GRUPO DE TRABAJO PARA LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 2/2002
El pasado día 6 de febrero de 2020 y en sede de Función Pública, tuvo lugar la primera reunión del grupo de trabajo, compuesto entre administración y representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial, para la modificación en lo referente al concurso de méritos establecido en el Decreto 2/2002.
Función Pública nos plantea una modificación, se adjunta dicha propuesta, de varios artículos que afectan al concurso, no entrando en otros apartados del citado Decreto. Para el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), la propuesta es poco ambiciosa y chapucera, puesto que no aporta grandes novedades. Entrando en materia:
El SAF lleva años solicitando, y hemos vuelto a solicitar en solitario, la creación de un servicio en el seno de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública que sea el encargado de gestionar y coordinar el concurso de méritos a resultas. Con sólo una comisión de valoración, puesto que el concurso sería único a nivel regional, y no como ocurre en la actualidad que se convocan simultáneamente 23 concursos. El modelo actual de convocatorias múltiples genera una tardanza inasumible en su resolución, por no hablar por la disparidad a la hora de valorar méritos entre las distintas comisiones de valoración, algunas de ellas interpretando de manera arbitraria las bases de la convocatoria. Función Pública rechaza de plano nuestra solicitud, no entrando en detalles de los motivos de esa negativa. Pero suponemos que la causa puede ser económica. Recordad que para la creación de la Bolsa Única del personal laboral, se crearon en R.P.T. setenta y dos puestos de trabajo…
En la propuesta de Función Pública, convivirían dos modelos de concurso: uno “ordinario” y otro, preferente, el concurso “abierto y permanente”. El concurso “ordinario” del que en la propuesta no se establece plazo para su convocatoria (no vaya ser que no lo cumplan como ocurre desde el año 2002…), sería un concurso “comodín” para el supuesto que no se pudiera convocar el concurso de forma abierta y permanente. La propuesta de la administración del concurso “abierto y permanente” es que tendría una periodicidad de al menos cada seis meses, exactamente igual al modelo actual establecido en el Decreto 2/2002.
SAF rechaza esta propuesta. Entendemos que sólo debe haber un modelo de concurso, el abierto y permanente y con una periodicidad de convocatoria y de resolución cada dos meses. Y reiteramos que sólo se convoque un concurso y con sólo una comisión de valoración.
Otra petición en solitario que realiza el SAF es la eliminación de los concursos unitarios de puestos bases. Desde la entrada en vigor del Decreto 2/2002, sólo se ha convocado un concurso unitario y fue un absoluto fracaso. Nuestra opinión es que el concurso debe ser único, tanto para los puestos bases como para los de estructura y con un mismo baremo. Función Pública estudiará esta petición del SAF.
El concurso es el sistema ordinario de provisión de puestos con carácter definitivo, no se puede condicionar éste al resto de procedimientos de provisión sino a la inversa. Solicitamos la supresión del apartado a) del artículo 44 propuesto.
En cuanto a la detracción de puestos, el apartado d) del artículo 44 propuesto por la administración establece: “…que por causas técnicas y organizativas debidamente motivadas no deban incluirse en esa oferta de plazas”, nos parece un criterio absolutamente arbitrario, que da potestad a los titulares o máximos responsables en materia de personal de cada Consejería, para detraer de manera caprichosa una plaza cuando el adjudicatario provisional o definitivo no sea de su gusto (“la detraigo por causas organizativas…”). Es un auténtico atropello a la carrera administrativa de los funcionarios. El SAF ha solicitado, en solitario, la eliminación de este apartado y en caso contrario no daremos la aprobación a esta modificación de Función Pública.
En la nueva redacción del artículo 45 se da un plazo de diez días hábiles para la presentación de solicitudes. Ese plazo nos parece insuficiente, con lo cual el SAF ha solicitado que el plazo sea de quince días hábiles, propuesta a la que se han sumado el resto de organizaciones sindicales.
