SAF denuncia la nueva instrucción que puede obligar a pagar cuotas a miles de funcionarios
En el día de ayer, en el marco de la mesa sectorial, se abordó la cuestión de la INSTRUCCIÓN 2/2026 DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE LA COLEGIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Se trata de una instrucción que a nuestro juicio afecta claramente a las condiciones de trabajo de gran parte de nuestro colectivo al introducir un muchos casos un nuevo requisito, además de un coste económico para las personas afectadas.
La Administración dicta esta instrucción sin negociación previa con las organizaciones sindicales y sin que exista cambio normativo ni jurisprudencia reciente que lo justifique. Tenemos meridianamente claro que el origen de esta instrucción se encuentra en el compromiso adquirido por el Consejero Nieto en el I Foro de la Unión Profesional de Córdoba celebrado en noviembre del año pasado. En su nota de prensa la Unión Profesional se ufanaba de haber conseguido dar un “impulso de la colegiación como garantía de calidad y servicio público”.
Debemos señalar que la colegiación obligatoria otorga a los colegios profesionales una posición monopolística sobre el acceso a la profesión, lo que puede generar cuotas elevadas y escasa rendición de cuentas, especialmente cuando se exige a profesionales que trabajan exclusivamente para la Administración y que ya están sometidos a mecanismos públicos de control.
En Mesa Sectorial la Administración manifestó que la aplicación de la Instrucción (“que no regula, sino que aclara”) no es de aplicación hasta que no se definan los puestos de trabajo que deben contener esta colegiación y que no será de aplicación hasta que dicho requisito figure en la correspondiente R.P.T.
La postura del SAF fue de rechazo absoluto a la Instrucción y, en definitiva, a la colegiación de los funcionarios, advirtiendo que nos reservamos el ejercicio de las acciones jurisdiccionales que procedan en caso de la imposición de la misma. Asimismo, en caso de imponerse la misma, exigimos que los gastos de colegiación deberán correr de parte de la Administración y no suponer merma económica alguna por parte del personal funcionario.
Por otro lado, la DGRRHHFP afirmó que en ningún momento dicha obligación impedirá el acceso o la provisión de puestos de trabajo, y que la Administración no va a acometer ninguna acción al respecto, y conforme a la normativa estatal, solo comunicarán esa situación al colegio profesional. Según lo manifestado, el hecho de no estar colegiado no sera considerada infracción administrativa, ni por tanto sancionable. Es decir, la Administración identificará que puestos son de colegiación obligatoria, lo incluirá en RPT, y verificará su cumplimiento. Desde el SAF tenemos serias dudas de que la Administración no vaya a sancionar a aquellas personas que no lo cumplan con la “colegiación obligatoria” voluntariamente o por sanción disciplinaria de cada colegio.
Ante la presión sindical, la DGRRHHFP solicitó a las organizaciones sindicales que mandaran las observaciones al texto. Es una aberración que una vez dictada, sin comunicación oficial a los representantes de los trabajadores por la SGAP, se emplace en este momento a las organizaciones sindicales a su mejora.
En conclusión, el Consejero Nieto dispara con pólvora del rey al sentar las bases para obligar mediante esta instrucción a la colegiación forzosa de una parte importante del personal funcionario (con el consecuente coste económico que deberán soportar las personas afectadas) única y exclusivamente por un compromiso personal adquirido con la citada unión profesional.
El SAF estará muy pendiente de esta cuestión, siempre del lado del personal funcionario, frente a posibles abusos por parte de cargos que ceden ante las presiones de lobbys que buscando el beneficio propio a costa del bolsillo de nuestro colectivo.
En el día de ayer, en el marco de la mesa sectorial, se abordó la cuestión de la INSTRUCCIÓN 2/2026 DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE LA COLEGIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Se trata de una instrucción que a nuestro juicio afecta claramente a las condiciones de trabajo de gran parte de nuestro colectivo al introducir un muchos casos un nuevo requisito, además de un coste económico para las personas afectadas.
La Administración dicta esta instrucción sin negociación previa con las organizaciones sindicales y sin que exista cambio normativo ni jurisprudencia reciente que lo justifique. Tenemos meridianamente claro que el origen de esta instrucción se encuentra en el compromiso adquirido por el Consejero Nieto en el I Foro de la Unión Profesional de Córdoba celebrado en noviembre del año pasado. En su nota de prensa la Unión Profesional se ufanaba de haber conseguido dar un “impulso de la colegiación como garantía de calidad y servicio público”.
Debemos señalar que la colegiación obligatoria otorga a los colegios profesionales una posición monopolística sobre el acceso a la profesión, lo que puede generar cuotas elevadas y escasa rendición de cuentas, especialmente cuando se exige a profesionales que trabajan exclusivamente para la Administración y que ya están sometidos a mecanismos públicos de control.
En Mesa Sectorial la Administración manifestó que la aplicación de la Instrucción (“que no regula, sino que aclara”) no es de aplicación hasta que no se definan los puestos de trabajo que deben contener esta colegiación y que no será de aplicación hasta que dicho requisito figure en la correspondiente R.P.T.
La postura del SAF fue de rechazo absoluto a la Instrucción y, en definitiva, a la colegiación de los funcionarios, advirtiendo que nos reservamos el ejercicio de las acciones jurisdiccionales que procedan en caso de la imposición de la misma. Asimismo, en caso de imponerse la misma, exigimos que los gastos de colegiación deberán correr de parte de la Administración y no suponer merma económica alguna por parte del personal funcionario.
Por otro lado, la DGRRHHFP afirmó que en ningún momento dicha obligación impedirá el acceso o la provisión de puestos de trabajo, y que la Administración no va a acometer ninguna acción al respecto, y conforme a la normativa estatal, solo comunicarán esa situación al colegio profesional. Según lo manifestado, el hecho de no estar colegiado no sera considerada infracción administrativa, ni por tanto sancionable. Es decir, la Administración identificará que puestos son de colegiación obligatoria, lo incluirá en RPT, y verificará su cumplimiento. Desde el SAF tenemos serias dudas de que la Administración no vaya a sancionar a aquellas personas que no lo cumplan con la “colegiación obligatoria” voluntariamente o por sanción disciplinaria de cada colegio.
Ante la presión sindical, la DGRRHHFP solicitó a las organizaciones sindicales que mandaran las observaciones al texto. Es una aberración que una vez dictada, sin comunicación oficial a los representantes de los trabajadores por la SGAP, se emplace en este momento a las organizaciones sindicales a su mejora.
En conclusión, el Consejero Nieto dispara con pólvora del rey al sentar las bases para obligar mediante esta instrucción a la colegiación forzosa de una parte importante del personal funcionario (con el consecuente coste económico que deberán soportar las personas afectadas) única y exclusivamente por un compromiso personal adquirido con la citada unión profesional.
El SAF estará muy pendiente de esta cuestión, siempre del lado del personal funcionario, frente a posibles abusos por parte de cargos que ceden ante las presiones de lobbys que buscando el beneficio propio a costa del bolsillo de nuestro colectivo.
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