Nota informativa procesos selectivos cuerpos convocados Resoluciones 27 de junio de 2022
El IAAP nos comunica que se ha publicado nota informática en relación con la apertura de un día hábil de plazo en las convocatorias convocadas mediante Resoluciones de 27 de junio de 2022
REUNIÓN CON EL MÁXIMO RESPONSABLE DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA
Nieto: “No vamos aceptar en el Parlamento ninguna enmienda a al
Proyecto de Ley de Función Pública de Andalucía”
El pasado día 24 de agosto de 2022 el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) mantuvo una reunión con los máximos responsables de la recién creada Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. La citada reunión fue convocada por el titular de dicha Consejería, D. José Antonio Nieto.
Por parte de nuestra Organización Sindical, acudieron a la reunión nuestro Presidente-Coordinador, el Vicepresidente-Secretario General, el Secretario de Organización y el Secretario de Acción Sindical.
El nuevo Consejero presentó a su nuevo equipo, o no tan nuevo, ya que sigue manteniendo a la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, Dª Natalia Márquez, a pesar de su nefasta gestión estos últimos años. En esa primera intervención, el Consejero expresó que esperaba contar con la colaboración del SAF en esta “nueva” etapa que se abre…
Nuestro Presidente, Alfonso Dueñas, mostró su total rechazo a la gestión en materia de Función Pública en el sector de Administración general en estos casi cuatro años del “gobierno del cambio”, y enumeró los motivos del mencionado rechazo:
1) La falta de negociación en la elaboración del anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía con los sindicatos mayoritarios en cada uno de los sectores afectados. Esta Ley nacerá deslegitimada y no va a representar la voluntad de los funcionarios públicos de la Junta de Andalucía. Es una Ley “antifuncionarial” que abre, aún más, la privatización y el enchufismo. Indicó en relación al texto, de varias líneas rojas que nunca serían aceptadas por el SAF, que son las siguientes:
Por parte de nuestra Organización Sindical, acudieron a la reunión nuestro Presidente-Coordinador, el Vicepresidente-Secretario General, el Secretario de Organización y el Secretario de Acción Sindical.
El nuevo Consejero presentó a su nuevo equipo, o no tan nuevo, ya que sigue manteniendo a la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, Dª Natalia Márquez, a pesar de su nefasta gestión estos últimos años. En esa primera intervención, el Consejero expresó que esperaba contar con la colaboración del SAF en esta “nueva” etapa que se abre…
Nuestro Presidente, Alfonso Dueñas, mostró su total rechazo a la gestión en materia de Función Pública en el sector de Administración general en estos casi cuatro años del “gobierno del cambio”, y enumeró los motivos del mencionado rechazo:
1) La falta de negociación en la elaboración del anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía con los sindicatos mayoritarios en cada uno de los sectores afectados. Esta Ley nacerá deslegitimada y no va a representar la voluntad de los funcionarios públicos de la Junta de Andalucía. Es una Ley “antifuncionarial” que abre, aún más, la privatización y el enchufismo. Indicó en relación al texto, de varias líneas rojas que nunca serían aceptadas por el SAF, que son las siguientes:
- Concursos cada 3 años.
- Personal Directivo.
- Usurpación de potestades públicas.
- Administración Paralela.
- Disminución de retribuciones.
- Evaluación desempeño politizada.
2) No actualización de los complementos específicos.
3) La consolidación de la Administración Pararela, recordándole que hasta marzo de este año tenían instrumentos para poder reducirla.
4) La usurpación de funciones en la Administración Paralela (SAE, AGAPA, etc.). Que por supuesto el SAF va a denunciar ante los tribunales de justicia a las primeras de cambio.
5) Los raquíticos concurso de méritos que son convocados, cuando la normativa vigente establece que semestralmente deberá ser convocados.
6) Las convocatorias exprés mediante correo electrónico. En este punto fuimos bastantes tajantes, indicando el gran error que supuso esas convocatorias como ha quedado demostrado en sede judicial, con 28 sentencias a recursos presentados por el SAF, todas contundentes contra la actuación de la Junta de Andalucía. Les volvimos a recordar que fuimos los primeros en denunciar esa tropelía. Uno de los mayores y vergonzosos escándalos vividos en la administración andaluza, que ha recordado los peores momentos vividos en el régimen socialista.
