EL SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS LOGRA, POR LA VÍA DE LA EJECUCIÓN FORZOSA, QUE 19 JEFATURAS DE SERVICIO DEJEN DE PROVEERSE POR LIBRE DESIGNACIÓN, DECLARÁNDOSE NULA UNA MODIFICACIÓN DE RPT OPERADA PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA JUDICIAL FIRME DEL TSJA.
La sentencia del TSJA nº 252/2010, de 8 de febrero de 2010, anuló la forma de provisión de 29 puestos de libre designación (PLD) de la Consejería de Medio Ambiente y de la Agencia Andaluza del Agua, estableciéndose que no cabía ese procedimiento de provisión.
No obstante, la Junta de Andalucía, en su proceder habitual, realizó una modificación de la RPT (BOJA nº 72/2014, de 14 de abril) en pleno periodo de ejecución de sentencia: En vez de pasar la forma de provisión de estos puestos a ser por “concurso de méritos (PC)”, creó la artimaña de convertir las Jefaturas de Servicio (Niveles 28 y 27) en Asesorías Técnicas (Nivel 26), cambiando completamente las funciones y características del puesto en una estrategia que no sorprende en una Administración en la que hay más de 900 Jefaturas de Servicio.…. ninguna está provista por Concurso de Méritos.
Ante lo que entendimos como una ejecución fraudulenta de sentencia, uno de los funcionarios afectados por la misma decidió interponer demanda ejecutiva, contando para ello con el asesoramiento del SAF a través de nuestro Gabinete Jurídico. Tras todo ello, el Auto de 9 de noviembre de 2018 del TSJA, concluye que:
A.- “ …el ejecutante en que concurre el supuesto prevenido en el art. 103.4 de la LJCA, y, en consecuencia, procede declarar la nulidad de la Resolución de 21 de marzo de 2014 de la D.G. de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, por entender que se ha dictado con la finalidad de eludir el fallo de la sentencia”. Y además:
B.- “Que la Administración autonómica proceda a la provisión de los puestos de trabajo relacionados en el fallo de la sentencia mediante una modalidad distinta a la libre designación, con expreso mantenimiento de la denominación, función y derechos de todo tipo con que tales puestos estaban descritos en la resolución impugnada.”
Convocada por el Viceconsejero, el pasado 29 de noviembre SAF mantuvo una reunión en la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la que se nos informó del proyecto de la renovación, mediante renting, del parque de vehículos de la Consejería. Los detalles que allí fueron hechos públicos son los siguientes:
Se trabaja sobre una primera valoración-petición a la Dirección General de Patrimonio, en la que con un presupuesto aproximado de 2 millones de euros anuales, y con una vigencia de 4 años (un total, pues, de 8 millones de euros), se pretende el alquiler de 300 nuevos vehículos, con el siguiente reparto:
La cifra de vehículos por categoría puede variar según las necesidades de cada provincia. El plazo de entrega, nos adelantan, sería a finales del año 2019, puesto que los trámites administrativos conllevan un año, como mínimo, en el procedimiento. A lo que se añade que con la situación política actual en Andalucía, el procedimiento se puede dilatar más en el tiempo… Y eso que la reunión fue ANTES de las elecciones.
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios, vemos esta propuesta totalmente insuficiente, raquítica, porque el parque de vehículos, que necesita reposición, según la normativa actual, es de 541 vehículos (que son los que superan los seis años de antigüedad y más de 300.000 Km). Con los vehículos actuales, se sigue poniendo en riesgo la seguridad y salud de más de 800 agentes de medio ambiente.
Esta propuesta llega muy tarde y muy a deshora. La propuesta inicial, hecha hace años, para que la Consejería renovara su flota por el sistema de renting, está encima de la mesa “durmiendo el sueño de los justos”. Hoy en día, la situación se vuelve por momentos insostenible, con accidentes de tráfico recientes que ponen en riesgo la vida de nuestros compañeros funcionarios.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios exige a la Consejería que haga un esfuerzo mucho mayor en acortar los plazos y no escatime en gastos a la hora de preservar la seguridad y la salud de sus funcionarios, renovando el parque de vehículos según lo que establece la normativa vigente y tras los demoledores informes de los delegados de prevención de la Consejería de Medio Ambiente por delante.