RECUPERACIÓN DE PAGAS EXTRA DE 2013 Y 2014: EN ANDALUCÍA NO, EN CATALUÑA SÍ.
El pasado 16 de junio desde SAF dirigimos un escrito a la Secretaria General para la Administración Pública en el que solicitábamos que a la mayor brevedad posible se fijara un calendario para la restitución de las pagas adicionales correspondientes a los meses de junio y diciembre de 2013 y 2014.
Este recorte se produjo a raíz de la aprobación del Decreto-ley 3/2011, hace ya nada menos que 10 años. El 17 de julio de 2018 en el seno de la Mesa General de Negociación se acordó entre el Gobierno andaluz y de los sindicatos en ella presentes (CSIF, CC.OO y UGT) que “en la medida en que lo permita la legislación básica estatal y el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera, se irá abordando la restitución de las cantidades dejadas de percibir de la paga adicional del complemento específico o equivalente, de los años 2013 y 2014”.
Así se lo recordamos a la Secretaria General, incidiendo en distintas declaraciones de altos responsables de la propia Junta de Andalucía según las cuales las previsiones de crecimiento del PIB para 2021 alcanzaban el 7-9%. Tal debe ser la buena situación económica,que la Administración andaluza ha tenido la benevolencia de permitir que cierto sindicato tenga un plazo de nada menos que 15 años para devolver los mas de 40 millones de euros gastados en ayudas sin justificar.
En el día de ayer recibimos por escrito la contestación negativa a nuestra solicitud del puño y letra de la Secretaria General para la Administración Pública. Un escrito que podemos calificar sin temor a exagerar de compendio de excusas de mala pagadora.
Mientras el Consejero de Transformación Económica insistía hace pocos días en las buenísimas previsiones de crecimiento, nuestra Secretaria General basa su negativa a nuestra solicitud en todo lo contrario: la supuesta imposibilidad de hacer frente al desembolso económico derivada del deber de atenerse a los principios de “sostenibilidad económica, los objetivos de déficit y la regla de gasto”.
También basa su “No” en el hecho de que en los “Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios 2019 y 2020, se marcaron como objetivos prioritarios las políticas presupuestarias destinadas a la cobertura de los servicios públicos fundamentales de sanidad y educación, la aportación en materia de dependencia”. ¿En cuál de estos 3 servicios públicos esenciales encuadra la Secretaria General la nueva concesión de subvenciones a sindicatos que deben dinero a las arcas públicas? ¿En el de “dependencia”… económica del poder político?
Esta misma semana leíamos en prensa que 225.000 empleados públicos de la Generalitat de Cataluña cobrarán próximamente la totalidad de la paga extra adeudada desde 2014. Según el artículo, esta recuperación de produce “gracias a la presión sindical” de dos sindicatos también presentes en nuestra Mesa General, que por desgracia parece que no presionan lo suficiente en Andalucía.
Desde SAF preguntamos abiertamente a la Sra. Vielba, ¿es que en Cataluña la Administración no tiene el deber de cumplir los mismos objetivos de sostenibilidad económica, de déficit y la regla de gasto? ¿Es que allí no priorizan los servicios públicos esenciales?
¿No será que entre sus prioridades de gasto se encuentran otras menos confesables que las esgrimidas en su escrito como por ejemplo el pleno mantenimiento del empleo de la totalidad del personal externo que antes su partido calificaba de “enchufados” y ahora se muestra decidido a blanquear?
Desde el SAF denunciamos que el mantenimiento de la Administración paralela (804 millones de euros anuales sólo en gastos salariales, excluyendo Agencias Públicas Empresariales Sanitarias) es el factor que sigue determinando la pérdida de derechos del personal funcionario y mostramos nuestro firme compromiso de seguir luchando por su recuperación.
