La cifra de personal de libre designación (PLD) en la administración de la Junta de Andalucía, más elevada que nunca, es objeto estos días de una negociación contrarreloj. Desde que Juan Manuel Moreno llegó al Gobierno andaluz, a comienzos de 2019, se ha disparado el número de funcionarios que son asignados a determinadas plazas de forma discrecional. Es decir, a dedo.
El aumento de este tipo de nombramientos es tal que ya supera holgadamente las 3.000 y están cubiertas así más del 7% del total de las plazas de funcionarios que existen sobre el papel. En las últimas semanas, el ritmo se ha acelerado. Desde el 1 de enero al 7 de mayo, cuando este medio informó del asunto, se habían producido 159; ahora, la cifra de 2024 es de 425 nombramientos hasta el 18 de septiembre, según los datos actualizados recopilados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). 266 en poco más de cuatro meses, a dos por día. Actualmente, hay otras 91 convocatorias para PLD “en curso”, según el buscador, consultado por este medio.
La situación terminó con la paciencia de los sindicatos al filo del verano. El 28 de julio, los cinco con representación en la mesa sectorial (CSIF, SAF, CCOO, UGT e ISA) remitieron un ultimátum a la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Allí advertían: no acudirán a ninguna negociación para modificar relaciones de puestos de trabajo (RPT, que son frecuentes) si la administración no pone coto a los nombramientos a dedo.
“Estamos ante la Administración Pública más politizada de España”, decían, “si entendemos por politización que la asignación de estos puestos se atiene a criterios de idoneidad apreciados por el cargo político que los nombra y que pueden ser cesados discrecionalmente por el mismo, y que se realiza al margen de todo procedimiento basado en los principios de mérito y capacidad”.
En la misiva, explicaban que los funcionarios del grupo A1 (en posesión de título universitario de Grado, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente) no pueden prosperar más allá del nivel 25 en ninguna provincia, “pudiendo únicamente tener acceso a los mismos [puestos de nivel 26 en adelante] en base a sus contactos con cargos políticos o buenas relaciones con los mismos como principal y en la mayoría de las ocasiones, única carta de presentación al puesto”.
La situación terminó con la paciencia de los sindicatos al filo del verano. El 28 de julio, los cinco con representación en la mesa sectorial (CSIF, SAF, CCOO, UGT e ISA) remitieron un ultimátum a la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Allí advertían: no acudirán a ninguna negociación para modificar relaciones de puestos de trabajo (RPT, que son frecuentes) si la administración no pone coto a los nombramientos a dedo.
“Estamos ante la Administración Pública más politizada de España”, decían, “si entendemos por politización que la asignación de estos puestos se atiene a criterios de idoneidad apreciados por el cargo político que los nombra y que pueden ser cesados discrecionalmente por el mismo, y que se realiza al margen de todo procedimiento basado en los principios de mérito y capacidad”.
En la misiva, explicaban que los funcionarios del grupo A1 (en posesión de título universitario de Grado, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente) no pueden prosperar más allá del nivel 25 en ninguna provincia, “pudiendo únicamente tener acceso a los mismos [puestos de nivel 26 en adelante] en base a sus contactos con cargos políticos o buenas relaciones con los mismos como principal y en la mayoría de las ocasiones, única carta de presentación al puesto”.
La administración propone más concursos específicos
Tras el órdago, y en pleno agosto, la Consejería propuso a los sindicatos crear un grupo de trabajo exprés: una ronda de tres reuniones, con fecha de inicio y fin (30 de septiembre).
Los sindicatos piden que al menos al menos la mitad de los puestos entre los intervalos de niveles 26 a 29, incluidas las jefaturas de servicio, sean provistos en las nuevas RPT por concurso ordinario de méritos. La segunda reunión está prevista para este jueves y, por ahora, los sindicatos no están satisfechos. De momento, la Junta se opone a proveer esos puestos por concurso ordinario, y prefiere el concurso específico.
Para los sindicatos, esta propuesta reincide en el problema: el concurso específico permite introducir una elevada dosis de subjetividad mediante la valoración de memorias o entrevistas personales, que tendrían más del 55% del peso, según fuentes sindicales.
La adjudicación de plazas mediante puestos de libre designación está pensada para puestos de responsabilidad reservados a altos funcionarios, pero en Andalucía se usa también para asesores técnicos o jefes de servicio. También hay un buen número de PLD en los niveles 16 a 18, donde se incardina el personal administrativo de confianza de altos cargos. En cualquier caso, no se trata de cargos electos ni de confianza, que se rigen por contratos eventuales, sino de plazas destinadas a funcionarios.
