Es bien conocida nuestra postura contraria a la aprobación de la futura Ley de Función Pública de Andalucía que se encuentra actualmente en trámite parlamentario. Una Ley que viene dar carta de naturaleza a la usurpación de potestades públicas y a llevar la politización de la Administración a sus más altas cotas.
Hablamos de un proyecto de Ley que contó con el aval en Mesa Sectorial del la totalidad del resto de sindicatos (CSIF, ISA, UGT y CC.OO.). Algunos de ellos se las prometían muy felices al manifestar que esperaban que el texto se “mejorara” durante su trámite parlamentario “para que la norma sea más clarificadora y que garantice sobre las potestades públicas y logre la despolitización real de la Administración andaluza”.
Lamentablemente la realidad es muy tozuda y nos ha acabado dando la razón. El pasado 24 de marzo el BOPA publicaba las enmiendas parciales presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios. Entre todas ellas queremos llamar la atención sobre dos presentadas por el propio Grupo Parlamentario Popular de Andalucía que, como bien es sabido, cuenta con una mayoría absoluta en la cámara que le permitirá aprobarlas sin ningún tipo de problema.
La primera de ellas establece lo siguiente:
Gracias a esta enmienda todos los puestos PLD de la Administración General de la Junta de Andalucía podrán ser ocupados por personal funcionario de cualquier otra Administración española (AGE, Local, personal docente, sanitario, etc.).
¿Abrir la puerta a que funcionarios de cualquier Administración, cuyo único mérito sea su militancia o simpatía con el gobierno de turno pueda ser nombrado para la totalidad de puestos PLD es “despolitizar la Administración”?
Para continuar El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía propone la siguiente enmienda:
Conviene recordar que el actual Consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, afirmaba allá por el año 2011, desde la oposición, que la creación de una "administración paralela creada por la Junta" pretendía que “potestades públicas que corresponden exclusivamente al ejercicio de los funcionarios fueran ejercidas por personal ajeno”.
El entonces secretario del PP-A cargaba contra lo que entonces no dudaba en calificar como “Administración Paralela” argumentando literalmente lo siguiente:
"El PSOE ha buscado una válvula de escape para incorporar a potestades públicas a personal ajeno a la función pública; ha buscado la puerta de atrás para incorporar a muchas personas de la administración que no tienen la condición de funcionario público y que van a terminar haciendo funciones que le corresponderían solamente a los funcionarios".
Esta enmienda deja en evidencia que el Partido Popular, una vez en el gobierno de la Junta de Andalucía, está haciendo exactamente lo mismo que criticaba sin paliativos desde la oposición, asignando potestades administrativas a personal de Sociedades Mercantiles, yendo mucho más allá de lo que jamás el PSOE se atrevió.
La LAJA actualmente establece con rotundidad en su art. 75 que las sociedades mercantiles del sector público andaluz “en ningún caso podrán ejercer potestades administrativas”. Parece que el Gobierno actual pretende que estas sociedades jueguen con dos barajas en el mercado con esta modificación, aunque para ello tenga que quebrar principios constitucionales.
Esta enmienda entraña una gravedad extrema, pues recordemos que el propio Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación, por la atribución de potestades a las Agencias (reservando las potestades a personal funcionario) y ahora pretende “colar” una enmienda para atribuir potestades administrativas a sociedades mercantiles como Cetursa, Canal Sur, Inturjoven, VEIASA, etc. Una absoluta barbaridad.
En conclusión, ni en nuestras peores previsiones contemplábamos modificaciones legislativas tan lesivas para los derechos de nuestro colectivo y del conjunto de la ciudadanía andaluza.
Solicitamos al resto de sindicatos que anteriormente dieron su visto bueno a este Proyecto de Ley a que, a la vista de estas enmiendas, manifiesten su rechazo a las mismas y se unan al SAF para la realización de acciones conjuntas dirigidas a evitar su aprobación definitiva.
El entonces secretario del PP-A cargaba contra lo que entonces no dudaba en calificar como “Administración Paralela” argumentando literalmente lo siguiente:
"El PSOE ha buscado una válvula de escape para incorporar a potestades públicas a personal ajeno a la función pública; ha buscado la puerta de atrás para incorporar a muchas personas de la administración que no tienen la condición de funcionario público y que van a terminar haciendo funciones que le corresponderían solamente a los funcionarios".
Esta enmienda deja en evidencia que el Partido Popular, una vez en el gobierno de la Junta de Andalucía, está haciendo exactamente lo mismo que criticaba sin paliativos desde la oposición, asignando potestades administrativas a personal de Sociedades Mercantiles, yendo mucho más allá de lo que jamás el PSOE se atrevió.
La LAJA actualmente establece con rotundidad en su art. 75 que las sociedades mercantiles del sector público andaluz “en ningún caso podrán ejercer potestades administrativas”. Parece que el Gobierno actual pretende que estas sociedades jueguen con dos barajas en el mercado con esta modificación, aunque para ello tenga que quebrar principios constitucionales.
Esta enmienda entraña una gravedad extrema, pues recordemos que el propio Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación, por la atribución de potestades a las Agencias (reservando las potestades a personal funcionario) y ahora pretende “colar” una enmienda para atribuir potestades administrativas a sociedades mercantiles como Cetursa, Canal Sur, Inturjoven, VEIASA, etc. Una absoluta barbaridad.
En conclusión, ni en nuestras peores previsiones contemplábamos modificaciones legislativas tan lesivas para los derechos de nuestro colectivo y del conjunto de la ciudadanía andaluza.
Solicitamos al resto de sindicatos que anteriormente dieron su visto bueno a este Proyecto de Ley a que, a la vista de estas enmiendas, manifiesten su rechazo a las mismas y se unan al SAF para la realización de acciones conjuntas dirigidas a evitar su aprobación definitiva.
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