Pincha AQUÍ PARA ACCEDER a la entrevista en EL LIBRE. 

Carlos Sánchez: «La única solución que está buscando el Gobierno de Moreno Bonilla es mantener a los enchufados»

El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Carlos Sánchez, analiza la actitud del Gobierno andaluz con respecto a la Administración paralela en la primera parte de esta entrevista con EL LIBRE

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) nace en enero del año 2003, porque había un vacío en la defensa de los derechos de los funcionarios en relación con los demás sindicatos de clase, que defienden a un colectivo más amplio. Hacía falta un sindicato profesional independiente. Primero se llamó SAFJA y, cuando el radio de actuación se amplió a cualquier funcionario más allá de la Junta de Andalucía, cambió sus siglas por SAF. Su presidente actual, Carlos Sánchez, da buena cuenta de los temas de actualidad que afectan a los funcionarios.

-¿Cuáles son las mejoras principales que habéis conseguido para el funcionario andaluz?

-La gente solo ve los beneficios que tiene ser funcionario, pero ese puesto nos lo hemos ganado en unas oposiciones, no somos privilegiados. Eso significa estudiar muchos años, dejar de estar con tu familia y con tus amigos, dejar de salir y encerrarte en tu casa o en una biblioteca. La figura del funcionario está denostada por parte de los políticos, que, cuando hay crisis, nos meten mano a nosotros en primer lugar, que es lo más fácil. Nos recortan sin ningún tipo de negociación ni acuerdo, pero lo aceptamos. También hemos luchado mucho contra la corrupción en la Junta de Andalucía durante el tiempo que ha estado gobernando el PSOE. Hemos luchado mucho contra el enchufismo, ahí están nuestras denuncias contra la Faffe, por ejemplo. Hemos luchado siempre por que las potestades públicas sean del funcionario y que no recaigan en otros trabajadores que no están investidos de esa autoridad para realizarlo.

-¿Cuánto afecta el enchufismo a la calidad del servicio público?

-Muchísimo. Al fin y al cabo, un puesto de libre designación no deja de ser un funcionario de carrera. El problema está más arriba, cuando te nombran a un alto cargo que nada tiene que ver con la materia que va a tratar. Yo tuve a dos directores generales en la Consejería de Agricultura que eran profesores de Inglés. Uno de ellos tenía una filiación familiar con Felipe González. Y así todo. Eran personas que desconocían absolutamente la materia en la que iban a estar como altos cargos. ¿Quiénes hacían su trabajo? Los jefes de servicio y los coordinadores, que esos sí son funcionarios. Y todo eso repercute en la calidad del servicio público que prestamos, se resiente la ciudadanía. Qué menos que los directores generales sean funcionarios también, como se les exige a los secretarios generales técnicos de las consejerías. Y sigue igual. Porque solo hay que ver los currículos de los altos cargos del nuevo Gobierno de la Junta, el Gobierno del re-cambio, para darse cuenta de que todo sigue igual.

-Ustedes han denunciado las convocatorias de empleo exprés y la Fiscalía ha admitido esa demanda…

-Eso está en manos de la justicia. El Gobierno de PP y Ciudadanos venía a regenerar, a desterrar todo lo que había, y no han hecho absolutamente nada. Los enchufados siguen trabajando a sus anchas, es decir, mano sobre mano. Hay miles así en la Junta de Andalucía. Ellos presumen de haber liquidado un montón de chiringuitos de la Administración paralela, pero la mitad no estaban operativos. A la gente no la liquidan, la mandan a un chiringuito de acogida. Echaron a Bernat Soria, el trabajador fantasma, pero hay un montón más. Ellos tienen la documentación. Cuando presentamos la denuncia en mayo de 2018, nos apoyaron. Pero ahora están en el Gobierno y no han dicho absolutamente nada. Es más, están buscando una solución para que se queden trabajando.

-¿Cuál es el motivo real por el que el Gobierno de Moreno Bonilla no está haciendo una limpia de enchufados en la Junta?

