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La Fiscalía de Sevilla entiende que el sistema de contrataciones de urgencia implantado por el Ejecutivo andaluz de PP y Cs en plena pandemia, consistente en solicitudes por correo electrónico y en función del orden de llegada, supone un “atentado al derecho de igualdad de acceso a la función pública”. Las denominadas contrataciones exprés provocaron las quejas de la oposición, el Defensor del Pueblo Andaluz o los sindicatos, que no dudaron en llevar esos procesos de selección de funcionarios interinos ante la justicia al considerar que eran una puerta de entrada al enchufismo. Y ahora el ministerio público les da en parte la razón al estimar la denuncia por vía contencioso administrativa del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) contra la selección de personal que nada tenía que ver con la pandemia, desde arquitectos a ingenieros.
Desde el SAF han recurrido todas las convocatorias extraordinarias de personal acometidas desde finales de junio por vulneración de derechos fundamentales, al considerar que no se cumplían los criterios de igualdad, méritos, capacidad o incluso publicidad. Censuraban que no sólo se excluían a mujeres embarazas, mayores de 60 años o enfermos crónicos, sino que el propio procedimiento era “inconstitucional y mal hecho”, explica Alfonso Calabuig, portavoz de la organización. “Hubo gente que cumplía los requisitos y se quedó fuera porque los servidores de los correos electrónicos se saturaron y no recogían los documentos adjuntos, por lo que eran excluidos al faltar documentación y sin siquiera derecho al pataleo”, explica.
La Fiscalía ahora se pronuncia a favor de estimar la veintena de demandas, como adelantó este martes Diario de Sevilla, y advierte que la situación de crisis provocada por el Covid-19 no justifica que se adjudiquen plazas como personal interino “sin tener en cuenta los méritos de los participantes” y estableciendo la adjudicación única y exclusivamente por “el orden de entrada de la petición” en un correo electrónico durante un plazo de 24 horas, detalla. Y apunta además que esa urgencia tampoco justifica que “con carácter definitivo se consolide una situación laboral en la esfera pública sin contar con los méritos de la persona”. “La selección de funcionarios interinos ha de realizarse, a tenor de lo que dispone la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, recuerda el ministerio fiscal.
La Junta de Andalucía amparó este proceso selectivo en dos decretos y resoluciones que, consensuados en la mesa sectorial, fomentaban la incorporación de forma más ágil de empleados públicos para atender las necesidades derivadas de la pandemia. “Pero más ágil dentro de la legalidad, y no por orden de llegada y en escalas y cuerpos no vinculados a la pandemia”, cuestiona el sindicato.
Inicialmente se recurrió a esta vía para la contratación de los famosos vigilantes de la playa, encargados de supervisar que se cumplían las medidas para evitar el contagio en las zonas de veraneo. También para personal sanitario o para las residencias de mayores. “Entendemos que debido a la urgencia se contratara de forma extraordinaria personal laboral o médicos, pero por esta fórmula se solicitaron también arquitectos, ingenieros de montes, industriales, técnicos superiores en administración financiera…cuerpos todos ellos que se salen de esas medidas contra el coronavirus”, añade el portavoz.