En relación con el artículo 48, el SAF ha propuesto que las comisiones de valoración o la comisión única de valoración, esté compuesta únicamente por funcionarios de carrera de la Administración General de la Junta de Andalucía. No es de recibo que funcionarios de otros Sectores (Educación o Sanidad) formen parte de dichas comisiones. La valoración de méritos nada tiene que ver con las funciones que deberían realizar estos funcionarios cuando están ocupando puestos en el Sector de Administración General.
El artículo 51.3 regula la posibilidad de diferir el cese a los funcionarios una vez que hayan sido adjudicatarios definitivos en el correspondiente concurso. SAF ha propuesto en solitario y en innumerables ocasiones, la eliminación de este apartado. Ante la negativa de la administración (la patronal siempre es patronal…), proponemos que el cese no pueda ser diferido en más de diez días. Y por supuesto que el personal afectado no sufra menoscabo de ningún tipo en su carrera administrativa y en sus derechos económicos. Nuestra propuesta es la siguiente:
3.-”La persona titular del órgano que ejerza la jefatura de personal donde preste servicios el personal funcionario, podrá diferir el cese por necesidades del servicio y motivadamente hasta diez días hábiles, comunicándose a la unidad a la que haya sido destinado. Dicho período se computará a efectos de consolidación de grado y carrera administrativa como si fuera el puesto adquirido en el concurso, y percibirá una compensación económica equivalente a la diferencia de retribuciones entre el puesto que ocupa y el adquirido por concurso.”
En relación al apartado 4 del artículo 51, solicitamos una nueva redacción a la propuesta. En la actual redacción, al órgano convocante se le da la potestad de suspender la “incapacidad laboral”. Es un claro error de redacción.
Otro de los apartados más polémicos es lo referente al Cuerpo Preferente. En la propuesta de Función Pública y recogida en el artículo 52, se incrementa del actual 10% (máximo de dos puntos) al 30% (con un máximo de 6 puntos). SAF rechaza de plano esta disparatada propuesta. Solicitamos, en solitario, que el incremento sea al Cuerpo, Especialidad u Opción. Por ejemplo, en el A1.2 (Superior Facultativo) conviven más de treinta Especialidades totalmente distintas, con distintas titulaciones, exigencias de acceso y funciones.
También pusimos de manifiesto el perjuicio a los funcionarios, del Grupo inferior en aquellos puestos de doble adscripción (A1/A2; A2/C1; C1/C2), ya que realizan las mismas funciones del puesto de trabajo ocupado, independiente del Grupo de pertenencia.
En lo referente al baremo establecido en el artículo 54, Función Pública solo proponer modificar el apartado referente a la Permanencia. Desde SAF entendemos que hay otros apartados que hay que modificar para ajustarlos a la normativa actual, como es el caso de las Titulaciones y Formación. Los representantes de la administración ponen de manifiesto que “efectivamente hay que modificar estos apartados y que se tratarán en la próxima reunión del grupo de trabajo”.
En relación con la Permanencia, hemos solicitado que se incluya el coeficiente corrector en los casos que la permanencia en el puesto ocupado como titular coincida en el tiempo con la ocupación con carácter provisional de otros puestos en virtud de lo dispuesto en los artículos 27.2 y 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tal como viene actualmente recogido en el Decreto 2/2002. Función Pública reconoce el error de no incluirlo y se establecerá en la modificación. También hemos solicitado que en la permanencia no se puedan sumar períodos de tiempo, salvo en los supuestos de movilidad por razón de salud laboral y violencia de género, asimismo que no compute el tiempo de desempeño de libre designación con el desempeño provisional del puesto que le sea adjudicado tras el cese, previsto en al artículo 66.2 del presente Decreto.