La libre designación está prevista como un mecanismo “ordinario” de provisión que se aparta de la rigidez de los criterios generales de adjudicación de plazas públicas. El cargo político que nombra, generalmente con rango de viceconsejero, tiene la facultad de “apreciación discrecional” de la “idoneidad y de las competencias” de los candidatos “en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto”, según la nueva Ley de Función Pública Andaluza. De la misma forma puede cesarlos.
Los sindicatos piden que al menos al menos la mitad de los puestos entre los intervalos de niveles 26 a 29, incluidas las jefaturas de servicio, sean provistos en las nuevas RPT por concurso ordinario de méritos. La segunda reunión está prevista para este jueves y, por ahora, los sindicatos no están satisfechos. De momento, la Junta se opone a proveer esos puestos por concurso ordinario, y prefiere el concurso específico.
Para los sindicatos, esta propuesta reincide en el problema: el concurso específico permite introducir una elevada dosis de subjetividad mediante la valoración de memorias o entrevistas personales, que tendrían más del 55% del peso, según fuentes sindicales.
La adjudicación de plazas mediante puestos de libre designación está pensada para puestos de responsabilidad reservados a altos funcionarios, pero en Andalucía se usa también para asesores técnicos o jefes de servicio. También hay un buen número de PLD en los niveles 16 a 18, donde se incardina el personal administrativo de confianza de altos cargos. En cualquier caso, no se trata de cargos electos ni de confianza, que se rigen por contratos eventuales, sino de plazas destinadas a funcionarios.
La libre designación está prevista como un mecanismo “ordinario” de provisión que se aparta de la rigidez de los criterios generales de adjudicación de plazas públicas. El cargo político que nombra, generalmente con rango de viceconsejero, tiene la facultad de “apreciación discrecional” de la “idoneidad y de las competencias” de los candidatos “en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto”, según la nueva Ley de Función Pública Andaluza. De la misma forma puede cesarlos.
520 nombramientos al año
Desde que Moreno llegó al poder, haciendo bandera de la regeneración y la despolitización de la administración, el número de nombramientos mediante libre designación (PLD, en la jerga) se ha disparado. Desde 2020 el Gobierno andaluz ha nombrado así a una media de 520 funcionarios al año. En 2023 tocó techo: 631 nombramientos, según las cifras que aportó el SAF a este medio en su día. Al ritmo de las últimas semanas, esa cifra quedaría superada en 2024.
A fecha de 18 de septiembre, la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía recoge que hay 2.752 funcionarios en plazas PLD, 125 exPLD y 196 en puestos que los sindicatos asimilan a PLD (73 provenientes del Decreto 365 y 123 que ocupan plazas de nivel 27 y 28 a los que se aplica el Decreto 2/02). En total, serían 3.073, en torno al 7,3% del total de las plazas asignadas a funcionarios. Sin embargo, el SAF aumenta el porcentaje efectivo al 16%, pues una parte de la plantilla está desdotada: es decir, las plazas no están cubiertas.
Según un desglose aportado por CCOO, donde más se concentran es en el nivel 28, donde hay 1.096 PLD. Por consejerías, destaca la de Economía, con 307 plazas. Actualmente, la práctica totalidad los puestos de trabajo de los niveles 27 a 30 de la administración de la Junta de Andalucía, incluyendo todas las jefaturas de servicios, se cubren mediante libre designación. También un tercio de los puestos de nivel 26.
Según pudo comprobar este medio con las relaciones de puestos de trabajo, en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, el 26% de las plazas se ocupan por PLD. En la Secretaría General para la Administración Pública, el 36,80%. En el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, el 29,09%. Son, precisamente, los departamentos encargados de perfilar las características de la plantilla de la administración andaluza.
A fecha de 18 de septiembre, la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía recoge que hay 2.752 funcionarios en plazas PLD, 125 exPLD y 196 en puestos que los sindicatos asimilan a PLD (73 provenientes del Decreto 365 y 123 que ocupan plazas de nivel 27 y 28 a los que se aplica el Decreto 2/02). En total, serían 3.073, en torno al 7,3% del total de las plazas asignadas a funcionarios. Sin embargo, el SAF aumenta el porcentaje efectivo al 16%, pues una parte de la plantilla está desdotada: es decir, las plazas no están cubiertas.
Según un desglose aportado por CCOO, donde más se concentran es en el nivel 28, donde hay 1.096 PLD. Por consejerías, destaca la de Economía, con 307 plazas. Actualmente, la práctica totalidad los puestos de trabajo de los niveles 27 a 30 de la administración de la Junta de Andalucía, incluyendo todas las jefaturas de servicios, se cubren mediante libre designación. También un tercio de los puestos de nivel 26.
Según pudo comprobar este medio con las relaciones de puestos de trabajo, en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, el 26% de las plazas se ocupan por PLD. En la Secretaría General para la Administración Pública, el 36,80%. En el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, el 29,09%. Son, precisamente, los departamentos encargados de perfilar las características de la plantilla de la administración andaluza.
