Con cierta frecuencia aparecen en la prensa local noticias sobre el atasco que, desde hace años, se viene produciendo en el Ayuntamiento de Sevilla en los procedimientos de concesión de licencias de apertura de establecimientos. Si hace meses lo expuso el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, ahora se pronuncia en este mismo sentido el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Sevilla, aprovechando la toma de posesión de su nuevo equipo directivo.
Dicho Colegio Oficial se ha ofrecido al Ayuntamiento para tramitar, por delegación, la concesión de licencias con objeto de “agilizar estos procedimientos” y así solucionar “la lentitud y acumulación del trabajo propia de la Administración”
Olvidan estos colegios oficiales que el ejercicio de las potestades públicas (estudio y valoración de solicitudes, emisión de informes, tramites de audiencia, propuestas de resolución, o la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores) no se pueden ejercer por profesionales privados y que solo los funcionarios públicos, en virtud de su nombramiento legal, pueden desempeñar estas funciones en exclusiva para la mejor defensa del interés público.
La legislación ambiental, urbanística, de prevención y extinción de incendios así lo contemplan y el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, de forma mas contundente determina que, en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios exigimos al Gobierno del Alcalde Espadas que se deje de experimentos y ofrecimientos ilegales y se centre en dotar a los servicios públicos municipales de medios personales, procedimentales y materiales suficientes para el mejor ejercicio de las competencias municipales y que no siga el modelo que ha seguido la Junta de Andalucía de externalizar potestades administrativas, marginar a su propia administración y crear un entramado de chiringuitos y demás “administración paralela” que, menos a los ciudadanos, todos sabemos a quién beneficia.