Función Pública nos plantea una modificación, se adjunta dicha propuesta, de varios artículos que afectan al concurso, no entrando en otros apartados del citado Decreto. Para el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), la propuesta es poco ambiciosa y chapucera, puesto que no aporta grandes novedades. Entrando en materia:
El SAF lleva años solicitando, y hemos vuelto a solicitar en solitario, la creación de un servicio en el seno de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública que sea el encargado de gestionar y coordinar el concurso de méritos a resultas. Con sólo una comisión de valoración, puesto que el concurso sería único a nivel regional, y no como ocurre en la actualidad que se convocan simultáneamente 23 concursos. El modelo actual de convocatorias múltiples genera una tardanza inasumible en su resolución, por no hablar por la disparidad a la hora de valorar méritos entre las distintas comisiones de valoración, algunas de ellas interpretando de manera arbitraria las bases de la convocatoria. Función Pública rechaza de plano nuestra solicitud, no entrando en detalles de los motivos de esa negativa. Pero suponemos que la causa puede ser económica. Recordad que para la creación de la Bolsa Única del personal laboral, se crearon en R.P.T. setenta y dos puestos de trabajo…
En la propuesta de Función Pública, convivirían dos modelos de concurso: uno “ordinario” y otro, preferente, el concurso “abierto y permanente”. El concurso “ordinario” del que en la propuesta no se establece plazo para su convocatoria (no vaya ser que no lo cumplan como ocurre desde el año 2002…), sería un concurso “comodín” para el supuesto que no se pudiera convocar el concurso de forma abierta y permanente. La propuesta de la administración del concurso “abierto y permanente” es que tendría una periodicidad de al menos cada seis meses, exactamente igual al modelo actual establecido en el Decreto 2/2002.
SAF rechaza esta propuesta. Entendemos que sólo debe haber un modelo de concurso, el abierto y permanente y con una periodicidad de convocatoria y de resolución cada dos meses. Y reiteramos que sólo se convoque un concurso y con sólo una comisión de valoración.
Otra petición en solitario que realiza el SAF es la eliminación de los concursos unitarios de puestos bases. Desde la entrada en vigor del Decreto 2/2002, sólo se ha convocado un concurso unitario y fue un absoluto fracaso. Nuestra opinión es que el concurso debe ser único, tanto para los puestos bases como para los de estructura y con un mismo baremo. Función Pública estudiará esta petición del SAF.
El concurso es el sistema ordinario de provisión de puestos con carácter definitivo, no se puede condicionar éste al resto de procedimientos de provisión sino a la inversa. Solicitamos la supresión del apartado a) del artículo 44 propuesto.
En cuanto a la detracción de puestos, el apartado d) del artículo 44 propuesto por la administración establece: “…que por causas técnicas y organizativas debidamente motivadas no deban incluirse en esa oferta de plazas”, nos parece un criterio absolutamente arbitrario, que da potestad a los titulares o máximos responsables en materia de personal de cada Consejería, para detraer de manera caprichosa una plaza cuando el adjudicatario provisional o definitivo no sea de su gusto (“la detraigo por causas organizativas…”). Es un auténtico atropello a la carrera administrativa de los funcionarios. El SAF ha solicitado, en solitario, la eliminación de este apartado y en caso contrario no daremos la aprobación a esta modificación de Función Pública.
En la nueva redacción del artículo 45 se da un plazo de diez días hábiles para la presentación de solicitudes. Ese plazo nos parece insuficiente, con lo cual el SAF ha solicitado que el plazo sea de quince días hábiles, propuesta a la que se han sumado el resto de organizaciones sindicales.
En relación con el artículo 48, el SAF ha propuesto que las comisiones de valoración o la comisión única de valoración, esté compuesta únicamente por funcionarios de carrera de la Administración General de la Junta de Andalucía. No es de recibo que funcionarios de otros Sectores (Educación o Sanidad) formen parte de dichas comisiones. La valoración de méritos nada tiene que ver con las funciones que deberían realizar estos funcionarios cuando están ocupando puestos en el Sector de Administración General.
