El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) anunció este domingo que pedirá responsabilidades a la Consejería de Presidencia, dirigida por Elías Bendodo, tras la “sentencia histórica” del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenó a la Junta por “vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical consagrado en el artículo 28 de nuestra Constitución” y lo hizo “en plenas elecciones sindicales de 2019”.

El alto tribunal andaluz ha declarado que la Junta vulneró el derecho constitucional a la libertad sindical al negar al SAF un correo institucional y una lista de distribución para ponerse en contacto con todos los trabajadores públicos andaluces de cara a las elecciones del 18 de diciembre de 2019 en la Junta.

“Han pasado más de 16 meses y seguimos sin lista de distribución”, lamentan fuentes del SAF a este periódico.

En un comunicado, el sindicato atribuye lo sucedido a la “campaña de intento de acoso y derribo” por parte del “gobierno del cambio” contra el SAF.

Explica que "el 8 noviembre de 2019, 40 día antes de las elecciones sindicales del 18 de diciembre, el SAF solicitó a Función Pública que pusiera a su disposición y con la máxima urgencia (y por supuesto antes del inicio de la campaña electoral), una dirección de correo genérica o institucional (también llamada lista de distribución) a la que poder remitir información sindical electoral" y a la que estuvieran suscritos todos los funcionarios de los servicios centrales de la Administración General, así como ocho direcciones de correo electrónico a las que estuviesen suscritos la totalidad del personal de las ocho provincias andaluzas.

Ante la callada por respuesta, se reiteró de nuevo el día 3 de diciembre de 2019, sin respuesta de nuevo. 

Añade el comunicado que “una vez pasada, y de largo, tanto la campaña electoral como el día de las elecciones”, la Junta le envió un escrito el 8 de enero de 2020 en el que anunciaba que “una vez se hayan culminado todas las acciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la lista de distribución, se le comunicará su puesta a disposición”, hecho que aún no se ha producido.

Según el texto, con esta sentencia “queda acreditado el grave perjuicio al SAF en plena campaña electoral”, en una forma de proceder por parte de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior que “pudo tener consecuencias en los resultados electorales” al no poder hacer llegar su programa a la totalidad del personal funcionario.

Por ello, va a “exigir que se depuren todas las responsabilidades de las personas que han estado detrás de este auténtico atentado a la libertad sindical contra el Sindicato Andaluz de Funcionarios, y que igual vulneran los derechos fundamentales (en este caso) que la normativa específica en otros, como la convocatoria del Concurso de Méritos, dilatando en el tiempo por su ineptitud y su ineficacia”.

Descarga AQUÍ la noticia de Amanda González de Aledo en Diario de Sevilla.