EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LAS CONDENAS POR EL “CASO ERE”
Ayer se hizo público que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el 'caso ERE'.
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñánpor un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Chaves, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
También se impusieron penas de cárcel de entre seis años y un día y siete años y un día a Carmen Martínez Aguayo, Anto
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñánpor un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Chaves, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
También se impusieron penas de cárcel de entre seis años y un día y siete años y un día a Carmen Martínez Aguayo, Anto
nio Fernández , José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Los ERE han supuesto el mayor caso de corrupción política en el seno de la Junta que no solo ha implicado al PSOE, sino también a los sindicatos CC OO y UGT. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, los delitos de malversación cometidos entre el año 2000 y el año 2009 ascienden a 680 millones de euros.
En un día como hoy queremos recordar que el SAF estuvo desde el principio del caso al pie del cañón querellándose contra los ahora condenados y personándose como acusación popular en el caso.
Los ERE han supuesto el mayor caso de corrupción política en el seno de la Junta que no solo ha implicado al PSOE, sino también a los sindicatos CC OO y UGT. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, los delitos de malversación cometidos entre el año 2000 y el año 2009 ascienden a 680 millones de euros.
En un día como hoy queremos recordar que el SAF estuvo desde el principio del caso al pie del cañón querellándose contra los ahora condenados y personándose como acusación popular en el caso.
Es fundamental recordar que el “caso ERE” nunca habría tenido lugar si no fuera por la premeditada ausencia de personal funcionario que controlase el procedimiento de concesión de ayudas. Solo la agencialización de la Junta de Andalucía permitió, con el claro ánimo de hurtar la necesaria intervención, que personal ajeno a la función pública prescindiera del protocolo y formalidades legalmente establecidas para otorgar las ayudas.
En otras palabras, la huida del derecho administrativo en beneficio de un entramado de empresas públicas dirigidas por personal situado por el Gobierno andaluz posibilitó claramente que los controles fueran mucho más laxos.
El caso de los ERE ha marcado la política andaluza de la última década desde que estalló en en el año 2011 y explica en gran parte el ascenso del PP en las dos últimas elecciones.
El presidente Juanma Moreno mostró ayer minutos después de conocerse el fallo un "sentimiento agridulce": su "tristeza" porque el nombre de Andalucía se vincule a la corrupción pero también "alivio" porque finalmente se ha hecho Justicia en un fallo que ha confirmado el reparto arbitrario de 680 millones de euros.
Desde el SAF le recordamos al Presidente Moreno que si hoy está en ese cargo es en gran parte por el hartazgo que produjeron casos como éste entre la ciudadanía andaluza.
Si tanto le preocupa que se vincule a Andalucía con la corrupción debería asumir su responsabilidad y acometer sin complejos el desmantelamiento de la red de Agencias y redes clientelares que posibilitaron casos de corrupción como el de los ERE.
Y es que no debemos olvidar que la obra de ingeniería Administrativa de los ahora condenados sigue en pie en forma de entramado de Agencias y redes clientelares que siguen hoy dentro de la Administración. El actual Gobierno popular parece decidido a consolidarla mediante la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía que legalizará la atribución de funciones al personal laboral de las Agencias mediante la interpretación ultrarestrictiva de las potestades públicas reservadas al personal funcionario.
Hoy está siendo ampliamente comentada en prensa la posibilidad de indulto de algunos de los condenados por parte del Gobierno de España. No creemos que el electorado perdonara al Gobierno de Sánchez que indultara a los ahora condenados, al igual que no creemos que perdonara que el Gobierno de Moreno Bonilla “indultara” su obra.
Desde el SAF queremos volver a mostrar nuestro firme compromiso con la defensa de una Administración profesional, transparente y al servicio únicamente de la ciudadanía de la que el colectivo del personal funcionario debe seguir siendo la piedra angular. Cualquier partido que pretenda valerse de la Administración para sus propios intereses nos tendrá en frente, sean cuales sean sus siglas.
El presidente Juanma Moreno mostró ayer minutos después de conocerse el fallo un "sentimiento agridulce": su "tristeza" porque el nombre de Andalucía se vincule a la corrupción pero también "alivio" porque finalmente se ha hecho Justicia en un fallo que ha confirmado el reparto arbitrario de 680 millones de euros.
Desde el SAF le recordamos al Presidente Moreno que si hoy está en ese cargo es en gran parte por el hartazgo que produjeron casos como éste entre la ciudadanía andaluza.
Si tanto le preocupa que se vincule a Andalucía con la corrupción debería asumir su responsabilidad y acometer sin complejos el desmantelamiento de la red de Agencias y redes clientelares que posibilitaron casos de corrupción como el de los ERE.
Y es que no debemos olvidar que la obra de ingeniería Administrativa de los ahora condenados sigue en pie en forma de entramado de Agencias y redes clientelares que siguen hoy dentro de la Administración. El actual Gobierno popular parece decidido a consolidarla mediante la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía que legalizará la atribución de funciones al personal laboral de las Agencias mediante la interpretación ultrarestrictiva de las potestades públicas reservadas al personal funcionario.
