Según el estudio realizado por la organización mayoritaria en la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta, las jefaturas de servicio (niveles 26 a 28) concentran más del 80% de los altos puestos del subgrupo A1. Sobre este cuerpo superior de funcionarios recae la responsabilidad jurídica y administrativa directa de instruir, fiscalizar y autorizar la tramitación de expedientes de contratación pública, la concesión de licencias, el otorgamiento de subvenciones y los procedimientos sancionadores.
El informe técnico compara el peso que los nombramientos discrecionales tienen en quince comunidades autónomas. Solo tres tienen más del 50% de los puestos de los niveles 26 y 27 cubiertos por libre designación: Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha (100%, 92,50% y 61,85% respectivamente). Siete regiones cuentan con todos sus puestos provistos por concurso de méritos. En La Rioja, Cantabria y Extremadura, el 90% de sus plazas se adjudica por concurso ordinario, relegando la libre designación a supuestos marginales de estricta confianza personal.
El estudio concluye que «Andalucía es la única comunidad autónoma, junto con Madrid, que tiene la casi totalidad de sus puestos provistos por libre designación», por lo que «el intervencionismo político» desciende a niveles tan profundos de la jerarquía administrativa que parece perseguir el objetivo de «copar» y «dominar» la totalidad de las escalas funcionales intermedias.
El Gobierno andaluz del Partido Popular, actualmente en funciones, ha puesto encima de la mesa en su negociación con los sindicatos un giro en la manera de seleccionar a los cuadros de mando intermedios de la Administración. El objetivo es desterrar la politización y la inercia administrativa en la elección de las jefaturas de servicio, apostando por un modelo que tenga en cuenta las habilidades directivas, la formación específica y el talento. Es el denominado «concurso específico», que ya funciona en otras comunidades autónomas y constituye una tercera vía frente a la libre designación y el concurso de méritos ordinario.
Cerca de 3.000 puestos de libre designación
De acuerdo a los registros oficiales de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que publica el Portal de Transparencia de la Junta, actualmente hay 2.970 puestos cubiertos bajo la fórmula de libre designación. De ellos, la inmensa mayoría, 2.584 plazas, corresponde a funcionarios encuadrados entre los niveles 26 y 30. El resto (386 plazas) lo componen secretarios de altos cargos de los grupos C1 y C2, asociados a los niveles del 20 al 22. En marzo de 2025, la Administración General de la Junta de Andalucía contaba con una plantilla de 21.523 funcionarios de carrera.
La queja de las organizaciones sindicales por el abuso de la libre designación tuvo eco político en el Parlamento en la pasada legislatura. En septiembre de 2024, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, reconoció la distorsión del modelo andaluz y asumió el compromiso de enmendarlo: «Estoy de acuerdo en que los puestos de libre designación no pueden ser el sistema mayoritario para la elección de puestos de los últimos niveles. Me comprometo públicamente aquí a que esa anomalía deje de ser una realidad de manera inmediata, pero queremos hacerlo desde el diálogo».
El consejero matizó que el volumen de plazas apenas superaba en 200 a las registradas al cierre de la etapa socialista en 2018. No obstante, desde el SAF recuerdan que el propio Juanma Moreno, justo antes de llegar a la Presidencia autonómica, recriminó al Ejecutivo saliente de Susana Díaz que utilizara el Boletín Oficial «para colocar a dedo a decenas de cargos de libre designación en el Servicio Andaluz de Salud».
Tapón en el nivel 25 de la Administración
El abuso de la provisión discrecional se traduce en una desmotivación de los funcionarios que necesitan la confianza del cargo político para ascender profesionalmente. El personal del subgrupo A1 —integrado por ingenieros, abogados y economistas— encuentra un tapón en el nivel 25, que es el techo alcanzable a través del concurso ordinario de méritos. Para escalar a un nivel superior (26 o 27) y mejorar sus retribuciones —«las más bajas de España para este colectivo», según el SAF—, se ven abocados a la libre designación, «lo que condiciona la lealtad del funcionario al cargo político que lo nombra y no a la ley».
Al depender la permanencia en el puesto del beneplácito del gobernante, el jefe encargado de fiscalizar un expediente queda expuesto a la remoción inmediata si su criterio técnico colisiona con el interés de la dirección política de la Consejería. El sindicato asocia esta falta de independencia con el riesgo de corrupción administrativa.
Tres vías distintas de promoción
En la Junta de Andalucía conviven dos sistemas de provisión de puestos de responsabilidad: el concurso ordinario de méritos, basado en baremos tasados y públicos (antigüedad, titulación y formación), y la libre designación, que otorga el control al poder ejecutivo. La Junta propone implantar una tercera fórmula, el concurso específico, en el que se valoran también aptitudes y conocimientos específicos para cada puesto.
El SAF recela de este modelo tal como está regulado en la Ley de la Función Pública de Andalucía. Mientras en otras comunidades autónomas la fase de méritos objetivos aporta entre el 60% y el 100% de la calificación, la legislación andaluza rebaja ese peso al 45%. «Si el 55% de la nota depende de una entrevista y una memoria evaluadas por una comisión nombrada a dedo por el consejero de turno, no estamos ante una mejora, sino ante el mismo 'dedazo' con otro nombre», expone el SAF.
Las demandas del sindicato
La organización que preside Moisés García Losada apremia al Gobierno andaluz a que fije «un calendario verificable» para normar los nombramientos discrecionales. El SAF apuesta por generalizar el concurso de méritos para los niveles 26 y 27, y, si se opta por el concurso específico, exige que al menos el 70% de la calificación final corresponda a la fase objetiva de méritos generales, limitando la fase subjetiva al 30%.
Reclama además sustituir las entrevistas personales por criterios baremables publicados previamente, y la constitución de comisiones de valoración técnicamente independientes, sin designaciones políticas directas y con representación sindical con derecho a voto.
