SOLICITAMOS LA INMEDIATA REVISIÓN DE LOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS
En marzo del año 2017 desde el SAF exigimos a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, la revisión al alza de los complementos específicos de las RPT. En ese momento ya considerábamos que se encontraban incursos en una serie de irregularidades, como estar obsoletos desde hacía décadas (máximo cuando la disminución de personal funcionario en los últimos 14 años, es de más de un 15% y la asunción de nuevas funciones, dificultad y responsabilidad ha aumentado considerablemente), ser asignados de manera lineal pese a estar tajantemente prohibido por el Tribunal Supremo, así como la no asignación de la peligrosidad a los puestos de trabajo.
Como consecuencia de ello, en Mesa Sectorial de 20 de diciembre de 2017 se incluyó el siguiente punto del orden del día: “7. Negociación de los criterios para la determinación de los complementos específicos.”
En relación al mismo, se remitió un documento en PDF elaborado por el Servicio de Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo en el que se reflejaba el procedimiento para la determinación de los factores del complemento especifico, lo que incluía también la peligrosidad. Por otro lado, se acordó la creación de un Grupo de Trabajo para la aprobación de la actualización los mismos. Un Grupo de Trabajo que a día de hoy, más de cinco años después, aún no se ha constituido.
Por este motivo hemos solicitado a la Secretaria General para la Administración Pública que proceda a la inmediata convocatoria de Mesa Sectorial de carácter extraordinario, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Fijación de calendario para grupo de trabajo para determinación del complemento específico con el mandamiento de revisión al alza en los puestos de trabajo de personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía, dado el aumento de carga de trabajo por la paulatina disminución de personal en los últimos quince años, el tiempo transcurrido desde la última revisión y la discriminación retributiva con respecto del personal laboral que tiene atribuida una menor responsabilidad y dificultad técnica.
2.- Negociación y aprobación del procedimiento para el reconocimiento del factor de peligrosidad o penosidad, complemento cuya atribución es prácticamente inexistente en la RPT de personal funcionario de Administración General.
Dado el retraso en la constitución del mencionado Grupo de Trabajo (cinco años y medio) y su imperiosa necesidad, dada la situación inflacionaria actual, entendemos que la actualización y revisión de los complementos específicos no admite demora.
Por todo ello, desde el SAF anunciamos que, si no recibimos contestación por parte de la Administración en un plazo máximo de 10 diez naturales, iniciaremos acciones de protesta para exigir unas condiciones salariales dignas que incluyan unos complementos específicos acordes a las circunstancias de responsabilidad, dificultad y penosidad actuales y no del año 2002.
Como consecuencia de ello, en Mesa Sectorial de 20 de diciembre de 2017 se incluyó el siguiente punto del orden del día: “7. Negociación de los criterios para la determinación de los complementos específicos.”
En relación al mismo, se remitió un documento en PDF elaborado por el Servicio de Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo en el que se reflejaba el procedimiento para la determinación de los factores del complemento especifico, lo que incluía también la peligrosidad. Por otro lado, se acordó la creación de un Grupo de Trabajo para la aprobación de la actualización los mismos. Un Grupo de Trabajo que a día de hoy, más de cinco años después, aún no se ha constituido.
Por este motivo hemos solicitado a la Secretaria General para la Administración Pública que proceda a la inmediata convocatoria de Mesa Sectorial de carácter extraordinario, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Fijación de calendario para grupo de trabajo para determinación del complemento específico con el mandamiento de revisión al alza en los puestos de trabajo de personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía, dado el aumento de carga de trabajo por la paulatina disminución de personal en los últimos quince años, el tiempo transcurrido desde la última revisión y la discriminación retributiva con respecto del personal laboral que tiene atribuida una menor responsabilidad y dificultad técnica.
2.- Negociación y aprobación del procedimiento para el reconocimiento del factor de peligrosidad o penosidad, complemento cuya atribución es prácticamente inexistente en la RPT de personal funcionario de Administración General.
Dado el retraso en la constitución del mencionado Grupo de Trabajo (cinco años y medio) y su imperiosa necesidad, dada la situación inflacionaria actual, entendemos que la actualización y revisión de los complementos específicos no admite demora.
Por todo ello, desde el SAF anunciamos que, si no recibimos contestación por parte de la Administración en un plazo máximo de 10 diez naturales, iniciaremos acciones de protesta para exigir unas condiciones salariales dignas que incluyan unos complementos específicos acordes a las circunstancias de responsabilidad, dificultad y penosidad actuales y no del año 2002.
