Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios vamos a intentar RECOPILAR las informaciones y opiniones que se han estado vertiendo y que se están generando diariamente sobre el AnteProyecto de Ley de Función Pública andaluza, con el que se pretende acabar con la Ley actual que data del año 1985 y en el que, como es bien sabido, no ha participado el Sindicato Andaluz de Funcionarios a pesar de las promesas no escritas y los compromisos sí escritos, entre ellos el del propio Consejero de Presidencia, Interior y Administración Pública.

Resulta entre curioso e insultante, que en la elaboración de una Ley que afecta en su 95% a personal de Administración General de la Junta de Andalucía no se haya dado VOZ al SAF, organización sindical que ostenta la mayoría en este sector desde hace más de una década. Hay que recordar que los sectores educativo, sanitario y de justicia tienen sus propias leyes, acudiendo a esta Ley solo de forma subsidiaria, de ahí su mínima afectación.

Que en la elaboración de este anteproyecto de Ley SÍ hayan participado sindicatos residuales o inexistentes entre la representación del personal funcionario de administración general (por el hecho de tener representación en la Mesa General) y no lo haya hecho el SAF, dice a las claras el talante de la Función Pública andaluza que existe actualmente en el Gobierno del Cambio y en las manos en las que nos encontramos el personal funcionario. Por otra parte, no dudamos que los sindicatos de clase que han aparecido en la FOTO de presentación del anteproyecto, ahora la criticarán, la matizarán e intenten desmarcarse de los aspectos más polémicos, con la típica estrategia de jugar a dos bandas.

Podemos afirmar desde SAF con rotundidad, ahora que el anteproyecto de Ley ya está en el Parlamento andaluz, que la única contribución que el Sindicato Andaluz de Funcionarios hace al mismo se concreta en un extenso trabajo de 69 folios presentado como “Alegaciones” al Texto tras su publicación en el BOJA y el inicio del plazo legal para que cualquier Asociación, Sindicato, colectivo o ciudadano andaluz pueda alegar lo que considere oportuno, en esta o en cualquier Ley.

En nuestro escrito de Alegaciones analizamos pormenorizadamente el texto íntegro del Proyecto de Ley, que consideramos la “Consolidación de la privatización, politización y el enchufismo en la administración pública andaluza, con la consiguiente merma de derechos consolidados de los funcionarios públicos andaluces tras muchos años de negociación y lucha sindical con la administración andaluza”.

Los puntos en los que presentamos nuestras ALEGACIONES (muchas de las cuales podrían haber sido obviadas si el SAF hubiera participado en la anunciada Mesa Sectorial) se puede nresumir en los siguientes PUNTOS:

1.- Usurpación de POTESTADES PÚBLICAS y mantenimiento del personal propio de las AGENCIAS.
2.- La figura del DIRECTIVO PROFESIONAL y la LIBRE DESIGNACIÓN: Hacia la privatización y el control político de la administración andaluza.
3.- La CARRERA HORIZONTAL y las RETRIBUCIONES: Hacia la pérdida de derechos retributivos.
4.- Los PROCESOS SELECTIVOS: Introducción del concepto de Idoneidad y eliminación del concepto de Objetividad, con el consiguiente quebranto de los principios de Igualdad, Mérito y Capacidad en el acceso. Adiós a la “meritocracia” y apuntalamiento del enchufismo.
5.- MOVILIDAD del personal funcionario: Concurso ordinario de méritos, Concurso específico y movilidad voluntaria provisional.
6.- Merma alarmante de la NEGOCIACIÓN SINDICAL y la participación en las modificaciones de las RPTs.

En todos los aspectos referidos, desde SAF hemos aportado no solo nuestro parecer y experiencia, y la del personal funcionario al que representamos, sino que en cada caso y como apoyo y refrendo al mismo, lo hemos hecho acompañar de un gran número de Sentencias de distintos Tribunales de Justica que corroboran los erróneos planteamientos de la futura Ley.

Es comprensible que en una Secretaría General para la Administración Pública afloren las ocurrencias como la de “El Genoma del Funcionario” (ahora desmentido por el Consejero tras la alarma social creada) ya que parece que todo vale.

La redacción del articulado de una futura Ley “anti-funcionarial” deslegitima a un partido político que hace diez años presentaba ante el Tribunal Constitucional un recurso a la Ley de Reordenación del sector público andaluz (Ley 1/2011) pero que en la actualidad no le tiembla el pulso para modificar la propia Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA) a través de distintas Disposiciones en la última Ley de Presupuestos (Ley 3/2020) y con ello adscribir en una Agencia Administrativa, como la Digital de Andalucía, a personal laboral proveniente de otras entidades del sector público andaluz (SANDETEL y el Consorcio Fernando de los Ríos), lo que era imposible de conformidad con la propia Ley 9/2007.

Y cuando decimos UN partido lo afirmamos con la seguridad y la rotundidad de que, hasta este momento, el resto de partidos del arco parlamentario andaluz TAMPOCO han participado un ápice en la elaboración de este anteproyecto de Ley (ni los del Pacto de Gobierno, ni los de la oposición) y será ahora, en trámite parlamentario cuando confiamos en que expongan sus discrepancias y este proyecto de Ley, por el bien de todo el personal funcionario de administración general de Andalucía, no llegue a ver su luz en las condiciones actuales.

Por último, dejamos sendos enlaces a dos resúmenes informativos, esquemáticos, sobre este proyecto de Ley. (Pincha AQUÍ)

SEGUIREMOS INFORMANDO. LUCHAMOS POR TUS DERECHOS PORQUE SOMOS FUNCIONARIOS COMO TÚ 

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