El pasado 16 de junio desde SAF dirigimos un escrito a la Secretaria General para la Administración Pública en el que solicitábamos que a la mayor brevedad posible se fijara un calendario para la restitución de las pagas adicionales correspondientes a los meses de junio y diciembre de 2013 y 2014.
Este recorte se produjo a raíz de la aprobación del Decreto-ley 3/2011, hace ya nada menos que 10 años. El 17 de julio de 2018 en el seno de la Mesa General de Negociación se acordó entre el Gobierno andaluz y de los sindicatos en ella presentes (CSIF, CC.OO y UGT) que “en la medida en que lo permita la legislación básica estatal y el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera, se irá abordando la restitución de las cantidades dejadas de percibir de la paga adicional del complemento específico o equivalente, de los años 2013 y 2014”.
Así se lo recordamos a la Secretaria General, incidiendo en distintas declaraciones de altos responsables de la propia Junta de Andalucía según las cuales las previsiones de crecimiento del PIB para 2021 alcanzaban el 7-9%. Tal debe ser la buena situación económica,que la Administración andaluza ha tenido la benevolencia de permitir que cierto sindicato tenga un plazo de nada menos que 15 años para devolver los mas de 40 millones de euros gastados en ayudas sin justificar.
En el día de ayer recibimos por escrito la contestación negativa a nuestra solicitud del puño y letra de la Secretaria General para la Administración Pública. Un escrito que podemos calificar sin temor a exagerar de compendio de excusas de mala pagadora.
Mientras el Consejero de Transformación Económica insistía hace pocos días en las buenísimas previsiones de crecimiento, nuestra Secretaria General basa su negativa a nuestra solicitud en todo lo contrario: la supuesta imposibilidad de hacer frente al desembolso económico derivada del deber de atenerse a los principios de “sostenibilidad económica, los objetivos de déficit y la regla de gasto”.
También basa su “No” en el hecho de que en los “Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios 2019 y 2020, se marcaron como objetivos prioritarios las políticas presupuestarias destinadas a la cobertura de los servicios públicos fundamentales de sanidad y educación, la aportación en materia de dependencia”. ¿En cuál de estos 3 servicios públicos esenciales encuadra la Secretaria General la nueva concesión de subvenciones a sindicatos que deben dinero a las arcas públicas? ¿En el de “dependencia”… económica del poder político?
Esta misma semana leíamos en prensa que 225.000 empleados públicos de la Generalitat de Cataluña cobrarán próximamente la totalidad de la paga extra adeudada desde 2014. Según el artículo, esta recuperación de produce “gracias a la presión sindical” de dos sindicatos también presentes en nuestra Mesa General, que por desgracia parece que no presionan lo suficiente en Andalucía.
Desde SAF preguntamos abiertamente a la Sra. Vielba, ¿es que en Cataluña la Administración no tiene el deber de cumplir los mismos objetivos de sostenibilidad económica, de déficit y la regla de gasto? ¿Es que allí no priorizan los servicios públicos esenciales?
¿No será que entre sus prioridades de gasto se encuentran otras menos confesables que las esgrimidas en su escrito como por ejemplo el pleno mantenimiento del empleo de la totalidad del personal externo que antes su partido calificaba de “enchufados” y ahora se muestra decidido a blanquear?
Desde el SAF denunciamos que el mantenimiento de la Administración paralela (804 millones de euros anuales sólo en gastos salariales, excluyendo Agencias Públicas Empresariales Sanitarias) es el factor que sigue determinando la pérdida de derechos del personal funcionario y mostramos nuestro firme compromiso de seguir luchando por su recuperación.
Este recorte se produjo a raíz de la aprobación del Decreto-ley 3/2011, hace ya nada menos que 10 años. El 17 de julio de 2018 en el seno de la Mesa General de Negociación se acordó entre el Gobierno andaluz y de los sindicatos en ella presentes (CSIF, CC.OO y UGT) que “en la medida en que lo permita la legislación básica estatal y el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera, se irá abordando la restitución de las cantidades dejadas de percibir de la paga adicional del complemento específico o equivalente, de los años 2013 y 2014”.
Así se lo recordamos a la Secretaria General, incidiendo en distintas declaraciones de altos responsables de la propia Junta de Andalucía según las cuales las previsiones de crecimiento del PIB para 2021 alcanzaban el 7-9%. Tal debe ser la buena situación económica,que la Administración andaluza ha tenido la benevolencia de permitir que cierto sindicato tenga un plazo de nada menos que 15 años para devolver los mas de 40 millones de euros gastados en ayudas sin justificar.
En el día de ayer recibimos por escrito la contestación negativa a nuestra solicitud del puño y letra de la Secretaria General para la Administración Pública. Un escrito que podemos calificar sin temor a exagerar de compendio de excusas de mala pagadora.
Mientras el Consejero de Transformación Económica insistía hace pocos días en las buenísimas previsiones de crecimiento, nuestra Secretaria General basa su negativa a nuestra solicitud en todo lo contrario: la supuesta imposibilidad de hacer frente al desembolso económico derivada del deber de atenerse a los principios de “sostenibilidad económica, los objetivos de déficit y la regla de gasto”.
También basa su “No” en el hecho de que en los “Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios 2019 y 2020, se marcaron como objetivos prioritarios las políticas presupuestarias destinadas a la cobertura de los servicios públicos fundamentales de sanidad y educación, la aportación en materia de dependencia”. ¿En cuál de estos 3 servicios públicos esenciales encuadra la Secretaria General la nueva concesión de subvenciones a sindicatos que deben dinero a las arcas públicas? ¿En el de “dependencia”… económica del poder político?
Esta misma semana leíamos en prensa que 225.000 empleados públicos de la Generalitat de Cataluña cobrarán próximamente la totalidad de la paga extra adeudada desde 2014. Según el artículo, esta recuperación de produce “gracias a la presión sindical” de dos sindicatos también presentes en nuestra Mesa General, que por desgracia parece que no presionan lo suficiente en Andalucía.
Desde SAF preguntamos abiertamente a la Sra. Vielba, ¿es que en Cataluña la Administración no tiene el deber de cumplir los mismos objetivos de sostenibilidad económica, de déficit y la regla de gasto? ¿Es que allí no priorizan los servicios públicos esenciales?
¿No será que entre sus prioridades de gasto se encuentran otras menos confesables que las esgrimidas en su escrito como por ejemplo el pleno mantenimiento del empleo de la totalidad del personal externo que antes su partido calificaba de “enchufados” y ahora se muestra decidido a blanquear?
Desde el SAF denunciamos que el mantenimiento de la Administración paralela (804 millones de euros anuales sólo en gastos salariales, excluyendo Agencias Públicas Empresariales Sanitarias) es el factor que sigue determinando la pérdida de derechos del personal funcionario y mostramos nuestro firme compromiso de seguir luchando por su recuperación.
SEGUIREMOS INFORMANDO
LUCHAMOS POR TUS DERECHOS PORQUE SOMOS FUNCIONARIOS COMO TÚ
Pincha AQUÍ para descargar el INFORMATIVO en formato PDF
