Unos 40 funcionarios que están desempeñando funciones de directivos en la Junta de Andalucía podrían haber llegado a su cargo "nombrados a dedo" y sin "cumplir los requisitos".

Así lo denuncia el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que ha tenido conocimiento en las últimas semanas de que en varias consejerías hay personal funcionario (o estatuario) procedentes de otras administraciones mediante el procedimiento de libre designación. "Están ocupando puestos directivos para los que no reúnen los requisitos establecidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía", denuncia SAF. 

Ya en octubre de 2021, dicho sindicato tuvo una sentencia en firme tras presentar un recurso contra un nombramiento de un funcionario de la administración del Estado en un puesto que no tenía en la RPT el código AE. La sentencia declaró nulo el nombramiento, siendo tajante ante el argumento que esgrimía la administración sobre un decreto de 1994, por el que se permitía que los puestos provistos por libre designación pudieran ser ocupados por personal de otras administraciones.  

Tras tener conocimiento de la presunta ilegalidad de unos 40 funcionarios, SAF ha presentado un escrito ante la viceconsejería de la Junta de Andalucía solicitando que "se analicen los posibles casos de personal funcionario que estén ocupando un puesto de libre designación, siendo funcionarios de otro ámbito y sin que las RPT lo contemple para dicho ámbito, en el apartado 'tipo administración', y proceda a iniciar procedimiento de revisión de oficio de nulidad de pleno derecho de los mismos por no reunir los requisitos para su desempeño.". 

También exigen que "no realicen en el futuro nombramientos de puesto de libre designación en personal de otras administraciones para aquellos puestos en que las RPT no lo permiten, por estar prohibido tanto por la normativa expuesta como por la doctrina constitucional y jurisprudencia citada". 

Con los precedentes de la sentencia en firme de octubre de 2021, el referido sindicato entiende que con el nombramiento de funcionarios por libre designación sin reunir los requisitos del puesto, la Junta incurriría en un posible delito de prevaricación. SAF ha dejado claro que, ante esto, se reserva el derecho de ejercer las acciones judicial que procedan en el ámbito contencioso-administrativo o penal.