El Sindicato Andaluz de Funcionarios, CSIF, Iniciativa Sindical Andaluza, CC.OO. y UGT piden que la mitad de las jefaturas de Servicio se cubran mediante concursos de méritos
La proliferación de puestos de libre designación (PLD) ha conseguido algo inédito: poner de acuerdo a todos los sindicatos de la Administración General de la Junta (las consejerías) en contra del Gobierno de Juanma Moreno (PP). El pasado 26 de julio, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), CSIF, Iniciativa Sindical Andaluza, UGT y CCOO remitieron una carta a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta en la que exigían «un cambio inmediato» o, de lo contrario, adoptarían «medidas de presión».
En su escrito, las citadas organizaciones laborales se quejaban de que el Gobierno regional ha desoído «hasta la saciedad» su petición para que los puestos de funcionario por debajo del nivel 30 para unos y del 29, para otros sean provistos mediante concursos de méritos.
«Estamos ante la Administración Pública más politizada de España, si entendemos por politización que la asignación de estos puestos se atiene a criterios de idoneidad apreciados por el cargo político que los nombra y que pueden ser cesados discrecionalmente por el mismo y que se realiza al margen de todo procedimiento basado en los principios de mérito y capacidad», subrayan en el escrito remitido a la Consejería donde recaen las competencias de Función Pública en la Junta de Andalucía.
«La mayoría de las administraciones lo usa para cubrir jefaturas de servicio o consejeros técnicos (nivel 28), pero la andaluza está empleando este sistema desde el nivel 26, incluyendo a asesores técnicos», señala a ABC el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios, Moisés García Losada.
En su escrito, las citadas organizaciones laborales se quejaban de que el Gobierno regional ha desoído «hasta la saciedad» su petición para que los puestos de funcionario por debajo del nivel 30 para unos y del 29, para otros sean provistos mediante concursos de méritos.
«Estamos ante la Administración Pública más politizada de España, si entendemos por politización que la asignación de estos puestos se atiene a criterios de idoneidad apreciados por el cargo político que los nombra y que pueden ser cesados discrecionalmente por el mismo y que se realiza al margen de todo procedimiento basado en los principios de mérito y capacidad», subrayan en el escrito remitido a la Consejería donde recaen las competencias de Función Pública en la Junta de Andalucía.
«La mayoría de las administraciones lo usa para cubrir jefaturas de servicio o consejeros técnicos (nivel 28), pero la andaluza está empleando este sistema desde el nivel 26, incluyendo a asesores técnicos», señala a ABC el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios, Moisés García Losada.
Propuesta
En su misiva, todos los sindicatos echaron en cara al Ejecutivo su compromiso de reducir los PLD cuando el PP se presentó a las elecciones andaluzas de 2018. Por último, solicitaron a la Junta que «como mínimo, el 50% de las jefaturas de Servicio y puestos entre los niveles 26 a 29 sean provistos por concurso ordinario de méritos.
A este respecto, las citadas organizaciones laborales ponían de relieve que gran parte de los puestos de libre designación tiene un contenido burocrático y no requiere «ninguna relación de afinidad» con la autoridad política, como son las asesorías técnicas y la «inmensa mayoría de jefaturas de Servicio»