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ESCANDALOSAS AUTOENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA
Es bien conocida nuestra postura contraria a la aprobación de la futura Ley de Función Pública de Andalucía que se encuentra actualmente en trámite parlamentario. Una Ley que viene dar carta de naturaleza a la usurpación de potestades públicas y a llevar la politización de la Administración a sus más altas cotas.
Hablamos de un proyecto de Ley que contó con el aval en Mesa Sectorial del la totalidad del resto de sindicatos (CSIF, ISA, UGT y CC.OO.). Algunos de ellos se las prometían muy felices al manifestar que esperaban que el texto se “mejorara” durante su trámite parlamentario “para que la norma sea más clarificadora y que garantice sobre las potestades públicas y logre la despolitización real de la Administración andaluza”.
Lamentablemente la realidad es muy tozuda y nos ha acabado dando la razón. El pasado 24 de marzo el BOPA publicaba las enmiendas parciales presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios. Entre todas ellas queremos llamar la atención sobre dos presentadas por el propio Grupo Parlamentario Popular de Andalucía que, como bien es sabido, cuenta con una mayoría absoluta en la cámara que le permitirá aprobarlas sin ningún tipo de problema.
La primera de ellas establece lo siguiente:
Gracias a esta enmienda todos los puestos PLD de la Administración General de la Junta de Andalucía podrán ser ocupados por personal funcionario de cualquier otra Administración española (AGE, Local, personal docente, sanitario, etc.).
¿Abrir la puerta a que funcionarios de cualquier Administración, cuyo único mérito sea su militancia o simpatía con el gobierno de turno pueda ser nombrado para la totalidad de puestos PLD es “despolitizar la Administración”?
Para continuar El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía propone la siguiente enmienda:
Conviene recordar que el actual Consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, afirmaba allá por el año 2011, desde la oposición, que la creación de una "administración paralela creada por la Junta" pretendía que “potestades públicas que corresponden exclusivamente al ejercicio de los funcionarios fueran ejercidas por personal ajeno”.
El entonces secretario del PP-A cargaba contra lo que entonces no dudaba en calificar como “Administración Paralela” argumentando literalmente lo siguiente:
"El PSOE ha buscado una válvula de escape para incorporar a potestades públicas a personal ajeno a la función pública; ha buscado la puerta de atrás para incorporar a muchas personas de la administración que no tienen la condición de funcionario público y que van a terminar haciendo funciones que le corresponderían solamente a los funcionarios".
Esta enmienda deja en evidencia que el Partido Popular, una vez en el gobierno de la Junta de Andalucía, está haciendo exactamente lo mismo que criticaba sin paliativos desde la oposición, asignando potestades administrativas a personal de Sociedades Mercantiles, yendo mucho más allá de lo que jamás el PSOE se atrevió.
La LAJA actualmente establece con rotundidad en su art. 75 que las sociedades mercantiles del sector público andaluz “en ningún caso podrán ejercer potestades administrativas”. Parece que el Gobierno actual pretende que estas sociedades jueguen con dos barajas en el mercado con esta modificación, aunque para ello tenga que quebrar principios constitucionales.
Esta enmienda entraña una gravedad extrema, pues recordemos que el propio Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación, por la atribución de potestades a las Agencias (reservando las potestades a personal funcionario) y ahora pretende “colar” una enmienda para atribuir potestades administrativas a sociedades mercantiles como Cetursa, Canal Sur, Inturjoven, VEIASA, etc. Una absoluta barbaridad.
En conclusión, ni en nuestras peores previsiones contemplábamos modificaciones legislativas tan lesivas para los derechos de nuestro colectivo y del conjunto de la ciudadanía andaluza.
Solicitamos al resto de sindicatos que anteriormente dieron su visto bueno a este Proyecto de Ley a que, a la vista de estas enmiendas, manifiesten su rechazo a las mismas y se unan al SAF para la realización de acciones conjuntas dirigidas a evitar su aprobación definitiva.
El entonces secretario del PP-A cargaba contra lo que entonces no dudaba en calificar como “Administración Paralela” argumentando literalmente lo siguiente:
"El PSOE ha buscado una válvula de escape para incorporar a potestades públicas a personal ajeno a la función pública; ha buscado la puerta de atrás para incorporar a muchas personas de la administración que no tienen la condición de funcionario público y que van a terminar haciendo funciones que le corresponderían solamente a los funcionarios".
