El pasado mes de febrero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció a bombo y platillo en Madrid la puesta en marcha de un "nuevo modelo de gestión" del reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones que iba permitir reducir los plazos de tramitación de una media de 555 días a un plazo máximo de 180 días ", suponiendo reducir "un año el tiempo de espera".
6 meses después los datos indican que este nuevo modelo de gestión ha sido un total fracaso: Según datos del IMSERSO del mes de julio, la Junta de Andalucía tarda de media un año y casi ocho meses en conceder una ayuda a la dependencia, dos meses más que hace un año, siendo Andalucía la comunidad que más retraso acumula.
La Consejera López, trató de justificar estos estos pésimos datos señalando que la administración se encuentra en un “periodo de transición”. "Sé que voy a mover un avispero cambiando lo que se lleva haciendo 17 años, pero la que se acuesta con su conciencia por la noche soy yo. Tenía que elegir entre cifras o personas, y he elegido las personas”, decía en sede parlamentaria.
La realidad de los hechos demuestran la Consejera López y los máximos responsables de la ASSDA han puesto las cifras por encima de todo y han dado instrucciones verbales a responsables provinciales de Servicios de Valoración que implican saltarse el orden de incoación de expedientes, priorizando aquellos que se iniciaron tras la implantación del nuevo procedimiento. Es decir, que una persona dependiente que solicitara su valoración hoy podría ser valorada antes que una que lo hiciera hace 10 meses sin causa justificada. Todo ello con el único objetivo de enmascarar las estadísticas y que parezca que el Presidente Moreno ha cumplido su compromiso.
La lógica exigencia de algunas Jefas de Servicio de una instrucción escrita que motivara la alteración del orden de incoación de los expedientes ha dado lugar a recientes ceses y dimisiones que dejan patente el nivel de politización que padece la Junta de Andalucía. Es decir, se ha colocado a personal funcionario PLD en la disyuntiva de tener que elegir entre “prevaricación o cese”.
Mientras tanto el personal funcionario de los Servicios de Valoración de Dependencia se encuentra en una situación de máxima incertidumbre y ambigüedad, con instrucciones imprecisas y sistemas informáticos que no funcionan y que dificultan o directamente imposibilitan el trabajo del personal.
La imposición de este “nuevo modelo”, sin negociar absolutamente nada con su personal ni sindicatos, está generando un gran malestar entre el personal tanto de oficina como valorador, que se está viendo sobrepasado por objetivos inalcanzables, que no tienen en cuenta las incidencias que se suceden en el día a día, la carga de trabajo ni los tiempos del trabajo técnico. La sobrecarga y la imposibilidad de cumplir lo solicitado dentro y fuera de la sede, ha convertido equipos sólidos y motivados en equipos debilitados y desanimados, donde las bajas laborales por sintomatología ansiosa van en aumento y donde se ha instaurado un fuerte sentimiento de impotencia.
La ciudadanía andaluza no se merece una Consejera que ha sumido a una población tan vulnerable como es la dependiente en un absoluto caos de gestión, trata a su personal con formas autoritarias propias de otros tiempos y sitúa a personal funcionario al borde de la prevaricación.
Por todo ello la Sra. López no puede seguir ni un minuto más al frente de la Consejería de Inclusión Social y desde el SAF, sindicato mayoritario de la Administración General de la Junta de Andalucía, solicitamos su cese inmediato.
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