El artículo 51.3 regula la posibilidad de diferir el cese a los funcionarios una vez que hayan sido adjudicatarios definitivos en el correspondiente concurso. SAF ha propuesto en solitario y en innumerables ocasiones, la eliminación de este apartado. Ante la negativa de la administración (la patronal siempre es patronal…), proponemos que el cese no pueda ser diferido en más de diez días. Y por supuesto que el personal afectado no sufra menoscabo de ningún tipo en su carrera administrativa y en sus derechos económicos. Nuestra propuesta es la siguiente:
3.-”La persona titular del órgano que ejerza la jefatura de personal donde preste servicios el personal funcionario, podrá diferir el cese por necesidades del servicio y motivadamente hasta diez días hábiles, comunicándose a la unidad a la que haya sido destinado. Dicho período se computará a efectos de consolidación de grado y carrera administrativa como si fuera el puesto adquirido en el concurso, y percibirá una compensación económica equivalente a la diferencia de retribuciones entre el puesto que ocupa y el adquirido por concurso.”
En relación al apartado 4 del artículo 51, solicitamos una nueva redacción a la propuesta. En la actual redacción, al órgano convocante se le da la potestad de suspender la “incapacidad laboral”. Es un claro error de redacción.
Otro de los apartados más polémicos es lo referente al Cuerpo Preferente. En la propuesta de Función Pública y recogida en el artículo 52, se incrementa del actual 10% (máximo de dos puntos) al 30% (con un máximo de 6 puntos). SAF rechaza de plano esta disparatada propuesta. Solicitamos, en solitario, que el incremento sea al Cuerpo, Especialidad u Opción. Por ejemplo, en el A1.2 (Superior Facultativo) conviven más de treinta Especialidades totalmente distintas, con distintas titulaciones, exigencias de acceso y funciones.
También pusimos de manifiesto el perjuicio a los funcionarios, del Grupo inferior en aquellos puestos de doble adscripción (A1/A2; A2/C1; C1/C2), ya que realizan las mismas funciones del puesto de trabajo ocupado, independiente del Grupo de pertenencia.
En lo referente al baremo establecido en el artículo 54, Función Pública solo proponer modificar el apartado referente a la Permanencia. Desde SAF entendemos que hay otros apartados que hay que modificar para ajustarlos a la normativa actual, como es el caso de las Titulaciones y Formación. Los representantes de la administración ponen de manifiesto que “efectivamente hay que modificar estos apartados y que se tratarán en la próxima reunión del grupo de trabajo”.
En relación con la Permanencia, hemos solicitado que se incluya el coeficiente corrector en los casos que la permanencia en el puesto ocupado como titular coincida en el tiempo con la ocupación con carácter provisional de otros puestos en virtud de lo dispuesto en los artículos 27.2 y 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tal como viene actualmente recogido en el Decreto 2/2002. Función Pública reconoce el error de no incluirlo y se establecerá en la modificación. También hemos solicitado que en la permanencia no se puedan sumar períodos de tiempo, salvo en los supuestos de movilidad por razón de salud laboral y violencia de género, asimismo que no compute el tiempo de desempeño de libre designación con el desempeño provisional del puesto que le sea adjudicado tras el cese, previsto en al artículo 66.2 del presente Decreto.
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EL SAF IMPUGNA EL CONTRATO DE SERVICIOS DEL SAE (Agencias de Colocación)
EL SAF IMPUGNA EL CONTRATO DE SERVICIOS DEL SAE SOBRE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS.
EL NUEVO GOBIERNO VA MÁS ALLÁ DE LA REORDENACIÓN DEL GOBIERNO SOCIALISTA DEL 2012 Y A LA SUBROGACIÓN DE PERSONAL EXTERNO EN EMPLEO PRETENDE AÑADIR AHORA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN LABORAL EN AGENCIAS DE COLOCACIÓN.
Se ha publicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía la licitación de un contrato de servicios del Servicio Andaluz de Empleo para la contratación de Agencias de Colocación y la colaboración de las mismas en la realización de trabajos de inserción en el mercado laboral de personas desempleadas.
