Un grupo de funcionarios interinos ha presentado en el Parlamento de Andalucía una Iniciativa Legislativa Popular tras validarse 44.165 firmas recogidas por ellos. Pretenden que se debata en este periodo de sesiones aprobar por Ley una Oferta Pública de Empleo por concurso de méritos. Se trataría de estabilizar a 29.511 empleados públicos que según ellos se encuentran en fraude de Ley mediante un concurso de méritos a convocar en 2019.
La Mesa del Parlamento Andaluz ha abordado el escrito remitido por la Junta Electoral de Andalucía informando de que la Oficina del Censo Electoral ha certificado la validez de 44.165 firmas de las 51.630 presentadas por los interinos, con lo que se supera las 40.000 necesarias legalmente para una iniciativa popular. Por tanto, la Cámara autonómica deberá debatir la Iniciativa Legislativa Popular durante el actual período de sesiones, dado que se cuenta con un plazo de dos meses para fijar un pleno, según los plazos establecidos por ley. Según pudo saber ABC probablemente será la próxima semana.
Los interinos han expresado su confianza en que la propuesta reciba el respaldo unánime de los partidos
El portavoz de la comisión promotora, David Núñez, se ha mostrado satisfecho porque «ahora se abre el proceso para su debate y la oportunidad para dar una solución a casi 30.000 plazas estructurales ocupadas por funcionarios interinos en fraude de leypor abuso en la contratación temporal, una situación absolutamente injusta», ha asegurado. Asimismo, ha expresado su confianza en que la propuesta reciba el respaldo unánime de los partidos con representación parlamentaria.
Esta será la segunda ocasión en 31 años en la que se utilice el llamado «escaño 110», que permite a los ciudadanos defender en el hemiciclo iniciativas legislativas. Desde que la Ley de Iniciativa Legislativa Popular en Andalucía entrara en vigor (1988), sólo tres propuestas han sido admitidas a trámite por la Mesa del Parlamento, y sólo dos superaron la toma en consideración, siendo ésta una de ellas.
La comisión promotora de esta iniciativa mantendrá una ronda de reuniones con los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria con el fin de explicarles la situación de los funcionarios interinos en fraude de Ley, la proposición de ley en detalle y recabar el apoyo del conjunto de Grupos Parlamentarios para su aprobación unánime. De las casi 30.000 plazas en fraude de ley, 902 corresponden a la Administración General; 388 a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad.
Núñez ha recordado que los 30.000 funcionarios interinos aprobaron unas oposiciones, aunque sin plaza, como requisito para su nombramiento, por lo que defiende que ahora se utilice directamente el concurso de méritos para adjudicarlas definitivamente. Esta vía está contemplada en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, como medida extraordinaria y siempre que se apruebe por ley. Dicha convocatoria sería libre, de forma que se pudieran presentar todas aquellas personas que hayan ocupado puestos de funcionario interino, aunque hayan sido cesadas.
Reacción de los funcionarios
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ante esta propuesta, también ha solicitado por escrito reunirse con los cincos grupos políticos con representación en el Parlamento para hacerles llegar su preocupación e incertidumbre.
El posicionamiento del SAF, mayoritario en el sector, defiende la oposición «como el sistema selectivo más justo y por el que son seleccionados a los mejores funcionarios en los procesos de acceso libre a la administración.
SAF estima que el planteamiento que hace esta iniciativa popular «es totalmente injusta e inmoral y que serían muchos y gravísimos los perjuicios y perjudicados en caso de aprobarse». Otro de los grandes perjudicados sería el colectivo de opositores. «Son miles de personas las que con un gran esfuerzo físico, económico y familiar, están preparando oposiciones para alcanzar un trabajo digno en la administración andaluza. Muchos de ellos en situación de desempleo, sin prestación alguna, o con trabajos precarios y cargas familiares. Sin entrar en las academias preparatorias de oposiciones, abocadas al despido de preparadores como consecuencia de esta iniciativa, que pretende que el personal interino no demuestre más allá de sus méritos en una única fase de concurso», añade.
La gran damnificada
Para este sindicato, la gran damnificada es «la propia Administración andaluza, que se vería gravemente dañada. Los ciudadanos merecen la mejor administración, con los mejores profesionales, y para su selección el concurso como sistema de acceso a la condición de funcionario de carrera, es el peor de los sistemas, con diferencia». Los motivos o argumentos que resumen la justificación de la Iniciativa Legislativa Popular de intentar implementar el concurso (sin oposición) como único sistema de acceso, se resumen en dos afirmaciones «sonrojantes» para el SAF: «”Elevará los estándar de calidad”. Esta afirmación nos parece una falta de respeto intolerable a los funcionarios de carrera que actualmente prestan sus servicios en la administración andaluza y que tuvieron que pasar duros procesos selectivos. Y también falta al respeto a los miles de opositores la mayoría con un grado de preparación y formación notable. Lo que eleva la profesionalidad y la calidad de la Administración, es la profesionalidad de sus funcionarios, la cual será mayor cuanta mayor sea su cualificación, grado de preparación y conocimientos teóricos prácticos de la materia. No el mero desempeño del puesto de trabajo».
En segundo lugar «”Evitar avalancha de demandas, reclamando el carácter indefinido e indemnización por despido.” El carácter indefinido –prosigue el sindicato– es una consecuencia que se podría producir en caso de tratarse de personal laboral… y nunca siendo funcionarios interinos. Nunca un funcionario interino va a ser nombrado funcionario de carrera por sentencia. Lo mismo ocurre con la indemnización por despido, no procede. Esta cuestión ya ha sido resuelta tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sentencias del 5 de junio de 2018 y de 21 de noviembre de 2018, como por el Tribunal Supremo (TS), con innumerables sentencias, la primera de la cuales el pasado 13 de marzo de 2019.
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