INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO A LA VALORACIÓN DE MÉRITOS EN LAS CONVOCATORIAS DE ART. 30
Hemos tenido acceso a un reciente informe, preceptivo y no vinculante, emitido el pasado 22 de diciembre por la Subdirección de Ordenación y Regulación sobre dudas surgidas en la valoración de la experiencia profesional en los art. 30.
A raíz de las numerosas dudas suscitadas en la interpretación de la normativa que lo regula, el citado informe establece los siguientes criterios interpretativos:
1.- Han de considerarse puestos de trabajo desempeñados con carácter definitivo aquellos que se ocupan en virtud de procedimiento de provisión o acceso que otorguen la titularidad del mismo, con independencia de que dicho puesto se desempeñe efectivamente o se tenga reservado por estar desempeñándose otro con carácter provisional.
2.- El primer criterio de los dirimentes en caso de empate ha se ser la pertenencia al Cuerpo Preferente.
3.- La pertenencia de las personas funcionarias interesadas al Cuerpo Preferente implicará el incremento de un 10% a la puntuación obtenida por aplicación del baremo fijado.
4.- La experiencia que venga establecida como un requisito para la ocupación del puesto de trabajo que se oferta por este procedimiento de provisión se acredita por el desempeño de puestos de trabajo obtenidos con carácter definitivo que tengan coincidencia de área funcional, relacional o agrupación de áreas (referida ésta última al área funcional) con el puesto convocado a provisión por vía del artículo 30.
5.- Los servicios prestados como personal laboral deben ser valorados en los mismos términos que los prestados como funcionario cuando los primeros se desarrollan en un puesto de trabajo que siendo laboral, en un principio, luego fue funcionarizado (según reciente criterio jurisprudencial del T.S.).
A raíz de las numerosas dudas suscitadas en la interpretación de la normativa que lo regula, el citado informe establece los siguientes criterios interpretativos:
1.- Han de considerarse puestos de trabajo desempeñados con carácter definitivo aquellos que se ocupan en virtud de procedimiento de provisión o acceso que otorguen la titularidad del mismo, con independencia de que dicho puesto se desempeñe efectivamente o se tenga reservado por estar desempeñándose otro con carácter provisional.
2.- El primer criterio de los dirimentes en caso de empate ha se ser la pertenencia al Cuerpo Preferente.
3.- La pertenencia de las personas funcionarias interesadas al Cuerpo Preferente implicará el incremento de un 10% a la puntuación obtenida por aplicación del baremo fijado.
4.- La experiencia que venga establecida como un requisito para la ocupación del puesto de trabajo que se oferta por este procedimiento de provisión se acredita por el desempeño de puestos de trabajo obtenidos con carácter definitivo que tengan coincidencia de área funcional, relacional o agrupación de áreas (referida ésta última al área funcional) con el puesto convocado a provisión por vía del artículo 30.
5.- Los servicios prestados como personal laboral deben ser valorados en los mismos términos que los prestados como funcionario cuando los primeros se desarrollan en un puesto de trabajo que siendo laboral, en un principio, luego fue funcionarizado (según reciente criterio jurisprudencial del T.S.).
Desde el SAF consideramos que una parte importante del contenido de este informe excede de la razonable interpretación de lo establecido en la Instrucción 1/2009 que regula este tipo de procedimientos. Si con este informe se pretendía aumentar la seguridad jurídica en la tramitación de estos procedimientos, las consecuencias creemos que serán las contrarias a las esperadas. Debería haberse llegado a previa negociación en Mesa Sectorial cualquier modificación en la valoración de los procedimientos de provisión por artículo 30.
Desde el SAF estaremos muy atentos a la aplicación de estos nuevos criterios y mantendremos nuestra oposición en tanto no se negocien en la Mesa Sectorial.
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CONSEGUIMOS LA ANULACIÓN DEL REPARTO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN ENTRE CSIF, UGT Y CCOO EN ANDALUCÍA
A demanda del SAF y otros sindicatos, el Supremo anula el acuerdo de reparto entre CSIF, CCOO y UGT de los delegados de PRL en el ámbito de la Junta de Andalucía
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación presentados por la Junta de Andalucía y los sindicatos CCOO y CSIF de Andalucía y ha ratificado la sentencia del TSJA que anula el acuerdo de reparto de delegados de prevención entre CCOO, UGT y CSIF.
La demanda se inició contra el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de participación y representación en materia de PRL en la Administración de la Junta. Gracias a este acuerdo, los tres sindicatos de la mesa, CCOO, UGT y CSIF, se repartían los tres primeros delegados de prevención de cada comité de prevención independientemente del nivel de apoyo obtenido en las elecciones sindicales.