Esta enmienda deja en evidencia que el Partido Popular, una vez en el gobierno de la Junta de Andalucía, está haciendo exactamente lo mismo que criticaba sin paliativos desde la oposición, asignando potestades administrativas a personal de Sociedades Mercantiles, yendo mucho más allá de lo que jamás el PSOE se atrevió.
La LAJA actualmente establece con rotundidad en su art. 75 que las sociedades mercantiles del sector público andaluz “en ningún caso podrán ejercer potestades administrativas”. Parece que el Gobierno actual pretende que estas sociedades jueguen con dos barajas en el mercado con esta modificación, aunque para ello tenga que quebrar principios constitucionales.
Esta enmienda entraña una gravedad extrema, pues recordemos que el propio Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación, por la atribución de potestades a las Agencias (reservando las potestades a personal funcionario) y ahora pretende “colar” una enmienda para atribuir potestades administrativas a sociedades mercantiles como Cetursa, Canal Sur, Inturjoven, VEIASA, etc. Una absoluta barbaridad.
En conclusión, ni en nuestras peores previsiones contemplábamos modificaciones legislativas tan lesivas para los derechos de nuestro colectivo y del conjunto de la ciudadanía andaluza.
Solicitamos al resto de sindicatos que anteriormente dieron su visto bueno a este Proyecto de Ley a que, a la vista de estas enmiendas, manifiesten su rechazo a las mismas y se unan al SAF para la realización de acciones conjuntas dirigidas a evitar su aprobación definitiva.
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RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE LAS ÚLTIMAS MANIOBRAS DEL CONSEJERO NIETO Y RESTO DE SINDICATOS
En el día de ayer, completamente al margen de la Mesa Sectorial, el Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, mantuvo una reunión con los sindicatos CSIF, ISA, UGT y CC.OO.
Según hemos podido conocer por la prensa y por los propios sindicatos, fruto de esta reunión acordaron establecer una "unidad de acción" en la que también pretenden que intervengan los grupos políticos para “reclamar al Ministerio de Hacienda y Función Pública una interpretación de la Ley 20/21” del Gobierno que dé un supuesto "amparo legal" a una “regularización” del personal interino que no ha superado ninguno de los distintos procesos de estabilización.
Desde el SAF queremos, en primer lugar, mostrar nuestro malestar porque desde el perfil oficial de la Junta de Andalucía en Twitter se haya faltado a la verdad al afirmar que dicha reunión se trató de una Mesa Sectorial, cuando realmente careció de ese carácter institucional y a la cual ni siquiera estaba invitado el sindicato más representativo del sector, el SAF.
En segundo lugar, rechazamos cualquier presión a otras instituciones o maniobra que se quiera llevar a cabo para retorcer la normativa vigente y muy especialmente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
En tercer lugar, nos reafirmamos en nuestro compromiso en la lucha por la defensa de los citados principios de acceso al empleo público y seguiremos peleando para que no se vuelva a dar un trato privilegiado a un colectivo concreto frente al resto.
Por último, volvemos a reclamar al Consejero Nieto que resuelva de una vez por todas las ofertas de vacantes y tomas de posesión pendientes de la OEP de estabilización. Su injustificable retraso, mucho nos tememos que se deba a una maniobra de dilación de los ceses de este personal interino y que está provocando que los legítimos titulares de esas plazas (las personas que superaron el proceso selectivo) lleven meses esperando a poder tomar posesión.
En segundo lugar, rechazamos cualquier presión a otras instituciones o maniobra que se quiera llevar a cabo para retorcer la normativa vigente y muy especialmente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
En tercer lugar, nos reafirmamos en nuestro compromiso en la lucha por la defensa de los citados principios de acceso al empleo público y seguiremos peleando para que no se vuelva a dar un trato privilegiado a un colectivo concreto frente al resto.
Por último, volvemos a reclamar al Consejero Nieto que resuelva de una vez por todas las ofertas de vacantes y tomas de posesión pendientes de la OEP de estabilización. Su injustificable retraso, mucho nos tememos que se deba a una maniobra de dilación de los ceses de este personal interino y que está provocando que los legítimos titulares de esas plazas (las personas que superaron el proceso selectivo) lleven meses esperando a poder tomar posesión.
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