MODIFICACIÓN DEL BAREMO DE CONCURSOS DE MÉRITOS
Como es bien sabido, en el BOJA de 13 de octubre de 2021 se publicó la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información pública el Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Por parte del Sindicato Andaluz de Funcionarios se han realizado una serie de alegaciones, teniendo como objetivo el bien común del colectivo funcionarial, que pasamos a resumiros:
1- Artículo 27: Consideramos que se debe eliminar del apartado 5 la frase “y poseer las capacidades y aptitudes adecuadas para su desempeño”, pues las capacidades y actitudes se acreditan al cumplir los requisitos de titulación y demás condiciones (haber superado previamente ejercicios del proceso selectivo, experiencia previa etcetera). La introducción del nuevo inciso “capacidades y aptitudes adecuadas”, es una puerta abierta a una clara arbitrariedad del organismo de selección para desechar a aquel que “entienda” que no posea la aptitud necesaria.
2- Artículo 44: Solicitamos en el apartado a) la eliminación de la referencia a “los casos previstos en el artículo 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública”. Entendemos que el concurso es el sistema ordinario de provisión de puestos con carácter definitivo, no se puede condicionar éste al resto de procedimientos de provisión sino a la inversa. Nada que objetar cuando se trata de puestos base para una OEP pero no se pueden detraer puestos del concurso para recolocar a PLD cesados durante la tramitación del concurso.
3- Artículo 45 bis. Concurso abierto y permanente: Solicitamos la eliminación de la referencia a la tramitación “preferentemente mediante la modalidad de concurso abierto y permanente”. Consideramos que si el concurso de méritos va a ser permanente, no tiene sentido poner “preferentemente”, pues no habrá ningún otro procedimiento de concurso de méritos a seguir.
4- Artículo 48: Solicitamos la inclusión de la referencia a que “los miembros de la comisión deberán pertenecer a Grupo Igual o superior al exigido para los puestos convocados”.
5- Artículo 52.: Solicitamos que la puntuación obtenida por la aplicación de este baremo general se incrementará hasta un máximo de dos puntos, en casos de destino previo del cónyuge funcionario/a y cuidado de hijos o cuidado de un familiar. En este último caso se valorará con un punto, siendo incompatibles entre sí ambos supuestos.
6- Artículo 54
1.- Valoración del trabajo desarrollado.
Solicitamos que para la valoración de este apartado se tenga en cuenta la experiencia profesional obtenida en los 15 últimos años (en lugar de 10), hasta un máximo de 11 puntos (en lugar de 9).
2.- Grado personal.
Proponemos que se valore hasta un máximo de 8 puntos (en lugar de 6).
3.- Permanencia en el puesto de trabajo.
En aquellos casos en que la permanencia en el puesto ocupado como titular coincida en el tiempo con la ocupación con carácter provisional de otros puestos en virtud de lo dispuesto en los artículos 27.2 y 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, solicitamos que a la puntuación obtenida en este apartado se le aplicará un coeficiente corrector del 0,50 en los períodos simultaneados con dichos nombramientos provisionales. Consideramos que un mérito que actualmente está sujeto frecuentemente a la arbitrariedad de la concesión de un informe favorable por parte de un PLD debe tener una mayor penalización.
Así mismo proponemos que no se puedan sumar períodos de tiempo salvo en los supuestos de movilidad por razón de salud laboral y violencia de género, pero no computará la suma del tiempo de desempeño de libre designación con carácter definitivo con el desempeño provisional del puesto que le sea adjudicado tras el cese, previstos en al artículo 66.2 del presente Decreto, sino únicamente éste último.