Hoy está siendo ampliamente comentada en prensa la posibilidad de indulto de algunos de los condenados por parte del Gobierno de España. No creemos que el electorado perdonara al Gobierno de Sánchez que indultara a los ahora condenados, al igual que no creemos que perdonara que el Gobierno de Moreno Bonilla “indultara” su obra.
Desde el SAF queremos volver a mostrar nuestro firme compromiso con la defensa de una Administración profesional, transparente y al servicio únicamente de la ciudadanía de la que el colectivo del personal funcionario debe seguir siendo la piedra angular. Cualquier partido que pretenda valerse de la Administración para sus propios intereses nos tendrá en frente, sean cuales sean sus siglas.
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CARTA ABIERTA AL CONSEJERO JOSÉ ANTONIO NIETO
Estimado señor Nieto.
En el día de la toma de posesión del cargo de Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, desde el SAF queremos felicitarle por su nombramiento y desearle suerte y acierto en las decisiones que tome en el ejercicio de su cargo.
Decía el Presidente Moreno en la rueda de prensa de ayer en la que anunció la composición del nuevo Gobierno que en el anterior hubo cosas que funcionaron razonablemente bien. Desde luego, en nuestra humilde opinión, la Función Pública no fue una de ellas.
Contratos express, laminación de las potestades públicas, consolidación del enchufismo, retrasos injustificables en la gestión de procesos selectivos, sistemática falta de voluntad negociadora en Mesas de Negociación… son sólo algunas de las cuestiones que han caracterizado la labor del actual equipo de Función Pública.
Permítanos recordarle que en el contexto de la presentación del Anteproyecto de Ley de Función Pública la actual Secretaria General anunciaba la existencia de un proyecto “muy bonito” que a ella “le encanta”, llamado Genoma del Funcionario que consiste, según sus propias palabras, en que todo aquello que el personal funcionario tenga puesto en sus perfiles públicos puede ser recopilado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial para posteriormente seleccionar a candidatos a puestos en la Administración. Donde el común de los mortales vemos una herramienta orweliana de control de masas su responsable ve un proyecto “pionero y muy innovador”.
Este escándalo nos parece un ejemplo muy ilustrativo de lo que han sido las políticas de la Secretaría General para la Administración Publica durante los últimos años en los que hemos tenido que asistir a una tramitación del Anteproyecto de Ley de Función Pública más propia de Tahúres del Mississipi que de gestores públicos profesionales. Le recomendamos sinceramente que se informe con detalle de cómo se ha gestionado esta cuestión y de por qué cuenta con la oposición frontal de sindicatos mayoritarios en sus respectivos sectores como es el caso del SAF.
Sin ánimo de extendernos, permítanos informarle, por si el actual equipo no lo ha hecho todavía, de la intención decidida de sus responsables de abrir la puerta a que cualquier funcionario/a de cualquier Administración pueda ser nombrado/a para la inmensa mayoría de los puestos PLD del sector de Administración General de la Junta de Andalucía. Esta medida, que ahonda sin duda en la politización de la Administración y perjudica gravemente al personal funcionario de nuestro sector, cuenta con la oposición de la totalidad de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, pese a lo cual, haciendo gala de su habitual “talante negociador”, la actual titular de la DG.RR.HH.F.P. sigue dispuesta a llevar a cabo.
Para concluir, volvemos a parafrasear al Presidente Moreno en el día de ayer cuando decía que “cuando algo funciona mejor no cambiarlo”. Esto implica que cuando algo no funciona lo mejor es cambiarlo. Es a nuestro entender lo que ha venido ocurriendo con las máximas responsables de la SGAP. Cualquier gobernante merece 100 días de confianza tras acceder al cargo. Ojalá usted los aproveche para promover un cambio real en el rumbo de la Función Pública andaluza que contemple relevos al más alto nivel en la SGAP y D.G.RR.HH.F.P.; por el bien de los que formamos parte de ella y del resto de la ciudadanía a la que nos esforzamos por servir.
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DENEGACIONES SISTEMÁTICAS DE TELETRABAJO DERIVADAS DE LAS TOMAS DE POSESIÓN TRAS EL CONCURSO DE MÉRITOS
Según hemos tenido conocimiento, a raíz de las tomas de posesión en el concurso, en algunos centros de trabajo, se está denegando de manera automática el día de teletrabajo al que se tiene derecho en la Administración General de la Junta de Andalucía, como es el caso de los Servicios Centrales del SAS o la Delegación Territorial de Educación de Córdoba, entre otros, con la excusa de que no tienen los seis meses de antigüedad.
La Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 14 de septiembre de 2020, que aprueba el Protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su apartado Segundo:
Modalidades de prestación de servicios.
1. La forma ordinaria de prestación del servicio es la modalidad presencial. Mientras se mantenga activa la crisis sanitaria declarada por las autoridades competentes, esta modalidad presencial podrá alternarse con una modalidad no presencial o de trabajo a distancia, en aquellos puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita, siempre que quede garantizada la correcta prestación de los servicios y, en todo caso, se tenga una antigüedad de, al menos, seis meses en el puesto de trabajo o en puestos similares en la Administración de la Junta de Andalucía.
