El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha exigido el cese de la consejera de Inclusión Social e Igualdad, Loles López, por la “caótica” gestión de la dependencia y por el “fracaso” del nuevo modelo de gestión implantado hace seis meses.
Sevilla, 9 oct (EFE).- El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha exigido el cese de la consejera de Inclusión Social e Igualdad, Loles López, por la “caótica” gestión de la dependencia y por el “fracaso” del nuevo modelo de gestión implantado hace seis meses.
En un comunicado el SAF ha recordado que en febrero el presidente de la Junta anunció a “bombo y platillo” en Madrid la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión del reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones que iba permitir reducir los plazos de tramitación de una media de 555 días a un máximo de 180 días , suponiendo reducir “un año el tiempo de espera”.
Sin embargo y, según datos del IMSERSO del mes de julio, la Junta de Andalucía tarda de media un año y casi ocho meses en conceder una ayuda a la dependencia, dos meses más que hace un año, siendo Andalucía la comunidad que más retraso acumula.
El SAF ha acusado a la consejera y a los responsables de la Agencia de la Dependencia de poner las cifras “por encima de todo” y de haber “dado instrucciones verbales a responsables provinciales de servicios de valoración que implican saltarse el orden de incoar expedientes, priorizando los que se iniciaron tras la implantación del nuevo procedimiento”.
Esto supone, ha denunciado el SAF, que una persona dependiente que solicitara su valoración hoy podría ser valorada antes que una que lo hiciera hace diez meses “sin causa justificada” y con el “único objetivo de enmascarar las estadísticas y que parezca que Moreno ha cumplido su compromiso”.
De hecho, este sindicato ha asegurado que se han producido ceses y dimisiones que “dejan patente el nivel de politización que padece la Junta de Andalucía” y ha censurado que con esas prácticas "se ha colocado a personal funcionario PLD en la disyuntiva de tener que elegir entre prevaricación o cese”.
Entre tanto, el personal funcionario de los servicios de valoración de Dependencia se encuentra en una situación de máxima incertidumbre y ambigüedad, con “instrucciones imprecisas y sistemas informáticos que no funcionan y que dificultan o directamente imposibilitan el trabajo del personal”, ha lamentado el SAF.
Además, ha incidido en que la “imposición de este nuevo modelo, sin negociar nada con su personal ni sindicatos, está generando un gran malestar entre el personal tanto de oficina como valorador, que se ve sobrepasado por objetivos inalcanzables, que no tienen en cuenta las incidencias que se suceden en el día a día, la carga de trabajo ni los tiempos del trabajo técnico”. EFE
En un comunicado el SAF ha recordado que en febrero el presidente de la Junta anunció a “bombo y platillo” en Madrid la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión del reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones que iba permitir reducir los plazos de tramitación de una media de 555 días a un máximo de 180 días , suponiendo reducir “un año el tiempo de espera”.
Sin embargo y, según datos del IMSERSO del mes de julio, la Junta de Andalucía tarda de media un año y casi ocho meses en conceder una ayuda a la dependencia, dos meses más que hace un año, siendo Andalucía la comunidad que más retraso acumula.
El SAF ha acusado a la consejera y a los responsables de la Agencia de la Dependencia de poner las cifras “por encima de todo” y de haber “dado instrucciones verbales a responsables provinciales de servicios de valoración que implican saltarse el orden de incoar expedientes, priorizando los que se iniciaron tras la implantación del nuevo procedimiento”.
Esto supone, ha denunciado el SAF, que una persona dependiente que solicitara su valoración hoy podría ser valorada antes que una que lo hiciera hace diez meses “sin causa justificada” y con el “único objetivo de enmascarar las estadísticas y que parezca que Moreno ha cumplido su compromiso”.
De hecho, este sindicato ha asegurado que se han producido ceses y dimisiones que “dejan patente el nivel de politización que padece la Junta de Andalucía” y ha censurado que con esas prácticas "se ha colocado a personal funcionario PLD en la disyuntiva de tener que elegir entre prevaricación o cese”.
Entre tanto, el personal funcionario de los servicios de valoración de Dependencia se encuentra en una situación de máxima incertidumbre y ambigüedad, con “instrucciones imprecisas y sistemas informáticos que no funcionan y que dificultan o directamente imposibilitan el trabajo del personal”, ha lamentado el SAF.
Además, ha incidido en que la “imposición de este nuevo modelo, sin negociar nada con su personal ni sindicatos, está generando un gran malestar entre el personal tanto de oficina como valorador, que se ve sobrepasado por objetivos inalcanzables, que no tienen en cuenta las incidencias que se suceden en el día a día, la carga de trabajo ni los tiempos del trabajo técnico”. EFE