Es decir, incluso en el caso de que alguno de esos tres sindicatos no obtuviera ni un solo voto, obtendría igualmente un delegado de prevención en el comité, en detrimento de los sindicatos mayoritariamente votados por el personal. A modo de ejemplo, con este acuerdo en la provincia de Almería, con un censo de 1.700 funcionarios y 1.983 laborales, resultaban cinco delegados para los primeros y trece para los segundos; y en la provincia de Cádiz, a la junta de personal solamente le correspondería designar un delegado, mientras que los comités de empresa designarían cuatro y los sindicatos firmantes tres. Una clara perversión del sistema de designación de delegados de prevención que en la práctica conllevaba la exclusión de los representantes del SAF como miembros de pleno derecho de los Comités de Seguridad y Salud, pese a ser el sindicato más representativo en nuestro sector.
Acuerdo sin negociación colectiva
La sentencia destaca que “el reproche principal al Acuerdo no es únicamente adolecer de un trámite esencial y de carácter imperativo, la negociación colectiva con los representantes de las organizaciones sindicales de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, sino también reprocha que en su contenido contempla unos mecanismos de designación de Delegados de Prevención y composición de los Comités de Seguridad y Salud que incumplen la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, con quiebra del principio de libertad sindical. (…) Se obvia la obligatoriedad de que los delegados de prevención sean designados por y entre representantes del personal (art. 35.3 de la Ley 31/1995)”.
En virtud de la falta de negociación colectiva del pacto, el TSJA falló que “el Acuerdo recurrido, que versa sobre derechos de participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales, exigía que, previamente a llegar a un acuerdo en la Mesa General del artículo 36.3, la materia debe ser objeto de negociación (…). La prevención de riesgos laborales no sólo es una materia incluida expresamente en el art. 37.1 del EBEP, sino que, en cuanto afecta a las condiciones de trabajo en materias tan importantes como la salud y la seguridad de los trabajadores y empleados públicos, adquiere una relevancia que no permite sustraerla de la negociación colectiva, en cuanto se integra en la libertad sindical. (…) Considera la Sala por tanto, que la omisión de la negociación colectiva en el Acuerdo impugnado provoca la nulidad del mismo, como así acordamos”.
Esta sentencia fue recurrida por tres de los cuatro demandados al Supremo, el cual ahora ratifica dicha nulidad.
Liberados gratis para CSIF, CCOO y UGT
Este acuerdo ahora anulado suponía que, al contar estos tres sindicatos con los 3 primeros delegados PRL, se les otorgaban 11 liberados sindicales a cada uno. Esto es, un total de 33 liberados que han estado todos estos años trabajando para estos sindicatos sin que hubieran sido los elegidos por el funcionariado para desempeñar la defensa de sus intereses.
Desde el SAF mostramos nuestra profunda satisfacción porque después de años de lucha judicial se ponga fin de una vez por todas a esta auténtica cacicada. Así mismo anunciamos que instaremos a la Junta de Andalucía a la pronta ejecución de esta sentencia para que nunca más nuestro colectivo vea pervertida su representación sindical en órganos tan fundamentales como los Comités de Seguridad y Salud.
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COMPARECEMOS EN EL PARLAMENTO PARA REALIZAR ALEGACIONES AL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA
En el día de hoy el Presidente del SAF, Alfonso Dueñas Ranchal, ha comparecido en sede parlamentaria para realizar toda una serie de alegaciones la Proyecto de Ley de Función Pública de Andalucía. En una solvente a la vez que contundente intervención, nuestro Presidente ha rechazado el “apartheid” al que se sometió a nuestro sindicato excluyéndolo del grupo de trabajo para su elaboración, pese a ser el más representativo del sector.
Ha afirmado que con esta Ley se consagra un nuevo modelo de Función Pública, se va a pasar de un modelo de Administración pública y garantista a un modelo clientelar, instrumental y ampliamente privatizado. A través de la usurpación de potestades públicas, se huye del Derecho administrativo en detrimento del personal funcionario y de los ciudadanos y que incurre en motivos de inconstitucionalidad porque se invaden materias cuya competencia exclusiva corresponde al Estado y no a la Comunidad Autónoma.
Tampoco ha dejado pasar la oportunidad de recordar al grupo parlamentario que sustenta al actual Gobierno, que ellos mismos interpusieron un Recurso de inconstitucionalidad contra un precepto del Decreto-ley de Andalucía 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprobaban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, el cual implicaba una clara usurpación de potestades pública como ahora se intenta reproducir en el proyecto de ley.
Ranchal ha cargado contra la politización de la libre desingación así como contra la eliminación del complemento de destino.
También nos hemos mostrado contrarios a que los procesos selectivos puedan incluir la exposición curricular, pruebas psicométricas relacionadas con la personalidad, entrevistas conductuales, etc. Pruebas total y absolutamente subjetivas y alejadas del principio de objetividad y el principio constitucional de igualdad.
La intervención ha finalizado, agradeciendo de nuevo la invitación y expresando a todos los grupos que tendrán la colaboración total del SAF para mejorar el texto de la ley y evitar futuras judicializaciones, ya fueran con cuestiones de inconstitucionalidad o contra los reglamentos de desarrollo de la ley.
Descarga aquí la intervención íntegra
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