-PP y Ciudadanos hablan de que no van a hacer despidos ideológicos, pero es que hay enchufados ideológicos en la Junta. No tienen que mirar la ideología, sino cómo accedieron a la Administración, porque ahí hay de todo. Pueden encontrarse hasta con alguna sorpresa. Nosotros estamos pidiendo que la gente que haya entrado de manera ilegal, sin cumplir los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y todas las normas que rigen el acceso a la función pública, se vayan a la calle. Porque se están poniendo en riesgo la profesionalidad y la calidad de la Administración, porque el que ha entrado enchufado no acredita ningún mérito. Lo que nos dicen es que tienen miedo de que «si lo despido, se vaya a la justicia y esta le dé la razón y tenga que admitirlo otra vez». No están buscando ninguna solución. La única solución que están buscando es mantener a los enchufados, mantener la corrupción que han heredado. Desde que entraron en enero de 2019, están diciendo que iban a acabar con la corrupción, pero no han hecho nada. Es más, les están buscando la solución que el PSOE no les dio.

-¿Qué solución?

-Dejarlos fijos. Están haciendo una nueva Ley de Función Pública que están negociando con sus sindicatos de cámara: CCOO, UGT y CSIF. A nosotros nos han dejado al margen. Y en esa ley se establecerán las potestades públicas y lo que pueden o no pueden hacer los trabajadores de la Junta que no sean funcionarios. Y por ahí nos la van a colar, estamos seguros. Esa va a ser la solución que van a encontrar.

-¿Por qué os dejan fuera de esa negociación?

-Ellos dicen que esa Ley de Función Pública abarca todos los sectores de la Administración y, entonces, es una competencia de la mesa general. Pero nosotros creemos que esa ley no va a afectar a todos los sectores, porque la anterior solo afectaba a nuestro sector. Y eso se ve en nuestra mesa sectorial. Es que es más fácil negociar con tres sindicatos que con más. Y, cuando tengamos el borrador, a ver si es verdad que afecta a Sanidad, Educación o a Justicia. Porque, si no afecta a los cuatro sectores, el SAF no se va a quedar con los brazos cruzados. Estamos hartos de pedirle a la Secretaría General de la Administración Pública que participemos en la negociación de esa ley, tanto nosotros como otros sindicatos.

-También os han dejado fuera de la mesa de negociación del cambio normativo en el teletrabajo, ¿no es así?

-Exacto. También nos han quitado de en medio, porque se la han llevado a mesa general porque dicen que va a afectar a todos los sectores. Conjuntamente con la Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) -que también están en nuestra mesa sectorial-, hemos solicitado por escrito estar presentes en esa negociación, porque eso va a afectar a nuestro sector. Y así todo. En ese sentido, no ha habido cambio, porque es el mismo trato que recibíamos del gobierno anterior. Nosotros hemos hablado siempre con todos los partidos y el PSOE solo nos recibió una vez y ha sido ahora, cuando están en la oposición. Cuando gobernaba, nos vetaba en el Parlamento. Ahora sí me invitan, porque hay otra mayoría y algo tenemos que decir, porque representamos a un gran número de trabajadores. Pero en el ámbito de la negociación, la vida sigue igual.

-¿Ha habido dejadez en la regulación del teletrabajo?

-Lo que se ha aprobado a nivel nacional como una norma básica es el derecho al teletrabajo, pero el porcentaje que se debe aplicar lo tiene que fijar el gobierno de cada comunidad autónoma. Aquí en Andalucía no había nada regularizado y llevamos años pidiéndolo. En otras administraciones, el teletrabajo está regulado desde el año 2012. Para que la Administración siguiera funcionando durante el confinamiento, los funcionarios tuvieron que poner el ordenador, la conexión a internet, la luz… Su casa como si fuera una oficina. Y no les han compensado económicamente. Pero que no se le olvide a la gente que ese esfuerzo lo hizo el funcionario. Con los ERTEs hubo funcionarios trabajando de lunes a domingo (mañana, tarde y noche) para que medio millón de andaluces pudieran comer y tuvieran un sueldo. Eso ha sido un trabajo ni pagado ni agradecido por parte de la Junta. Los sanitarios exponen su salud y no nos podemos comparar con ellos, pero el trabajo ingente que han hecho los funcionarios con los ERTEs ha sido brutal. Para que el lector se haga una idea, en Córdoba se tramitaron 13 ERTEs en todo el año 2019. Y en 2020, se han tramitado casi 20.000. Y el que lo ha hecho, no ha sido por dinero, sino por sentido de la responsabilidad. Estos funcionarios se partieron la cabeza y el lomo para que esto saliera adelante. Y no ha habido un reconocimiento de verdad ni por parte del Gobierno de la Junta ni por parte del Parlamento de Andalucía.




Comparte este artículo: