SAF rechaza el Pacto del Teletrabajo que impone la Mesa General
El Pacto se basa en establecer que aquellas personas que se acojan a esta modalidad de trabajo no presencial solamente podrán “teletrabajar” un día a la semana, el 20% de la jornada. Porcentaje inferior y ridículo frente a lo que otras comunidades autónomas tienen establecido, como son la administración valenciana, extremeña, vasca o madrileña que permiten teletrabajar tres días a la semana de “teletrabajo” (60%).
Se trataría de una opción de prestación de servicios, que siendo voluntaria, facilitaría la conciliación de la vida familiar y laboral gracias a la flexibilización horaria. Además en medio de esta pandemia, que cada día va a peor, supondría aumentar las medidas de prevención en la contención de la propagación del COVID-19.
El “teletrabajo” en la Junta de Andalucía se ha demostrado como una herramienta eficaz durante el tiempo de confinamiento en el Estado de Alarma establecido por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, a pesar de su nula implantación en la administración andaluza y su nula regulación hasta ese momento. Gracias al esfuerzo, compromiso, profesionalidad y vocación de servicio público de miles de funcionarios, la administración siguió prestando sus servicios a la ciudadanía en Andalucía, sin ningún menoscabo. Los funcionarios han puesto sus medios personales (equipos informáticos, conexiones a Internet, y sus casas como oficinas improvisadas) al servicio de la Administración y por ende al servicio de la ciudadanía. Cabe reseñar el magnífico y titánico trabajo realizado por decenas de funcionarios en la tramitación de cientos de miles de expedientes de los “ERTE”, trabajo realizado sin descanso ni horarios ni fines de semana. Un esfuerzo que, por desgracia, no ha sido reconocido en su justa medida por el gobierno andaluz, lo que puede interpretarse como otro desprecio más a nuestro colectivo.
Con la firma de este Protocolo se deja a las claras que las partes firmantes del mismo no creen ni apuestan por el “teletrabajo” tal y como debe ser entendido. Los sindicatos firmantes, CSIF y UGT, han claudicado ante la “patronal-administración”, convirtiéndose en cómplices de las políticas restrictivas hacia los funcionarios que practica el gobierno andaluz.
Recordemos una vez más desde el SAF, que se trata de un Protocolo que afectando en su totalidad al Sector de Administración General, no ha sido negociado con el sindicato mayoritario en su Sector funcionarial, a pesar de las insistentes peticiones realizadas por el SAF para poder participar en dichas negociaciones y ser escuchado como altavoz de miles de funcionarios. Desde la Consejería competente en materia de función pública del “Gobierno del cambio” se sigue despreciando la representación sindical nacida de la voluntad de estos miles de funcionarios en las urnas de las elecciones sindicales desde hace más de una década.
El próximo jueves 17 de septiembre está convocada la Mesa Sectorial de Negociación, en la cual se “analizará” el Pacto firmado en Mesa General. Un Pacto al cual no se le podrá incluir ningún tipo de mejora, un Pacto que se va a imponer a todos los sectores (incluidos el de Salud y Educación, a los que prácticamente no afecta). En definitiva, una mesa de negociación que, una vez más, se convertirá en una rueda de prensa donde la administración informa, pero no negocia. Todo el pescado está ya vendido.
En resumen: un nuevo “Pacto de la vergüenza” al que el SAF dice rotundamente NO.
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Modificación de la Instrucción sobre reconocimiento de trienios y servicios previos
La constancia y el rigor suelen ser el camino al éxito. Este caso no ha sido una excepción y nos congratulamos de poder informar que finalmente la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior haya plasmado, en la reciente INSTRUCCIÓN 1/2020 de la Dirección General de RRHH y Función Pública, las demandas del SAF sobre reconocimiento de trienios y reconocimiento de servicios previos al personal funcionario, que suponen el reconocimiento de unos derechos retributivos que la Administración había negado al personal funcionario durante años.
Hagamos un poco de historia: La problemática versa en el supuesto de que para el reconocimiento de un trienio se tuvieran en cuenta periodos trabajados en varios grupos de diferente nivel. En estos casos la Administración Andaluza aplicaba la Ley Estatal 30/1984, en lugar de la Ley 6/1985 de la Junta, perjudicando claramente los derechos económicos del personal funcionario que se encontraba en esos casos. Y todo ello fundamentado en la burda justificación de que la Instrucción 3/2005 así lo establecía; en conclusión, una Instrucción estaba por encima de una Ley, saltándose la jerarquía normativa claramente establecida.
