ya existente a través de medios propios.
EL ESTADO ACTIVA EL MECANISMO DE CONTROL: POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD
Esta preocupación no es exclusiva del ámbito sindical. El propio Estado ha detectado posibles problemas de constitucionalidad en el mencionado artículo 12.5.
Hoy mismo se ha publicado la Resolución de 30 de marzo de 2026, de la Secretaría General Técnica de Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de 22 de marzo de 2026, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Coo, paso previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Este mecanismo se activa cuando el Estado considera que una norma autonómica puede estar invadiendo competencias estatales o vulnerando principios constitucionales. En este caso, todo apunta a que la participación de entidades externas en funciones que afectan al control, verificación y gestión administrativa podría suponer una extralimitación competencial y una afectación al núcleo de las potestades públicas y por ello hemos solicitado el expediente del Acuerdo.
UN MODELO QUE SE CONSOLIDA: SISTEMA PARALELO DE GESTIÓN
Lo que estamos viendo no son decisiones aisladas, sino la consolidación de un modelo:
- Encargos a TRAGSA/TRAGSATEC para funciones administrativas, técnicas y de gestión.
- Incorporación de colegios profesionales como nuevos agentes en estas tareas.
- Difuminación de los límites entre lo público y lo privado.
Este modelo genera un auténtico sistema paralelo de gestión, al margen del empleo público y de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Tal y como ya hemos señalado, la normativa concibe estos instrumentos como excepcionales, pero la práctica demuestra un uso cada vez más generalizado en ámbitos sensibles como la gestión de expedientes, subvenciones o el apoyo técnico continuado.
CONCESIONES A LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Esta situación no puede analizarse de forma aislada. Se conecta directamente con decisiones recientes como la instrucción sobre colegiación del personal funcionario, que desde el SAF hemos rechazado frontalmente.
Dicha medida, impulsada sin negociación y sin justificación normativa suficiente, otorga a los colegios profesionales una posición privilegiada, incluso monopolística, sobre el ejercicio profesional, imponiendo además un coste económico al personal funcionario .
Ahora, además de exigir colegiación, se les atribuyen funciones dentro de la propia gestión administrativa.
Estamos, por tanto, ante una doble concesión:
- Por un lado, se refuerza su papel corporativo mediante la colegiación obligatoria.
- Por otro, se les introduce como actores en la ejecución de políticas públicas.
USURPACIÓN DE POTESTADES PÚBLICAS
Aunque estas actuaciones se presenten como “auxiliares” o “de apoyo técnico”, la realidad es que afectan a funciones que deberían ser desempeñadas exclusivamente por personal funcionario.
La verificación de requisitos, el control del cumplimiento normativo o la participación en la planificación administrativa no son tareas neutras. Implican valoración, control y, en muchos casos, efectos directos sobre derechos e intereses de la ciudadanía.
Desde el SAF consideramos que esto supone una clara deriva hacia la usurpación de potestades públicas.
MENOS EMPLEO PÚBLICO, MENOS OPORTUNIDADES
Las consecuencias de este modelo son evidentes:
- Se reducen las posibilidades de desarrollo profesional del personal funcionario.
- Disminuyen las oportunidades de nombramiento para el personal interino.
- Se limitan las plazas ofertadas en las Ofertas de Empleo Público.
Cada encargo, cada externalización y cada función que se desplaza fuera de la Administración supone, en la práctica, una plaza menos.
Mientras tanto, la Administración continúa alegando falta de medios personales propios, una situación que no es coyuntural, sino consecuencia directa de una política sostenida de insuficiente convocatoria de plazas.
EXIGIMOS TRANSPARENCIA, CONTROL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO
Desde el SAF seguiremos actuando en todos los frentes:
- Solicitando información y transparencia sobre los encargos realizados
- Analizando su adecuación a la normativa vigente.
- Recurriendo aquellos que consideremos contrarios a derecho.
- Defendiendo un modelo de Administración pública basado en el empleo público de calidad.
Porque si no se actúa, se consolida. Y si se consolida, se convierte en norma lo que debería ser una excepción.
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