En el Objeto del contrato se prevé que la agencia adjudicataria de cada lote:
“... llevará a cabo servicios de inserción laboral que tendrán una naturaleza integral, y que comprenderán cualesquiera actuaciones de orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras, que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción efectiva del desempleado”, especificándose, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que realizaran, entre otras cosas, la “entrevista diagnostico” y la “realización de alguna de las actividades señaladas en el Itinerario Personalizado de Inserción” …. así como “El Acuerdo de Participación firmado por la agencia de Colocación adjudicataria o en su representación, el orientador designado al efecto, y el demandante de empleo, donde se recogerán las acciones a desarrollar para la mejora de la empleabilidad”.
Los requisitos de personal que se exige a las Agencias de colocación, únicamente (según el Pliego) son: “…como mínimo 2 técnicos. En todo caso, el 50% de ellos deberá ser titulado universitario, medio o superior o grado equivalente, y el otro 50% deberá contar con una experiencia mínima de 12 meses en programas de empleo y/o gestión de recursos humanos”.
Todo ello a pesar de que ya existen funcionarios en el S.A.E., puesto que en cada provincia existe un Servicio de Intermediación e Inserción Laboral, con sus respectivos departamentos de Orientación y de Intermediación, además de que muchas Oficinas y Centros de Empleo cuentan con un Área de Intermediación Laboral, a lo que hay que añadir la existencia de un Cuerpo Funcionarial Específico, A1.2028, de Ciencias Sociales y del Trabajo, entre cuyo temario se incluyen de manera específica todas y cada una de las funciones que se pretenden privatizar:
“Tema 44. Fases del proceso de orientación: Captación y acceso al servicio, acogida, recogida de información, intervención y finalización del proceso. Tema 45. Itinerarios Personalizados de Inserción como marco de gestión de las Políticas Activas de Empleo. Concepto de itinerario. Destinatarios. Fases. Tema 49. Estrategias para la búsqueda activa de empleo: Análisis del mercado de trabajo. Definición del objetivo profesional. Valoración de las técnicas de búsqueda activa de empleo. Estrategias para mejora de la empleabilidad. Tema 51. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (II). La entrevista de selección: Finalidad y tipos. Fases de la entrevista de selección, estrategias para el abordaje e instrumentos. El marketing personal y el auto candidatura. Tema 53. La entrevista, etcétera).
En definitiva, si hace falta MÁS personal para la orientación LABORAL, a la Administración le basta con dotar PUESTOS DESDOTADOS existentes en las Relaciones de Puestos de Trabajo y ocuparlos con personal interino. O sacar a OEP uno o dos puestos del Cuerpo A1.2028 por provincia, y no gastar del erario público más de 3 millones de euros en un contrato con un plazo máximo de duración de 2 años.
Desde el SAF no podemos admitir que el Gobierno actual, que en sus décadas en la oposición luchaba contra la reordenación y el enchufismo en Empleo (Faffes, UTDLTs,…) ahora no solamente mantiene a este personal que entró por la puerta de servicio socialista, sino que agranda la Administración Paralela por medio de Agencias privadas de Colocación, y todo ello para la realización de funciones atribuidas y reconocidas a su propio personal funcionario.
EL NUEVO GOBIERNO VA MÁS ALLÁ DE LA REORDENACIÓN DEL GOBIERNO SOCIALISTA DEL 2012 Y A LA SUBROGACIÓN DE PERSONAL EXTERNO EN EMPLEO PRETENDE AÑADIR AHORA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN LABORAL EN AGENCIAS DE COLOCACIÓN.
Se ha publicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía la licitación de un contrato de servicios del Servicio Andaluz de Empleo para la contratación de Agencias de Colocación y la colaboración de las mismas en la realización de trabajos de inserción en el mercado laboral de personas desempleadas.
En el Objeto del contrato se prevé que la agencia adjudicataria de cada lote:
“... llevará a cabo servicios de inserción laboral que tendrán una naturaleza integral, y que comprenderán cualesquiera actuaciones de orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras, que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción efectiva del desempleado”, especificándose, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que realizaran, entre otras cosas, la “entrevista diagnostico” y la “realización de alguna de las actividades señaladas en el Itinerario Personalizado de Inserción” …. así como “El Acuerdo de Participación firmado por la agencia de Colocación adjudicataria o en su representación, el orientador designado al efecto, y el demandante de empleo, donde se recogerán las acciones a desarrollar para la mejora de la empleabilidad”.
