Los más de mil interinos que llevan años (algunos, tres décadas) encadenando contratos con la Junta de Andalucía ven cómo se aleja la posibilidad de que una nueva convocatoria extraordinaria les permita estabilizar las plazas que han venido ocupando, y de las que van a ir cesando en las próximas semanas. El asunto ha entrado ya en el terreno de la confrontación entre instituciones y partidos, en el que PSOE y PP, Gobierno central y Junta de Andalucía, se señalan para atribuir al otro la responsabilidad en la contratación en fraude de ley de estas personas o en la incapacidad y lentitud para resolver el problema.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha enviado una carta a José Antonio Nieto, consejero andaluz de Función Pública, en la que le dice que “no le corresponde” [al Ministerio] responder a las consultas sobre si puede aplicarse el marco excepcional estatal a una nueva convocatoria, y le afea no haber actuado cuando se abrió una ventana de oportunidad. La ministra se declara sorprendida de la carta del consejero del pasado 19 de abril.
La misiva, adelantada por ABC y a la que ha tenido acceso este diario, está redactada con un tono duro alejado del habitual entre instituciones. Contiene un buen puñado de reproches. “Este Gobierno ha sentado las bases para la reducción de la temporalidad”, dice Montero, pero “la obligación y la responsabilidad” de aplicar la reforma era de la Junta de Andalucía, a la que invita a “ejercer con responsabilidad sus competencias”. No lo hizo “en tiempo y forma”, desliza la ministra.
El problema atañe a 1049 interinos con más de un lustro de antigüedad en la Junta, la mayoría mujeres y con más de 50 años, que no han logrado su plaza en sus convocatorias de estabilización, ejecutadas por la Junta de Andalucía antes de que entrara en vigor la normativa estatal que fijaba un marco mucho más generoso para ellas porque les permitía acceder a la plaza únicamente por concurso.
En las últimas semanas, la Junta de Andalucía había explorado con los sindicatos una solución buscando la complicidad del Gobierno central, lo que también le permitía sacudirse gran parte de la presión desviando el foco. La carta de Montero aleja esta posibilidad, y viene con nubarrones de confrontación política.
“No corresponde al Gobierno” pronunciarse
La carta de la ministra está fechada el pasado 27 de abril, y es la respuesta a la que enviaron el pasado día 19 la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, CCOO e ISA, en la que planteaban al Ministerio dos cuestiones, tal y como avanzó este medio: ¿Cuáles son los plazos obligatorios de la Ley de estabilización? Y ¿pueden convocarse nuevamente las plazas ocupadas por interinos desde antes de 2016, aunque ya se hubieran convocado con anterioridad? En otras palabras: la Junta de Andalucía quería saber si el Gobierno pondría algún problema a que aplicase de forma flexible la ley de estabilización, o miraría para otro lado.
Estrictamente, María Jesús Montero no responde. “Respecto a los permisos que pides o las consultas que planteas, comprenderás que no le corresponde al Gobierno de España” pronunciarse preventivamente sobre cuestiones que podrían formularse a los servicios jurídicos, le dice. A mediados de abril, los sindicatos ISA, CCOO, UGT y CSIF se reunieron con Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Pública, para abordar este asunto. Al final del encuentro, aseguraron que Sánchez había trasladado su “firme compromiso” para “dar una solución”, “cumpliendo con las máximas garantías legales”. Son los tribunales quienes, en su caso, deberán decidir si una nueva convocatoria extraordinaria se ajusta a la ley, y el sindicato SAF ya ha advertido de que la impugnaría.
Además, la ministra replica a Nieto que ya respondió el año pasado a las dudas de la Junta, que había preguntado “por correo electrónico” el 28 de marzo de 2022 si podía extender las ofertas de estabilización extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2022. “Cuesta entender por qué si el 28 de marzo de 2022 la Comunidad Autónoma de Andalucía necesitaba una respuesta urgente (…) haya transcurrido más de un año”, dice Montero, “sin ser capaz ni haber mostrado voluntad de resolver el problema que ahora te apremia”.
Montero achaca la temporalidad a los recortes de 2012
Más allá de la respuesta, la ministra aprovecha la carta para reivindicar el “compromiso” del Gobierno por la estabilización del empleo público, que en España ha adolecido históricamente de una altísima tasa de temporalidad puesta en cuestión por las instituciones europeas. A la vez, Montero reprocha a la Junta de Andalucía, gobernada ahora por el PP, indolencia y dejadez por no usar las herramientas que tenía a mano para solucionar a este asunto. Es decir, por no haber usado la Ley 20/21.
Montero asegura que la situación de la alta tasa de temporalidad en la Junta está motivada por “los recortes que llevó a cabo el Partido Popular en el año 2012”, que implicaban una limitación de la tasa de reposición “fuera de toda realidad”. La temporalidad llegó a alcanzar el 33% en algunas administraciones autonómicas después de que estas restringieran sus convocatorias de empleo público por los recortes.
Sin embargo, la temporalidad en las administraciones públicas españolas es un problema que viene de muy antiguo, y se agravó con la limitación de la tasa de reposición. En 2005, un informe de expertos previo a la aprobación Estatuto del Empleado Público alertaba de la alta tasa de temporalidad o precariedad en el empleo público, apuntando a la responsabilidad de todas las administraciones. Sus propuestas se ignoraron y la temporalidad siguió creciendo.
Montero: “Me sorprende”
Después de varios tirones de orejas de la Comisión y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno central abordó al fin el problema de la temporalidad en el empleo público a finales de 2021. Aprobó un decreto-ley que fija un marco excepcional y generoso para los interinos que durante muchos años han encadenado contratos temporales. La norma ha funcionado en casi todas las administraciones, permitiendo estabilizar a decenas de miles de funcionarios mediante concurso en comunidades autónomas, general, administraciones locales, universidades e, incluso, Sanidad, Educación y agencias de la propia Junta de Andalucía.
“Me sorprende que consideres que la Ley 20/2021 es ineficaz”, le espeta ahora Montero a Nieto. La ley no ha servido para los interinos de la administración de la Junta porque la Consejería andaluza (entonces liderada por Elías Bendodo) convocó los procesos de estabilización antes de su entrada en vigor. La administración autonómica explica que lo hizo así porque venía obligada por la reserva presupuestaria hecha por el último Gobierno de Susana Díaz.
En perspectiva, ahora se ve como una precipitación que ha afectado a los intereses de casi de un millar de interinos andaluces de cuya temporalidad abusó la Junta durante décadas. Se consideran víctimas, y protestan por el agravio comparativo con los interinos de otras administraciones que lo tuvieron más fácil para estabilizar su plaza. La alternativa para ellos es integrar una bolsa prioritaria que tendrá validez hasta final de 2024.