“Los funcionarios quieren prosperar sin tener que significarse políticamente”
Para los sindicatos, son cifras inaceptables. En primer lugar, porque provoca un bloqueo en la carrera de muchos funcionarios. “La carrera de un A1 [antiguos licenciados, que pueden ocupar puestos de niveles 22 a 30] se corta en el nivel 25, porque a partir de ahí el 90% de las plazas se cubre por PLD”, explica Rocío Luna, secretaria general de ISA. “Cualquier otra administración cubre puestos hasta nivel 28 por concurso, pero aquí parece que tienen un miedo atroz”, subraya Miguel Ibáñez, de SAF:
Luego está la lectura política, que pivota sobre la certeza de que un funcionario designado jefe de servicio (por ejemplo) de manera discrecional deberá su puesto a quien lo nombró, generalmente el viceconsejero de turno. “El colectivo quiere que se tenga en cuenta el desempeño y prosperar sin tener que significarse políticamente o plegarse a los intereses de nadie. Pretendemos una administración más profesional. Los que venían presumiendo de transparencia están fomentando el oscurantismo y la subjetividad”, remata Pablo López del Amo, de CCOO.
Luego está la lectura política, que pivota sobre la certeza de que un funcionario designado jefe de servicio (por ejemplo) de manera discrecional deberá su puesto a quien lo nombró, generalmente el viceconsejero de turno. “El colectivo quiere que se tenga en cuenta el desempeño y prosperar sin tener que significarse políticamente o plegarse a los intereses de nadie. Pretendemos una administración más profesional. Los que venían presumiendo de transparencia están fomentando el oscurantismo y la subjetividad”, remata Pablo López del Amo, de CCOO.
La promesa del PP en su programa de 2018
La sospecha de politización de la administración andaluza fue abonada de forma persistente por el PP cuando hacía oposición a los gobiernos andaluces socialistas. La idea era que el PSOE había tejido una tela de araña en la administración y que miles de funcionarios le debían obediencia ciega.
El argumento era tan central que Moreno llevó el asunto en su programa electoral de 2018. “La libre designación debe dejar de ser en Andalucía la forma más común de provisión de puestos de mayor categoría y responsabilidad”, decía. Pero el programa de 2022, tras cuatro años en el poder, dejó de recoger ese compromiso, que ahora está más lejos de alcanzarse que antes de su llegada al poder.
En los últimos años, el Gobierno andaluz ha ensanchado las bases para este tipo de nombramientos, a pesar de las cortapisas que iban poniendo los tribunales. Así, en junio de 2023 blindó por ley la posibilidad de asignar plazas a dedo a funcionarios no solo de su propia plantilla, sino también provenientes de otras administraciones. Lo hizo introduciendo una autoenmienda de última hora a la Ley de Función Pública, y después de que el Tribunal Superior Andaluz censurara esa práctica por carecer (hasta junio de 2023) de habilitación legal, y anulara al menos media docena de nombramientos.
Aunque en teoría la libre designación debe motivarse, en la práctica se recurre a motivaciones genéricas y vacías de contenido. Esto también empieza a ser censurado por los tribunales. En primavera, el TSJA anuló la adjudicación de una plaza porque la motivación se limitaba a reseñar que el elegido era el candidato “más idóneo” y tenía experiencia y formación adecuadas, según informó Diario de Sevilla.
El argumento era tan central que Moreno llevó el asunto en su programa electoral de 2018. “La libre designación debe dejar de ser en Andalucía la forma más común de provisión de puestos de mayor categoría y responsabilidad”, decía. Pero el programa de 2022, tras cuatro años en el poder, dejó de recoger ese compromiso, que ahora está más lejos de alcanzarse que antes de su llegada al poder.
En los últimos años, el Gobierno andaluz ha ensanchado las bases para este tipo de nombramientos, a pesar de las cortapisas que iban poniendo los tribunales. Así, en junio de 2023 blindó por ley la posibilidad de asignar plazas a dedo a funcionarios no solo de su propia plantilla, sino también provenientes de otras administraciones. Lo hizo introduciendo una autoenmienda de última hora a la Ley de Función Pública, y después de que el Tribunal Superior Andaluz censurara esa práctica por carecer (hasta junio de 2023) de habilitación legal, y anulara al menos media docena de nombramientos.
Aunque en teoría la libre designación debe motivarse, en la práctica se recurre a motivaciones genéricas y vacías de contenido. Esto también empieza a ser censurado por los tribunales. En primavera, el TSJA anuló la adjudicación de una plaza porque la motivación se limitaba a reseñar que el elegido era el candidato “más idóneo” y tenía experiencia y formación adecuadas, según informó Diario de Sevilla.