Ante la negativa de la Administración andaluza de atender las peticiones del Sindicato Andaluz de Funcionarios, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo comenzaron a dictar sentencias apoyando las pretensiones defendidas por SAF.
A pesar de las peticiones de SAF, la anterior Secretaria General de Administración Pública, poco antes de ser cesada, y sin la negociación alguna, dictó la INSTRUCCIÓN 1/2009 que abordaba parcialmente el problema para “los nuevos casos”, olvidándose de los errores cometidos hasta ese momento en el reconocimiento de trienios que infringían la Ley 6/1985, generando una grave desigualdad entre el personal funcionario.
Ante ello, desde el SAF nos vimos obligados a acudir al DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ, que se pronunció a favor de las demandas de este Sindicato en el Informe del Defensor del Pueblo Andaluz del 25 de noviembre de 2019 Q19/739 . Por resumir, el Defensor del Pueblo hizo dos Recomendaciones citadas incluso en el preámbulo de la Instrucción aprobada ayer. La primera de ellas se refería a la conveniencia de modificar la Instrucción 1/2019 en el sentido de que se valore a efectos de trienios completados en más de un Grupo los servicios prestados en todas las Administraciones públicas. La segunda recomendación solicitaba a la administración la resolución de los recursos pendientes, en aplicación del artículo 46.2 b de la Ley 6/85.
Con la aprobación en el día de ayer de la INSTRUCCIÓN 1/2020 se modifica definitivamente la INSTRUCCIÓN 3/2005, en tres sentidos:
1- Se reconocen efectos retroactivos a la aplicación de este nuevo criterio, tomando como referencia la fecha en que se produjo el reconocimiento del trienio valorado de acuerdo con el mismo, y, en consecuencia, se atenderán las solicitudes que pudieran presentar las personas afectadas en el sentido de que se les abonen las diferencias correspondientes a la valoración de los trienios correspondientes.
2- Se reconsidera la limitación que la redacción dada al apartado undécimo de la Instrucción 3/2005 por la Instrucción 1/2019, en el sentido de que el nuevo criterio de valoración establecido por ésta deja de ser sólo de aplicación a los trienios cumplidos en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
3- Se incluye una mención específica al personal laboral fijo que ha adquirido la condición de personal funcionario de carrera, el cual tiene derecho a que los trienios que tenga reconocidos como personal laboral le sean abonados, tras adquirir la condición de personal funcionario, en la cuantía correspondiente al momento en que fueron perfeccionados.
Pese a que desde la administración justifica esta nueva modificación en la supuesta "necesidad de dar respuesta a diversas consultas planteadas por las personas responsables de los diversos centros directivos de las distintas Consejerías y Agencias", es evidente que, las actuaciones del SAF, las sentencias judiciales derivadas de las mismas, y las recomendaciones del Defensor han hecho posible este cambio.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, ha luchado en solitario y de forma decisiva para que se haga justicia al personal funcionario, al cual se ha perjudicado en sus derechos retributivos durante muchos años y que ahora se ha conseguido resarcir de forma definitiva.
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VIGENCIA DEL PACTO DE 19 DE JUNIO DE 2020
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha remitido escrito a la Secretaria General para la Administración Pública, ante la más que preocupante evolución de la pandemia producida por la COVID-19 en la región andaluza.
En dicho escrito el SAF ha solicitado un nuevo pacto o la prórroga de la vigencia del Pacto de 19 de junio de 2020 el cual finaliza el día 15 de septiembre.
Por nuestra parte y en nuestro ámbito, una vez estudiado el tema concienzudamente por nuestro equipo de PRL, nos tememos que mientras no se descubra una vacuna efectiva van a volver a producirse nuevos picos de contagio, tal como está ocurriendo en estos momentos con una situación más que preocupante. De hecho, en consonancia con nuestra afirmación, el 25 de agosto el Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, reconoció expresamente en sede parlamentaria que "ya estamos en la segunda ola”. “Segunda ola” que todavía no ha colapsado las URGENCIAS y las UCIS de los hospitales. Por si fuera poco la situación descrita, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones el próximo día 10 de septiembre está programado el comienzo del curso escolar para los alumnos de Infantil y Primaria, y el día 15 del mismo mes empiezarán las clases para los alumnos de Secundaria y Bachillerato.
A juicio del SAF, ante la posibilidad de contagios por COVID-19 en centros educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, el nuevo pacto debería incluir el que se conceda a los progenitores, funcionarios con hijos que tengan que cumplir la cuarentena, un permiso por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
Por último, informar qu el SAF ha solicitado que se convoque de manera urgente y extraordinaria la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía, con objeto de tratar estas cuestiones.
