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(Transcripción integra de la Noticia de OK Diario)

El Juez José Ignacio Vilaplana ha enviado a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar el caso de los 85 «enchufados» por la Junta socialista en la fundación para formar parados de la Junta de Andalucía, Faffe. Unas contrataciones presuntamente irregulares denunciadas por Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), en las que acusa a los socialistas de hacer estos enchufes «por razones de clientelismo político o nepotismo».

Este periódico ha contactado con la parte denunciante, que recuerda que, lo peor de todo, es que estas 85 personas «siguen trabajando en el Gobierno de Andalucía». La lista de estos 85 acusados consta de secretarios de empleo del PSOE, alcaldes, concejales, cuñados, amigos y todo tipo de parentescos, que terminaron trabajando en el sector público por el mero hecho de conocer a alguien.

«En pleno aluvión, vamos a seguir tirando de la manta», explican desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), desde donde dicen que aunque alguno de estos acusados ha llegado a llamarse pidiéndoles explicaciones de sus acusaciones, «nadie se ha querellado contra nosotros».

Así las cosas, el Juez José Ignacio Vilaplana ha remitido la citada denuncia y toda la documentación adjunta a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El objetivo: ampliar la investigación y practicar diligencias tendentes al total esclarecimiento de estos 85 supuestos «enchufes», en su mayoría familiares.

Con esta disposición, el instructor reactiva una investigación cuya denuncia se archivó en 2018 en apenas 48 horas, cuando todavía el PSOE gobernaba la comunidad. La presunta selección irregular del personal de esta fundación creada por el Gobierno de Manuel Chaves en 2003 con el objetivo de reciclar en el mercado laboral a desempleados y trabajadores andaluces, y que se financió con subvenciones por valor de más de 250 millones de euros.

Según han explicado desde el SAF a OKDIARIO, al menos 80 de estos enchufados tienen vínculos con el PSOE y lograron su puesto de trabajo «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación».

«Cuando hicimos la denuncia hubo un archivado en menos de 48 horas, es algo inaudito. Todavía gobernaba el PSOE. Nosotros pedimos la revisión, y el nuevo juez, del que tenemos un buen concepto porque nos consta que investiga y que es el juez de apoyo de la Juez Bolaños, como no podía ser de otra manera ha enviado a la Guardia Civil para investigar dónde está la documentación», explican desde el SAF.

Entre estos 85 presuntos enchufados se encuentran, entre otros, exalcaldes socialistas de localidades sevillanas o cordobesas, cuñados, esposas o hijas de otros alcaldes o altos cargos, los propios concejales del PSOE andaluz o incluso sobrinos y demás familiares de exconsejeros.