7) No haber pagado las pagas adicionales pendientes de 2013 y 2014, a pesar de la mejoría en la economía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tan alegremente diariamente se nos recuerda en los medios de comunicación. Hay que señalar el ridículo de los sindicatos de Mesa General, “sindicatos de cámara”, que a pesar de firmar en 2016 un acuerdo donde se reflejaba dicha devolución, ahora miran para otro lado.
8) Ofertas de Empleo Público raquíticas. Debería de ofertar más plazas de nuevo ingreso, con el sistema de oposición, y menos nombramientos de personal funcionario interino. Sería la única forma para terminar con la cacareada temporalidad…
9) La tardanza en la realización de los procesos selectivos, tanto las libres como promoción interna.
10) La no constitución de la Mesa General de Funcionarios, a la que obliga el TREBEP.
Ante este panorama de pésima gestión de los recursos humanos, nuestro Presidente recordó la solicitud de cese inmediato de la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, Dª Natalia Márquez y parte de su equipo presentada hace más de un año. También solicitó, en relación con el Proyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, una nueva y auténtica negociación con los distintos sindicatos de los sectores que son afectados por la citada Ley, o la posibilidad de introducir enmiendas en el trámite parlamentario.
El Consejero Nieto manifiesta con las “buenas” palabras de los políticos, que se intentará corregir, buscado acuerdos con los distintos sindicatos.
En relación con el Proyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, el nuevo Consejero de forma rotunda manifiesta que no habrá enmiendas al texto y pone como peregrina excusa las protestas que podría darse de los “sindicatos de cámara” firmantes de dicho Proyecto de Ley. El precio de la “paz social”… Pero como son “tan buenos”, se ofrecen a la posibilidad de negociar el desarrollo reglamentario de la Ley…
Respecto a las pagas adicionales que nos fueron sustraídas por los gobiernos socialistas en los años 2013 y 2014, nos informa el Consejero Nieto, que nos olvidemos de ellas; que actualmente es imposible su abono ya que implica una cantidad de unos 740 millones de euros. En numerosas ocasiones desde el SAF les hemos solicitado que esa devolución se fraccione en varios pagos.
Ante la negativa de introducir enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública, el SAF manifestó que ninguna ley es inmutable e infalible. Que tal afirmación tan tajante, por parte del Poder Ejecutivo es un desprecio al Parlamento y que entonces mejor que promulguen la Ley por Decreto Ley y nos ahorramos el trámite parlamentario. El “rodillo” de la mayoría absoluta se pone en marcha…
También manifestamos que existe un descontento en el personal funcionario y que los sindicatos mayoritarios de personal funcionario habían puesto en marcha una gran acción sindical en contra del desprecio recibido en la negociación, o mejor dicho, en la “no negociación” del anteproyecto.
3) La consolidación de la Administración Pararela, recordándole que hasta marzo de este año tenían instrumentos para poder reducirla.
4) La usurpación de funciones en la Administración Paralela (SAE, AGAPA, etc.). Que por supuesto el SAF va a denunciar ante los tribunales de justicia a las primeras de cambio.
5) Los raquíticos concurso de méritos que son convocados, cuando la normativa vigente establece que semestralmente deberá ser convocados.
6) Las convocatorias exprés mediante correo electrónico. En este punto fuimos bastantes tajantes, indicando el gran error que supuso esas convocatorias como ha quedado demostrado en sede judicial, con 28 sentencias a recursos presentados por el SAF, todas contundentes contra la actuación de la Junta de Andalucía. Les volvimos a recordar que fuimos los primeros en denunciar esa tropelía. Uno de los mayores y vergonzosos escándalos vividos en la administración andaluza, que ha recordado los peores momentos vividos en el régimen socialista.
7) No haber pagado las pagas adicionales pendientes de 2013 y 2014, a pesar de la mejoría en la economía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tan alegremente diariamente se nos recuerda en los medios de comunicación. Hay que señalar el ridículo de los sindicatos de Mesa General, “sindicatos de cámara”, que a pesar de firmar en 2016 un acuerdo donde se reflejaba dicha devolución, ahora miran para otro lado.