5.- Valoración de títulos académicos. (12.5% del baremo)
Proponemos que se valore, hasta un máximo de 5 puntos (en lugar de 4), la posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, distintas y de igual o superior nivel a la exigida para acceder al Grupo o Grupos a que está adscrito el puesto. Consideramos que se debe incentivar la formación y especialización del personal funcionario teniendo en cuenta títulos que hasta el momento estaban excluidos, por lo que nuestra propuesta de valoración es la siguiente:
a) Por el título de Doctor: 2 puntos.
b) Por el Título de Máster universitario oficial con validez en todo el territorio nacional: 0,80 puntos.
c)Por el título de Licenciado, Arquitectura, Ingeniería o equivalente: 1,6 puntos
d) Por el título de Grado: 1,25 puntos
e) Diplomatura universitaria, arquitectura técnica, ingeniería técnica o equivalente: 1 punto
f) Por el título de Técnico Superior: 0,75 puntos
b) Por el Título de Máster universitario oficial con validez en todo el territorio nacional: 0,80 puntos.
c)Por el título de Licenciado, Arquitectura, Ingeniería o equivalente: 1,6 puntos
d) Por el título de Grado: 1,25 puntos
e) Diplomatura universitaria, arquitectura técnica, ingeniería técnica o equivalente: 1 punto
f) Por el título de Técnico Superior: 0,75 puntos
g) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos cada una, incluyendo Másteres propios Universitarios, títulos de idiomas emitidos por institutos oficiales o de aquellas entidades reconocidas periódicamente por Orden de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa para emitir certificados acreditativos en lenguas extranjeras de acuerdo con el Marco Común Europea de referencia para las Lenguas, para cada nivel de idiomas a partir del B2 aunque sea sobre el mismo idioma (ejemplo B2, C1 y C2 de inglés, se debe valorar como tres titulaciones, a efectos de fomentar el mayor grado de especialización, tal y como ocurre con el profesorado docente en Andalucía).
6.- Cursos de formación y perfeccionamiento.
Solicitamos que el máximo de este apartado se aumente hasta un máximo de 4 puntos (en lugar de 3), en la forma siguiente:
Los cursos a valorar serán los organizados u homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, la Escuela de Animación Socio-Cultural de Andalucía y el Centro Informático Científico de Andalucía. Asimismo, serán valorados los impartidos, al amparo de los Acuerdos de Formación Continua y de formación para el empleo, por las Organizaciones Sindicales, a razón de 0.01 puntos por cada hora lectiva.
Para el resto de cursos organizados o impartidos por cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, a razón de 0.005 puntos por cada hora lectiva.”
7- Artículo 66: A fecha actual existen un total de alrededor de 239 funcionarios cesados en puestos de libre designación a los que ha adscrito con carácter provisional a un puesto “virtual” entre los niveles 26 a 30 de complemento de destino de la RPT, creado “ad hoc” para ellos y con la característica de “a extinguir”, los cuales se mantienen en los mismos a lo largo de toda su carrera administrativa, pues con la regulación actual del Decreto 2/2002 se permite esta práctica abusiva, pues basta con que soliciten un único puesto en el concurso que hay dentro de los dos años posteriores a su cese para el que saben que no tendrán la puntuación suficiente o se otorgan una puntuación inferior, y ello les basta para mantenerse toda su vida administrativa en el puesto virtual nivel 26, 27, 28, 29 y 30.
Recordar que estos puestos virtuales a extinguir supone una sobredotación presupuestaria, que hemos estimado en un mínimo de 15 millones de euros anuales, en definitiva, si la regulación hubiera sido ésta desde que entro en vigor el Decreto 2/2002, el ahorro presupuestario hubiera sido de 300 millones de euros, pues estos funcionarios cesados suelen tener puntuación sobrada para obtener un puesto vacante y dotado presupuestariamente por concurso de méritos de nivel 25, como mínimo, por lo que el ahorro presupuestario es absoluto. Con ese dinero habría sobrado para recuperar la mayoría de las Ayudas de Acción Social, para la dotación de mas de 600 puestos de trabajo o una subida del 10-15% de los complementos específicos de la totalidad del personal funcionario. Por todo ello, para acabar con estas situaciones abusivas e injustas proponemos la siguiente redacción:
“3. Los funcionarios cesados estarán obligados a participar y no desistir en todos los concursos de méritos que se convoquen en el mismo municipio y estarán obligados a solicitar todos y cada uno de los puestos para los que reúnan los requisitos exigidos por la RPT y adecuados a su Cuerpo de pertenencia. Esta obligación se extenderá sin limitación de tiempo en todos los concursos posteriores, en tanto no obtengan destino con carácter definitivo tras el cese.