Desde el SAF tenemos claro que toda persona que participa en un concurso de méritos lo hace desde un puesto similar, puesto que estamos dentro del mismo ámbito de Administración General, se concursa para un puesto del intervalo de niveles de tu Cuerpo o Especialidad y dentro de una misma Área Funcional/Relacional, por lo que, salvo que la denegación sea por otros motivos previstos en la Resolución (“atención directa al público de forma continuada durante su horario de prestación de servicios, o en una franja horaria incompatible con el horario asignado para la prestación del servicio en la modalidad no presencial, así como el que se presta en las oficinas de registro), no se pueden denegar dichas solicitudes de teletrabajo y el hacerlo atendiendo a la antigüedad de seis meses está generando una clara discriminación con respecto al resto del personal funcionario así como de su derecho a la conciliación de la vida personal y familiar establecido en el artículo 14.j) del TREBEP (“A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral”), y que la propia Resolución señalada anteriormente expresa en el texto preliminar, dentro del apartado “PACTO”, donde se indica:
Todo ello sin perjuicio de la elaboración y aprobación en la Administración de la Junta de Andalucía de un marco normativo estable, con vocación de permanencia que, independientemente de situaciones coyunturales o de fuerza mayor, contribuya a que el teletrabajo mejore el funcionamiento de la Administración, sin menoscabo de la función que puede desempeñar como instrumento de conciliación de la actividad profesional con la vida personal y familiar.
También se aborda el régimen que resultaría aplicable cuando, por el agravamiento de la situación, se adoptaran medidas limitativas de la movilidad de las personas o que den lugar al cierre de centros de trabajo o suspensión temporal de actividades.
La Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 14 de septiembre de 2020, que aprueba el Protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su apartado Segundo:
Modalidades de prestación de servicios.
1. La forma ordinaria de prestación del servicio es la modalidad presencial. Mientras se mantenga activa la crisis sanitaria declarada por las autoridades competentes, esta modalidad presencial podrá alternarse con una modalidad no presencial o de trabajo a distancia, en aquellos puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita, siempre que quede garantizada la correcta prestación de los servicios y, en todo caso, se tenga una antigüedad de, al menos, seis meses en el puesto de trabajo o en puestos similares en la Administración de la Junta de Andalucía.
Desde el SAF tenemos claro que toda persona que participa en un concurso de méritos lo hace desde un puesto similar, puesto que estamos dentro del mismo ámbito de Administración General, se concursa para un puesto del intervalo de niveles de tu Cuerpo o Especialidad y dentro de una misma Área Funcional/Relacional, por lo que, salvo que la denegación sea por otros motivos previstos en la Resolución (“atención directa al público de forma continuada durante su horario de prestación de servicios, o en una franja horaria incompatible con el horario asignado para la prestación del servicio en la modalidad no presencial, así como el que se presta en las oficinas de registro), no se pueden denegar dichas solicitudes de teletrabajo y el hacerlo atendiendo a la antigüedad de seis meses está generando una clara discriminación con respecto al resto del personal funcionario así como de su derecho a la conciliación de la vida personal y familiar establecido en el artículo 14.j) del TREBEP (“A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral”), y que la propia Resolución señalada anteriormente expresa en el texto preliminar, dentro del apartado “PACTO”, donde se indica:
Todo ello sin perjuicio de la elaboración y aprobación en la Administración de la Junta de Andalucía de un marco normativo estable, con vocación de permanencia que, independientemente de situaciones coyunturales o de fuerza mayor, contribuya a que el teletrabajo mejore el funcionamiento de la Administración, sin menoscabo de la función que puede desempeñar como instrumento de conciliación de la actividad profesional con la vida personal y familiar.
También se aborda el régimen que resultaría aplicable cuando, por el agravamiento de la situación, se adoptaran medidas limitativas de la movilidad de las personas o que den lugar al cierre de centros de trabajo o suspensión temporal de actividades.
El trabajo no presencial es una opción para los empleados y empleadas públicas, no sólo por razones de emergencia sanitaria, de ser el caso, sino también por motivos de conciliación, a través de la flexibilización horaria o para limitar la «huella ecológica» que cada persona genera en nuestro planeta, entre otros múltiples motivos. Solo cuando concurran situaciones excepcionales o extraordinarias de emergencia determinarán su obligatoriedad.
Por tanto, el denegar el teletrabajo, por el mero hecho de haber tomado posesión por concurso de méritos, queriendo obligarles a esperar seis meses supone una clara discriminación y una lesión a su derecho a la conciliación de la vida personal y familiar.
Por lo anteriormente expuesto, hemos solicitado a la Directora General de RR.HH. Y Función Pública que inste al resto de Consejerías y Organismos a que dicten las instrucciones precisas para que no se discrimine en la concesión del teletrabajo por el mero hecho de haber tomado posesión en un puesto de trabajo en el concurso, evitando así efectuar una interpretación torticera de que no tienen seis meses de antigüedad y, en consecuencia, procedan a revocar las posibles resoluciones denegatorias que se hubieran dictado únicamente por dicha circunstancia.
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