Esta ley, que entró en vigor ayer, fue aprobada por el Pleno del Parlamento andaluz el pasado 31 de mayo con los votos a favor del PP-A y el PSOE-A y con el rechazo del resto de grupos parlamentarios

En el plano sindical, contó con el apoyo expreso de CSIF, ISA, CCOO y UGT y la única oposición del SAF. Durante estos seis últimos meses se ha demostrado «que teníamos razón cuando denunciábamos la chapuza jurídica que suponía su aprobación», denuncian desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios.

En primer lugar, el Gobierno central ha cuestionado la constitucionalidad de numerosos artículos (76, 79, 80, 101, 123, 130, 147, 151 y 152, así como las disposiciones adicionales quinta, vigesimotercera, vigesimoctava y trigésimo séptima). Por ello, la Junta de Andalucía se ha visto obligada a «iniciar negociaciones» para tratar de evitar un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC).

En segundo lugar, la Junta de Andalucía no tuvo más remedio que recurrir recientemente a la vía del Decreto Ley 10/2023 para enmendar otras tres disposiciones (art. 17, D.T. 14ª y D.T. 15ª y Disp. Final 5ª).

En tercer lugar, el propio Grupo Parlamentario Popular ha registrado recientemente enmiendas a la Ley de Presupuestos que implican la modificación de distintos artículos de la LFPA.

Cascada de modificaciones

«Además de la cascada de modificaciones del articulado de la ley, su incipiente desarrollo ha sido y seguirá siendo fuente de conflicto. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, no ha perdido ocasión en estos meses para azuzar a la ciudadanía contra el personal funcionario a cuenta de la evaluación del desempeño hasta tal punto que, incluso algún sindicato padre y defensor de esta ley, se ha visto obligado a empezar a marcar distancias«, subrayan desde el SAF. 

El año 2024 será fundamental en el desarrollo de cuestiones fundamentales de la LFPA (carrera profesional, la evaluación del desempeño, teletrabajo…). «Estamos listos para seguir dando la batalla en defensa de los derechos de nuestro colectivo con todos los medios a nuestro alcance», concluyen.

 

 

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