Se establecerán los cauces de comunicación y control que sean precisos entre los órganos gestores de personal y las Comisiones de Valoración para controlar el cumplimiento de dichas obligaciones, y caso de no cumplir los funcionarios cesados con los mismos, pasarán a la situación de excedencia que corresponda, situación a la que pasarán igualmente si se acredita mala fe en la selección de plazas, cómo por ejemplo si en el autobaremo se otorgan una puntuación inferior a la que le corresponde
En caso de no obtener plaza en el siguiente concurso de méritos posterior a su cese, se procederá a realizarles una nueva adscripción provisional sin la limitación de dos niveles inferior al de su grado personal consolidado perdiendo en todos los casos, el puesto al que hubiera sido adscrito si el mismo fue creado con la característica “a extinguir” por no existir vacantes disponibles”.
“3. Los funcionarios cesados estarán obligados a participar y no desistir en todos los concursos de méritos que se convoquen en el mismo municipio y estarán obligados a solicitar todos y cada uno de los puestos para los que reúnan los requisitos exigidos por la RPT y adecuados a su Cuerpo de pertenencia. Esta obligación se extenderá sin limitación de tiempo en todos los concursos posteriores, en tanto no obtengan destino con carácter definitivo tras el cese.
Se establecerán los cauces de comunicación y control que sean precisos entre los órganos gestores de personal y las Comisiones de Valoración para controlar el cumplimiento de dichas obligaciones, y caso de no cumplir los funcionarios cesados con los mismos, pasarán a la situación de excedencia que corresponda, situación a la que pasarán igualmente si se acredita mala fe en la selección de plazas, cómo por ejemplo si en el autobaremo se otorgan una puntuación inferior a la que le corresponde
En caso de no obtener plaza en el siguiente concurso de méritos posterior a su cese, se procederá a realizarles una nueva adscripción provisional sin la limitación de dos niveles inferior al de su grado personal consolidado perdiendo en todos los casos, el puesto al que hubiera sido adscrito si el mismo fue creado con la característica “a extinguir” por no existir vacantes disponibles”.
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RECUPERACIÓN DE PAGAS EXTRA DE 2013 Y 2014: EN ANDALUCÍA NO, EN CATALUÑA SÍ.
El pasado 16 de junio desde SAF dirigimos un escrito a la Secretaria General para la Administración Pública en el que solicitábamos que a la mayor brevedad posible se fijara un calendario para la restitución de las pagas adicionales correspondientes a los meses de junio y diciembre de 2013 y 2014.
Este recorte se produjo a raíz de la aprobación del Decreto-ley 3/2011, hace ya nada menos que 10 años. El 17 de julio de 2018 en el seno de la Mesa General de Negociación se acordó entre el Gobierno andaluz y de los sindicatos en ella presentes (CSIF, CC.OO y UGT) que “en la medida en que lo permita la legislación básica estatal y el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera, se irá abordando la restitución de las cantidades dejadas de percibir de la paga adicional del complemento específico o equivalente, de los años 2013 y 2014”.
Así se lo recordamos a la Secretaria General, incidiendo en distintas declaraciones de altos responsables de la propia Junta de Andalucía según las cuales las previsiones de crecimiento del PIB para 2021 alcanzaban el 7-9%. Tal debe ser la buena situación económica,que la Administración andaluza ha tenido la benevolencia de permitir que cierto sindicato tenga un plazo de nada menos que 15 años para devolver los mas de 40 millones de euros gastados en ayudas sin justificar.
En el día de ayer recibimos por escrito la contestación negativa a nuestra solicitud del puño y letra de la Secretaria General para la Administración Pública. Un escrito que podemos calificar sin temor a exagerar de compendio de excusas de mala pagadora.
Mientras el Consejero de Transformación Económica insistía hace pocos días en las buenísimas previsiones de crecimiento, nuestra Secretaria General basa su negativa a nuestra solicitud en todo lo contrario: la supuesta imposibilidad de hacer frente al desembolso económico derivada del deber de atenerse a los principios de “sostenibilidad económica, los objetivos de déficit y la regla de gasto”.