Este recorte se produjo a raíz de la aprobación del Decreto-ley 3/2011, hace ya nada menos que 10 años. El 17 de julio de 2018 en el seno de la Mesa General de Negociación se acordó entre el Gobierno andaluz y de los sindicatos en ella presentes (CSIF, CC.OO y UGT) que “en la medida en que lo permita la legislación básica estatal y el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera, se irá abordando la restitución de las cantidades dejadas de percibir de la paga adicional del complemento específico o equivalente, de los años 2013 y 2014”.
Así se lo recordamos a la Secretaria General, incidiendo en distintas declaraciones de altos responsables de la propia Junta de Andalucía según las cuales las previsiones de crecimiento del PIB para 2021 alcanzaban el 7-9%. Tal debe ser la buena situación económica,que la Administración andaluza ha tenido la benevolencia de permitir que cierto sindicato tenga un plazo de nada menos que 15 años para devolver los mas de 40 millones de euros gastados en ayudas sin justificar.
En el día de ayer recibimos por escrito la contestación negativa a nuestra solicitud del puño y letra de la Secretaria General para la Administración Pública. Un escrito que podemos calificar sin temor a exagerar de compendio de excusas de mala pagadora.
Mientras el Consejero de Transformación Económica insistía hace pocos días en las buenísimas previsiones de crecimiento, nuestra Secretaria General basa su negativa a nuestra solicitud en todo lo contrario: la supuesta imposibilidad de hacer frente al desembolso económico derivada del deber de atenerse a los principios de “sostenibilidad económica, los objetivos de déficit y la regla de gasto”.
También basa su “No” en el hecho de que en los “Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios 2019 y 2020, se marcaron como objetivos prioritarios las políticas presupuestarias destinadas a la cobertura de los servicios públicos fundamentales de sanidad y educación, la aportación en materia de dependencia”. ¿En cuál de estos 3 servicios públicos esenciales encuadra la Secretaria General la nueva concesión de subvenciones a sindicatos que deben dinero a las arcas públicas? ¿En el de “dependencia”… económica del poder político?
Esta misma semana leíamos en prensa que 225.000 empleados públicos de la Generalitat de Cataluña cobrarán próximamente la totalidad de la paga extra adeudada desde 2014. Según el artículo, esta recuperación de produce “gracias a la presión sindical” de dos sindicatos también presentes en nuestra Mesa General, que por desgracia parece que no presionan lo suficiente en Andalucía.
Desde SAF preguntamos abiertamente a la Sra. Vielba, ¿es que en Cataluña la Administración no tiene el deber de cumplir los mismos objetivos de sostenibilidad económica, de déficit y la regla de gasto? ¿Es que allí no priorizan los servicios públicos esenciales?
¿No será que entre sus prioridades de gasto se encuentran otras menos confesables que las esgrimidas en su escrito como por ejemplo el pleno mantenimiento del empleo de la totalidad del personal externo que antes su partido calificaba de “enchufados” y ahora se muestra decidido a blanquear?
Desde el SAF denunciamos que el mantenimiento de la Administración paralela (804 millones de euros anuales sólo en gastos salariales, excluyendo Agencias Públicas Empresariales Sanitarias) es el factor que sigue determinando la pérdida de derechos del personal funcionario y mostramos nuestro firme compromiso de seguir luchando por su recuperación.
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COMPARECENCIA PARLAMENTARIA DEL SAF SOBRE LA CREACIÓN DE MACROAGENCIAS
En el día de ayer se produjo en el seno de la Comisión Transformación Económica del Parlamento de Andalucía la comparecencia de aquellos agentes sociales y organizaciones interesados en la regulación del Proyecto de Ley por la que se crean las Agencias Empresariales TRADE y ACCUA, procedente del Decreto-ley 16/2021.
Debemos recordar que el citado Decreto-ley pudo convalidarse gracias a los votos favorables de los dos partidos del Gobierno y la sorpresiva abstención de
Unidas Podemos, si bien debe tramitarse como proyecto de Ley por lo que podrá enmendarse su redacción actual.