8) Ofertas de Empleo Público raquíticas. Debería de ofertar más plazas de nuevo ingreso, con el sistema de oposición, y menos nombramientos de personal funcionario interino. Sería la única forma para terminar con la cacareada temporalidad…
9) La tardanza en la realización de los procesos selectivos, tanto las libres como promoción interna.
10) La no constitución de la Mesa General de Funcionarios, a la que obliga el TREBEP.
Ante este panorama de pésima gestión de los recursos humanos, nuestro Presidente recordó la solicitud de cese inmediato de la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, Dª Natalia Márquez y parte de su equipo presentada hace más de un año. También solicitó, en relación con el Proyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, una nueva y auténtica negociación con los distintos sindicatos de los sectores que son afectados por la citada Ley, o la posibilidad de introducir enmiendas en el trámite parlamentario.
El Consejero Nieto manifiesta con las “buenas” palabras de los políticos, que se intentará corregir, buscado acuerdos con los distintos sindicatos.
En relación con el Proyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, el nuevo Consejero de forma rotunda manifiesta que no habrá enmiendas al texto y pone como peregrina excusa las protestas que podría darse de los “sindicatos de cámara” firmantes de dicho Proyecto de Ley. El precio de la “paz social”… Pero como son “tan buenos”, se ofrecen a la posibilidad de negociar el desarrollo reglamentario de la Ley…
Respecto a las pagas adicionales que nos fueron sustraídas por los gobiernos socialistas en los años 2013 y 2014, nos informa el Consejero Nieto, que nos olvidemos de ellas; que actualmente es imposible su abono ya que implica una cantidad de unos 740 millones de euros. En numerosas ocasiones desde el SAF les hemos solicitado que esa devolución se fraccione en varios pagos.
Ante la negativa de introducir enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública, el SAF manifestó que ninguna ley es inmutable e infalible. Que tal afirmación tan tajante, por parte del Poder Ejecutivo es un desprecio al Parlamento y que entonces mejor que promulguen la Ley por Decreto Ley y nos ahorramos el trámite parlamentario. El “rodillo” de la mayoría absoluta se pone en marcha…
También manifestamos que existe un descontento en el personal funcionario y que los sindicatos mayoritarios de personal funcionario habían puesto en marcha una gran acción sindical en contra del desprecio recibido en la negociación, o mejor dicho, en la “no negociación” del anteproyecto.
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EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LAS CONDENAS POR EL “CASO ERE”
Ayer se hizo público que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el 'caso ERE'.
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñánpor un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Chaves, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
También se impusieron penas de cárcel de entre seis años y un día y siete años y un día a Carmen Martínez Aguayo, Anto
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñánpor un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Chaves, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
También se impusieron penas de cárcel de entre seis años y un día y siete años y un día a Carmen Martínez Aguayo, Anto
nio Fernández , José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Los ERE han supuesto el mayor caso de corrupción política en el seno de la Junta que no solo ha implicado al PSOE, sino también a los sindicatos CC OO y UGT. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, los delitos de malversación cometidos entre el año 2000 y el año 2009 ascienden a 680 millones de euros.
En un día como hoy queremos recordar que el SAF estuvo desde el principio del caso al pie del cañón querellándose contra los ahora condenados y personándose como acusación popular en el caso.
Los ERE han supuesto el mayor caso de corrupción política en el seno de la Junta que no solo ha implicado al PSOE, sino también a los sindicatos CC OO y UGT. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, los delitos de malversación cometidos entre el año 2000 y el año 2009 ascienden a 680 millones de euros.
En un día como hoy queremos recordar que el SAF estuvo desde el principio del caso al pie del cañón querellándose contra los ahora condenados y personándose como acusación popular en el caso.
Es fundamental recordar que el “caso ERE” nunca habría tenido lugar si no fuera por la premeditada ausencia de personal funcionario que controlase el procedimiento de concesión de ayudas. Solo la agencialización de la Junta de Andalucía permitió, con el claro ánimo de hurtar la necesaria intervención, que personal ajeno a la función pública prescindiera del protocolo y formalidades legalmente establecidas para otorgar las ayudas.