También basa su “No” en el hecho de que en los “Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios 2019 y 2020, se marcaron como objetivos prioritarios las políticas presupuestarias destinadas a la cobertura de los servicios públicos fundamentales de sanidad y educación, la aportación en materia de dependencia”. ¿En cuál de estos 3 servicios públicos esenciales encuadra la Secretaria General la nueva concesión de subvenciones a sindicatos que deben dinero a las arcas públicas? ¿En el de “dependencia”… económica del poder político?
Esta misma semana leíamos en prensa que 225.000 empleados públicos de la Generalitat de Cataluña cobrarán próximamente la totalidad de la paga extra adeudada desde 2014. Según el artículo, esta recuperación de produce “gracias a la presión sindical” de dos sindicatos también presentes en nuestra Mesa General, que por desgracia parece que no presionan lo suficiente en Andalucía.
Desde SAF preguntamos abiertamente a la Sra. Vielba, ¿es que en Cataluña la Administración no tiene el deber de cumplir los mismos objetivos de sostenibilidad económica, de déficit y la regla de gasto? ¿Es que allí no priorizan los servicios públicos esenciales?
¿No será que entre sus prioridades de gasto se encuentran otras menos confesables que las esgrimidas en su escrito como por ejemplo el pleno mantenimiento del empleo de la totalidad del personal externo que antes su partido calificaba de “enchufados” y ahora se muestra decidido a blanquear?
Desde el SAF denunciamos que el mantenimiento de la Administración paralela (804 millones de euros anuales sólo en gastos salariales, excluyendo Agencias Públicas Empresariales Sanitarias) es el factor que sigue determinando la pérdida de derechos del personal funcionario y mostramos nuestro firme compromiso de seguir luchando por su recuperación.
Este recorte se produjo a raíz de la aprobación del Decreto-ley 3/2011, hace ya nada menos que 10 años. El 17 de julio de 2018 en el seno de la Mesa General de Negociación se acordó entre el Gobierno andaluz y de los sindicatos en ella presentes (CSIF, CC.OO y UGT) que “en la medida en que lo permita la legislación básica estatal y el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera, se irá abordando la restitución de las cantidades dejadas de percibir de la paga adicional del complemento específico o equivalente, de los años 2013 y 2014”.
Así se lo recordamos a la Secretaria General, incidiendo en distintas declaraciones de altos responsables de la propia Junta de Andalucía según las cuales las previsiones de crecimiento del PIB para 2021 alcanzaban el 7-9%. Tal debe ser la buena situación económica,que la Administración andaluza ha tenido la benevolencia de permitir que cierto sindicato tenga un plazo de nada menos que 15 años para devolver los mas de 40 millones de euros gastados en ayudas sin justificar.
En el día de ayer recibimos por escrito la contestación negativa a nuestra solicitud del puño y letra de la Secretaria General para la Administración Pública. Un escrito que podemos calificar sin temor a exagerar de compendio de excusas de mala pagadora.
Mientras el Consejero de Transformación Económica insistía hace pocos días en las buenísimas previsiones de crecimiento, nuestra Secretaria General basa su negativa a nuestra solicitud en todo lo contrario: la supuesta imposibilidad de hacer frente al desembolso económico derivada del deber de atenerse a los principios de “sostenibilidad económica, los objetivos de déficit y la regla de gasto”.
También basa su “No” en el hecho de que en los “Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios 2019 y 2020, se marcaron como objetivos prioritarios las políticas presupuestarias destinadas a la cobertura de los servicios públicos fundamentales de sanidad y educación, la aportación en materia de dependencia”. ¿En cuál de estos 3 servicios públicos esenciales encuadra la Secretaria General la nueva concesión de subvenciones a sindicatos que deben dinero a las arcas públicas? ¿En el de “dependencia”… económica del poder político?
