C1.2100 - Cuerpo de Ayudantes Técnicos (Especialidad Agentes de Medio Ambiente)
En las mismas se indica para los cuerpos A1.1000, A1.1200, A2.1100, A2.1200 que el primer ejercicio NO se celebrará ANTES del 15 de septiembre de 2022.
Para los cuerpos C1.1000, C2.1000 y C1.21000 la previsión contenida en la convocatoria es que el ejercicio NO se celebre ANTES del 3 de octubre de 2022.
Ante el crecimiento desbocado de la inflación que ronda el 9%, desde el SAF venimos solicitando reiteradamente a la Administración la actualización de las retribuciones del personal funcionario en el ámbito de las competencias autonómicas.
En este sentido, denunciamos las ridículas cantidades que el personal funcionario viene recibiendo por las indemnizaciones por razón del servicio, que desde hace 16 años no han sido actualizadas. La no actualización de las cantidades correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio debe ser atendida por la Junta de Andalucía de manera urgente ya que, en caso contrario, se estaría causando un considerable perjuicio económico al personal funcionario.
Las cantidades establecidas en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, que regula las indemnizaciones por razón del servicio, ha sido actualizada por última vez en la Orden de 11 de julio 2006 que viene a actualizar las cantidades a percibir en lo referente a los anexo II (Dietas en territorio nacional) y III (Dietas en territorio extranjero).
Si tomamos como referencia los datos estadísticos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) previos a la crisis de Ucrania la variación del IPC en España desde el mes de julio de 2006 hasta enero de 2022, estas cantidades se deberían haber incrementado un 28 %, pero si nos vamos al precio del combustible el aumento ha sido muy superior al 100%. Basta señalar los precios a cierre del año 2006 y compararlos con los actuales:
AÑO 2006: Gasolina: 0,9654 €/litro; Gasóleo: 0,9092 €/litro
AÑO 2022: Gasolina: 2,138 €/litro; Gasóleo: 2,106 €/litro
En la situación actual se están dando casos en los que los 0,19 €/km. ni siquiera compensan el coste íntegro del combustible por lo que el desgaste de nuestros vehículos privado está recayendo completamente sobre nuestros bolsillos.
Desde el SAF reivindicamos el derecho del personal funcionario a percibir unas indemnizaciones por razón del servicio JUSTAS, sin tener que soportar la perdida de poder adquisitivo por la mera dejadez de la Administración Andaluza en determinar las cantidades que corresponden por dichos conceptos.
Ante esta sangrante situación, el pasado mes de marzo solicitamos por escrito a la Secretaria General para la Administración Pública que se actualizaran las cantidades correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio según el Decreto 54/1989 al menos en lo correspondiente a las cantidades establecidas en el ANEXO II y III, según el incremento de IPC y del combustible acumulado desde que se actualizaron por última vez en el ejercicio 2006.
En el día de ayer recibimos una comunicación escrita por parte de la SGAP en el que se nos informa de lo siguiente:
“En este orden de cosas este centro directivo es consciente de la que cuantía de la indemnizaciones por razón del servicio precisaría de una actualización, en todo caso dentro del marco normativo vigente, por lo que se va a proponer a la Consejería competente en materia de Hacienda, como responsable de la actualización de las cuantías de dichas indemnizaciones, estudiar la cuestión en el escenario de elaboración del presupuesto para el ejercicio 2023.”
Como es obvio, la composición del próximo Parlamento de Andalucía facilitará la aprobación de las leyes de presupuestos de los próximos años pero desde el SAF entendemos que no es suficiente y que el personal funcionario no tiene por qué asumir un coste económico por el desempeño de su puesto de trabajo. Actualmente si el consumo supera aproximadamente los 8 litros por cada 100 km al personal funcionario le está costando dinero trabajar. Todo ello sin contar con los costes de mantenimiento del vehículo, coste que corresponde a la Administración.
Por todo ello vamos a exigir que la actualización se produzca con carácter inmediato sin esperar futuros presupuestos y que, en caso contrario, ningún funcionario tenga que poner su propio coche para el desempeño de sus funciones, sino que le sea habilitado un coche del parque de vehículos de la Administración autonómica.
En el SAF hemos tenido conocimiento de una sentencia de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla, en la que se impugnaba la Oferta Pública por la que se seleccionaban tres puestos para personal funcionario interino del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (A1.2003), en aplicación de la Adenda 2/2021 del SAE, adenda que establece un tercer criterio de desempate consistente en la proximidad del inverso del NIF a un número y letra al azar, en definitiva, una lotería en base al DNI.
Por dicha Sentencia se anula la citada Oferta genérica de empleo por vulneración de los derechos fundamentales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, previstos en los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la CE, al considerar que “el único criterio para enviar a los participantes que se inscriben en la oferta, que tienen la titulación, es un criterio aleatorio, “de suerte”, que no tiene en cuenta ningún mérito o capacidad”.
Este criterio aleatorio vino a sustituir a otro todavía más injusto (orden de fecha de inscripción en la oferta), el cual fue objeto de recurso judicial por nuestra parte y que el TSJA ya ha declarado en una reciente sentencia nulo por vulnerar los derechos fundamentales.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el SAF hemos dirigido sendos escritos a la DGRRHHFP y al a Dirección Gerencia del SAE instando a que se proceda a anular todos los procedimientos de selección en tramitación en base a la aplicación de la Instrucción 2/2021 y de la Adenda por suponer vulneración de derechos fundamentales. Así mismo, hemos solicitado que se inicien con urgencia los trámites tendentes a la negociación con las organizaciones sindicales del procedimiento de selección mediante oferta genérica de empleo público, de manera que quede garantizado el pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.