En otras palabras, la huida del derecho administrativo en beneficio de un entramado de empresas públicas dirigidas por personal situado por el Gobierno andaluz posibilitó claramente que los controles fueran mucho más laxos.
El caso de los ERE ha marcado la política andaluza de la última década desde que estalló en en el año 2011 y explica en gran parte el ascenso del PP en las dos últimas elecciones.
El presidente Juanma Moreno mostró ayer minutos después de conocerse el fallo un "sentimiento agridulce": su "tristeza" porque el nombre de Andalucía se vincule a la corrupción pero también "alivio" porque finalmente se ha hecho Justicia en un fallo que ha confirmado el reparto arbitrario de 680 millones de euros.
Desde el SAF le recordamos al Presidente Moreno que si hoy está en ese cargo es en gran parte por el hartazgo que produjeron casos como éste entre la ciudadanía andaluza.
Si tanto le preocupa que se vincule a Andalucía con la corrupción debería asumir su responsabilidad y acometer sin complejos el desmantelamiento de la red de Agencias y redes clientelares que posibilitaron casos de corrupción como el de los ERE.
Y es que no debemos olvidar que la obra de ingeniería Administrativa de los ahora condenados sigue en pie en forma de entramado de Agencias y redes clientelares que siguen hoy dentro de la Administración. El actual Gobierno popular parece decidido a consolidarla mediante la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía que legalizará la atribución de funciones al personal laboral de las Agencias mediante la interpretación ultrarestrictiva de las potestades públicas reservadas al personal funcionario.
Hoy está siendo ampliamente comentada en prensa la posibilidad de indulto de algunos de los condenados por parte del Gobierno de España. No creemos que el electorado perdonara al Gobierno de Sánchez que indultara a los ahora condenados, al igual que no creemos que perdonara que el Gobierno de Moreno Bonilla “indultara” su obra.
Desde el SAF queremos volver a mostrar nuestro firme compromiso con la defensa de una Administración profesional, transparente y al servicio únicamente de la ciudadanía de la que el colectivo del personal funcionario debe seguir siendo la piedra angular. Cualquier partido que pretenda valerse de la Administración para sus propios intereses nos tendrá en frente, sean cuales sean sus siglas.
El presidente Juanma Moreno mostró ayer minutos después de conocerse el fallo un "sentimiento agridulce": su "tristeza" porque el nombre de Andalucía se vincule a la corrupción pero también "alivio" porque finalmente se ha hecho Justicia en un fallo que ha confirmado el reparto arbitrario de 680 millones de euros.
Desde el SAF le recordamos al Presidente Moreno que si hoy está en ese cargo es en gran parte por el hartazgo que produjeron casos como éste entre la ciudadanía andaluza.
Si tanto le preocupa que se vincule a Andalucía con la corrupción debería asumir su responsabilidad y acometer sin complejos el desmantelamiento de la red de Agencias y redes clientelares que posibilitaron casos de corrupción como el de los ERE.
Y es que no debemos olvidar que la obra de ingeniería Administrativa de los ahora condenados sigue en pie en forma de entramado de Agencias y redes clientelares que siguen hoy dentro de la Administración. El actual Gobierno popular parece decidido a consolidarla mediante la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía que legalizará la atribución de funciones al personal laboral de las Agencias mediante la interpretación ultrarestrictiva de las potestades públicas reservadas al personal funcionario.
Hoy está siendo ampliamente comentada en prensa la posibilidad de indulto de algunos de los condenados por parte del Gobierno de España. No creemos que el electorado perdonara al Gobierno de Sánchez que indultara a los ahora condenados, al igual que no creemos que perdonara que el Gobierno de Moreno Bonilla “indultara” su obra.
Desde el SAF queremos volver a mostrar nuestro firme compromiso con la defensa de una Administración profesional, transparente y al servicio únicamente de la ciudadanía de la que el colectivo del personal funcionario debe seguir siendo la piedra angular. Cualquier partido que pretenda valerse de la Administración para sus propios intereses nos tendrá en frente, sean cuales sean sus siglas.
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