Esta misma semana leíamos en prensa que 225.000 empleados públicos de la Generalitat de Cataluña cobrarán próximamente la totalidad de la paga extra adeudada desde 2014. Según el artículo, esta recuperación de produce “gracias a la presión sindical” de dos sindicatos también presentes en nuestra Mesa General, que por desgracia parece que no presionan lo suficiente en Andalucía.
Desde SAF preguntamos abiertamente a la Sra. Vielba, ¿es que en Cataluña la Administración no tiene el deber de cumplir los mismos objetivos de sostenibilidad económica, de déficit y la regla de gasto? ¿Es que allí no priorizan los servicios públicos esenciales?
¿No será que entre sus prioridades de gasto se encuentran otras menos confesables que las esgrimidas en su escrito como por ejemplo el pleno mantenimiento del empleo de la totalidad del personal externo que antes su partido calificaba de “enchufados” y ahora se muestra decidido a blanquear?
Desde el SAF denunciamos que el mantenimiento de la Administración paralela (804 millones de euros anuales sólo en gastos salariales, excluyendo Agencias Públicas Empresariales Sanitarias) es el factor que sigue determinando la pérdida de derechos del personal funcionario y mostramos nuestro firme compromiso de seguir luchando por su recuperación.
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COMPARECENCIA PARLAMENTARIA DEL SAF SOBRE LA CREACIÓN DE MACROAGENCIAS
En el día de ayer se produjo en el seno de la Comisión Transformación Económica del Parlamento de Andalucía la comparecencia de aquellos agentes sociales y organizaciones interesados en la regulación del Proyecto de Ley por la que se crean las Agencias Empresariales TRADE y ACCUA, procedente del Decreto-ley 16/2021.
Debemos recordar que el citado Decreto-ley pudo convalidarse gracias a los votos favorables de los dos partidos del Gobierno y la sorpresiva abstención de
Unidas Podemos, si bien debe tramitarse como proyecto de Ley por lo que podrá enmendarse su redacción actual.
Recordamos también que con la creación de estas Macroagencias se pretende fusionar Andalucía Emprende, Agencia IDEAy Extendamanteniendo a la totalidad de sus plantillas y del gasto (1.500 personas aproximadamente).
Elías Bendodo, calificaba el pasado verano a los entes instrumentales de la Junta de Andalucía como «una maraña de empresas públicas que se crearon buscando el interés del PSOE y no el de los andaluces, una herramienta más para ir dopados a las elecciones y estar 37 años anclados en el poder» Nos obstante, en un ejercicio de cinismo político sin parangón, a la vez afirmaba que «los trabajadores de las empresas públicas deben estar tranquilos porque ellos no son culpables del Gobierno que los sumió en el caos y en el desgobierno. Ellos no son culpables».
En una posteriores declaraciones el Sr. Bendodo pedía sin ruborizarse el apoyo a la creación de TRADE a «todas las fuerzas del cambio, que son PP, Cs y Vox, y que estuvieran a la altura de lo que votaron los andaluces hace ya dos años y medio, que nos votaron para cambiar, entre otras cosas, para reducir el aparato administrativo y desmontar el régimen clientelar», como si alguien fuera a creerse que fusionar varias Agencias en una fuera a solucionar algo.
Ayer en sede parlamentaria, durante su turno de palabra el nuevo Presidente-Coordinador de SAF, Alfonso Dueñas, volvió a hacer una encendida defensa de la reserva funcionarial de las potestades públicas y del acceso legal al empleo público bajo los principios constitucionales del igualdad, mérito y capacidad.
Por el contrario, el resto de sindicatos participantes (CC.OO., UGT y UITA) se limitaron a defender la plena integración de todo el personal procedente de las distintas Agencias en TRADE y ACCUA tratando de hacer pasar la consolidación del enchufismo por “defensa del empleo público”. Mención aparte merece la ausencia de CSIF, inicialmente programada para las 10:20 horas y que por motivos que desconocemos finalmente no compareció.
Os invitamos a ver aquí el video de la comparecencia que no tiene desperdicio y deja bien claro que el SAF es el único sindicato que defiende sin ambages la despolitización y profesionalización de la Administración y que se niega a contemporizar con quien pretende consolidar las redes clientelares.
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