Los requisitos de personal que se exige a las Agencias de colocación, únicamente (según el Pliego) son: “…como mínimo 2 técnicos. En todo caso, el 50% de ellos deberá ser titulado universitario, medio o superior o grado equivalente, y el otro 50% deberá contar con una experiencia mínima de 12 meses en programas de empleo y/o gestión de recursos humanos”.
Todo ello a pesar de que ya existen funcionarios en el S.A.E., puesto que en cada provincia existe un Servicio de Intermediación e Inserción Laboral, con sus respectivos departamentos de Orientación y de Intermediación, además de que muchas Oficinas y Centros de Empleo cuentan con un Área de Intermediación Laboral, a lo que hay que añadir la existencia de un Cuerpo Funcionarial Específico, A1.2028, de Ciencias Sociales y del Trabajo, entre cuyo temario se incluyen de manera específica todas y cada una de las funciones que se pretenden privatizar:
“Tema 44. Fases del proceso de orientación: Captación y acceso al servicio, acogida, recogida de información, intervención y finalización del proceso. Tema 45. Itinerarios Personalizados de Inserción como marco de gestión de las Políticas Activas de Empleo. Concepto de itinerario. Destinatarios. Fases. Tema 49. Estrategias para la búsqueda activa de empleo: Análisis del mercado de trabajo. Definición del objetivo profesional. Valoración de las técnicas de búsqueda activa de empleo. Estrategias para mejora de la empleabilidad. Tema 51. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (II). La entrevista de selección: Finalidad y tipos. Fases de la entrevista de selección, estrategias para el abordaje e instrumentos. El marketing personal y el auto candidatura. Tema 53. La entrevista, etcétera).
En definitiva, si hace falta MÁS personal para la orientación LABORAL, a la Administración le basta con dotar PUESTOS DESDOTADOS existentes en las Relaciones de Puestos de Trabajo y ocuparlos con personal interino. O sacar a OEP uno o dos puestos del Cuerpo A1.2028 por provincia, y no gastar del erario público más de 3 millones de euros en un contrato con un plazo máximo de duración de 2 años.
Desde el SAF no podemos admitir que el Gobierno actual, que en sus décadas en la oposición luchaba contra la reordenación y el enchufismo en Empleo (Faffes, UTDLTs,…) ahora no solamente mantiene a este personal que entró por la puerta de servicio socialista, sino que agranda la Administración Paralela por medio de Agencias privadas de Colocación, y todo ello para la realización de funciones atribuidas y reconocidas a su propio personal funcionario.
Consulta la Noticia en distintos medios de Prensa Escrita:
LA RAZÓN ANDALUCIA: Funcionarios impugnarán la contrata para agencias de colocación del Servicio Andaluz de Empleo
ABC ANDALUCÍA: Acusan a la Junta de agrandar la administración paralela con la «privatización» de servicios del SAE
EL MUNDO ANDALUCÍA: El polvorín del SAE
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DENUNCIA ante la INSPECCIÓN DE TRABAJO en relación a las COTIZACIONES a la Seguridad Social del personal con funciones fuera de Oficina
El SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS ha presentado el día 14 de enero de 2020 una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, instando a la realización de las actuaciones de comprobación necesarias para determinar si, por la Administración de la Junta de Andalucía, se está abonado la correspondiente cotización a la seguridad social por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal funcionario que desempeña los puestos de trabajo “Trabajadores sociales-valoradores de la Dependencia”, y del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía que presta habitualmente su trabajo fuera de oficina (puestos de inspección de cualquier cuerpo y especialidad, etc.) en todas y cada una de las Consejerías y Delegaciones Territoriales andaluzas.
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