El juez Vilaplana ordena a la UCO indagar una denuncia que presentó el Sindicato Andaluz de Funcionarios.

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(Transcripción integra de la noticia)

Esposas, cuñados, sobrinos, hermanos, hijos, amigos de la infancia, alcaldes, concejales y hasta tránsfugas de otros partidos que, con su felonía, permitieron que el PSOE conquistara alcaldías. La consanguineidad dentro de la extinta fundación para formar parados de la Junta de Andalucía, la polémica Faffe, estaba a la orden del día.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) identificó con nombres y apellidos a 85 contratados «por razones de clientelismo político o nepotismo» en una denuncia archivada sólo 48 horas después de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla abriera unas diligencias previas al no apreciar indicios de delito.

Ahora otro magistrado, José Ignacio Vilaplana, ha remitido la citada denuncia y la documentación adjunta a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que «amplíen la investigación y practiquen diligencias tendentes al total esclarecimiento» de los 85 supuestos «enchufes». La mayoría de contratados continúa trabajando para la Junta. En mayo de 2011 pasaron de la Faffe al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Mediante una providencia del 16 de septiembre pasado, a la que ha tenido acceso ABC, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla da traslado de los documentos a la UCO, al Ministerio Fiscal, al resto de acusaciones y defensas. Al sindicato denunciante le advierte de que podrá personarse como «acusación popular» si deposita «una fianza no inferior a 3.000 euros».

Con esta disposición, el instructor reactiva la investigación de una de las ramas del caso Faffe solicitada por los letrados del PP y centrada en la selección del personal de esta fundación creada por el Gobierno de Manuel Chaves en 2003 para reciclar laboralmente a los desempleados y trabajadores andaluces y financiada con subvenciones que suman 252 millones de euros. El SAF denunció que al menos 80 de ellos tienen vínculos con el PSOE y lograron plazas en la Administración andaluza «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para su contratación».

En la larga relación facilitada al juzgado figuran los exalcaldes socialistas de las localidades sevillanas de Lebrija y Montellano, Antonio Torres y Francisco Aguilera Acevedo, y de Espejo, en Córdoba, Santiago Castro. También aparecen el cuñado, la esposa y un sobrino del exdirector general de la Faffe, Fernando Villén; la esposa del alcalde de Sevilla, Juan Espadas; las hijas del alcalde de San Juan de Aznalfarache, Juan Ramón Troncoso, y de la alcaldesa de Gélgar, María Membrive; concejales del PSOE en Adamuz, Camas y Aguilar de la Frontera; sobrinos del exconsejero de Gobernación Luis Pizarro, y dos familiares del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.

La Guardia Civil halló hasta 200 asalariados vinculados a este partido y sindicatos. El enchufismo era vox populi y obligaba a tomar cautelas dentro de la fundación. «No era bueno hablar mal de nadie porque nunca sabías qué relación podía tener esa persona con algún cargo de responsabilidad», reconoció un antiguo empleado a la Guardia Civil que investiga las irregularidades en ayudas para cursos de formación gestionados por la entidad.

Pagos en prostíbulos
Con su liquidación de la Faffe en 2011, el SAE absorbió a sus 1.667 laborales, cuya gestión está jalonada de irregularidades, que van desde el desvío de ayudas para formación hasta el uso de tarjetas oficiales en cinco prostíbulos con las que se abonaron 32.000 euros.

Por este asunto están citados mañana en el juzgado el exdirector general de la Faffe, Fernando Villén Rueda, y la directora económica-financiera de la entidad, Ana Valls Roc. «Con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos», ambos «idearon un sistema por el que simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por Villén, según expone Vilaplana en un auto de incoación del procedimiento para el juicio ante un jurado.

La lista del SAF bajo la lupa judicial
- Antonio Torres García. El exalcalde de Lebrija fue fichado por Fernando Villén como «director de Asuntos Exteriores» de la Faffe. No iba a trabajar y cobraba 4.000 euros al mes.
- Francisco Aguilera Acevedo. Exregidor socialista de Montellano. Según declararon compañeros suyos a la UCO, la mayor parte del horario laboral lo ocupaba durmiendo y leyendo la prensa.
- Santiago Castro. Exregidor de Espejo.
- Ana y María Dolores Cardero Rivas. Sobrinas del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas (PSOE).
- Mustapha El Karkri. Exsecretario de Inmigración de Agrupación del PSOE-A Julián Besteiro de Sevilla.
- Natividad García López. Primera teniente de alcalde del PSOE en Palma del Río.
- Leonor Lázaro,José Antonio Montesinos e Isabel Torralbo. Concejales de Ándujar, Aguilar de la Frontera y Adamuz.
- Manuel Villén Nogues, Concepción y Antonio José Ben Fernández. Sobrino, mujer y cuñado del exdirector de la Faffe, Fernando Villén Rueda, que era secretario de Empleo del PSOE andaluz.
- María del Carmen Ibanco. Esposa del alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas.
- María del Rocío Sayago. Amiga, paisana y secretaria del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
- Rosa María y María Eugenia Valdivieso. Según denuncia el SAF, ambas son familiares del exconsejero Gaspar Zarrías.
- Eduardo Cabeza. El exportavoz del PP en Camas entró a trabajar en la fundación tras ofrecer a los socialistas la Alcaldía.