Recordamos también que con la creación de estas Macroagencias se pretende fusionar Andalucía Emprende, Agencia IDEAy Extendamanteniendo a la totalidad de sus plantillas y del gasto (1.500 personas aproximadamente).
Elías Bendodo, calificaba el pasado verano a los entes instrumentales de la Junta de Andalucía como «una maraña de empresas públicas que se crearon buscando el interés del PSOE y no el de los andaluces, una herramienta más para ir dopados a las elecciones y estar 37 años anclados en el poder» Nos obstante, en un ejercicio de cinismo político sin parangón, a la vez afirmaba que «los trabajadores de las empresas públicas deben estar tranquilos porque ellos no son culpables del Gobierno que los sumió en el caos y en el desgobierno. Ellos no son culpables».
En una posteriores declaraciones el Sr. Bendodo pedía sin ruborizarse el apoyo a la creación de TRADE a «todas las fuerzas del cambio, que son PP, Cs y Vox, y que estuvieran a la altura de lo que votaron los andaluces hace ya dos años y medio, que nos votaron para cambiar, entre otras cosas, para reducir el aparato administrativo y desmontar el régimen clientelar», como si alguien fuera a creerse que fusionar varias Agencias en una fuera a solucionar algo.
Ayer en sede parlamentaria, durante su turno de palabra el nuevo Presidente-Coordinador de SAF, Alfonso Dueñas, volvió a hacer una encendida defensa de la reserva funcionarial de las potestades públicas y del acceso legal al empleo público bajo los principios constitucionales del igualdad, mérito y capacidad.
Por el contrario, el resto de sindicatos participantes (CC.OO., UGT y UITA) se limitaron a defender la plena integración de todo el personal procedente de las distintas Agencias en TRADE y ACCUA tratando de hacer pasar la consolidación del enchufismo por “defensa del empleo público”. Mención aparte merece la ausencia de CSIF, inicialmente programada para las 10:20 horas y que por motivos que desconocemos finalmente no compareció.
Os invitamos a ver aquí el video de la comparecencia que no tiene desperdicio y deja bien claro que el SAF es el único sindicato que defiende sin ambages la despolitización y profesionalización de la Administración y que se niega a contemporizar con quien pretende consolidar las redes clientelares.
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EL TSJA INVALIDA EL NOMBRAMIENTO DE UN PLD A INSTANCIA DE SAF
El TSJA vuelve a dar la razón al SAF. En sentencia del 6 de octubre de 2021, el TSJA ha estimado el recurso planteado por nuestro sindicato contra la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo que en primera instancia consideró ajustado a derecho el nombramiento de un PLD de la AGAPA, pese a no tener la condición de funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía.
En octubre de 2017 la S.G.T. de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural adjudicó un puesto de trabajo del libre designación de la AGAPA, Oficina Comarcal Los Pedroches I a un funcionario de la Administración del Estado pese a que entre las características de este puesto no figuraba el código “AE” (Administración delo Estado), tal y como se exige en el art.4.2.k) del Decreto 390/1986 de 10 de diciembre.La sentencia concluye que, si bien la potestad de autorganización de la Administración no puede ser negada ni tampoco la legítima discrecionalidad que le asiste en el ejercicio de aquella, también es de considerar que existe un límite en las determinaciones. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional, la previsión expresa de la posibilidad de provisión de puestos de trabajo en la Administración de las Comunidades Autónomas con funcionarios de otras Administraciones públicas, ha de recogerse en la RPT, siendo requisito exigido, que no se cumplió en este supuesto.
Desde SAF insistimos en que seguiremos estando muy atentos a esta cuestión e impugnaremos todos aquellos nombramientos de personal docente, sanitario, procedente de la Administración Local o del Estado para el desempeño de puestos en los que no figuren los correspondientes códigos AX, AS, AL y AE.
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