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     Libertad Digital ha mantenido una entrevista con dos de los más firmes puntales de la lucha de los funcionarios andaluces por ser lo que deben: un cuerpo de servidores públicos, avalados por oposiciones libres y justas, eficaz en sus cometidos y libres de servidumbres políticas. Se trata, en esta primera parte, de retratar el pasado de un régimen socialista ya desalojado de la presidencia de la Junta y examinar los primeros 100 días del nuevo gobierno considerado "del cambio".

Nuestros interlocutores han sido el actual presidente-coordinador del Sindicato Andaluz de Funcionarios, absolutamente mayoritario en la Junta, Carlos Ezequiel Sánchez Morales, y José Luis Roldán Murillo, ex director general de la Función Pública de la Junta hasta su dimisión en 1991, funcionario ya jubilado y uno de los catalizadores de las célebres manifestaciones antienchufismo de los empleados públicos en 2010 y 211, cuyo manifiesto redactó y que impulsó la protesta de decenas de miles de personas en las calles de Sevilla.

Tiene gran y singular interés el examen que ambos hacen de lo que ha significado el régimen socialista implantado en Andalucía desde 1982 para la existencia de una administración pública que se ha visto sustituida progresivamente por agencias "paralelas" que han infectado de arbitrariedad y sectarismo político a quienes deberían ser servidores públicos para todos los ciudadanos sin distinción.

Gran conocedor, por experiencia propia, de lo que ha ocurrido en el seno de la administración pública andaluza, José Luis Roldán, licenciado en Derecho y especializado en Derecho Administrativo, dice que los intentos de manejar y ocupar la Administración andaluza por parte del PSOE comenzaron incluso antes de formalizarse la Junta de Andalucía.

"Dejemos a un lado –por archisabido- el primer intento formal de las leyes 6 y 7 de 1988, con el que se pretendió convertir la vinculación contractual de los llamados ‘preautonómicos’ y ‘transitorios’ por otra de naturaleza funcionarial; esto es, hacerlos funcionarios por la cara. Ya sabemos cómo acabó con el transcurso de los años. (De hecho, acabaron entrando por la cara gracias a leyes aprobadas por la Junta de Andalucía a pesar de sufrir reveses judiciales varios). Además, en cualquier caso, esto era una operación, digamos, de poca monta. El primer intento serio -a gran escala- surgió inmediatamente después de esto. En el año 1989", explica, es decir, hace 30 años.

"Este es un episodio apenas conocido en la historia de la función pública andaluza, pues no llegó siquiera a iniciar formalmente su andadura, fuera de los despachos de la dirigencia del partido y de los altos cargos de la Función Pública. En el año 1989, el Partido Socialista planteó ya la desintegración del modelo de Función Pública basado en la estructura de cuerpos funcionariales y su sustitución por un entramado sectorial de "agencias", algo muy similar a lo que terminaron perpetrando en el año 2010 con los infames decretos-leyes 5 y 6, que culminaron en la conocida Ley del Enchufismo", explica.

"La primera ley socialista de Función Pública estatal, la famosa Ley 30/1984, ya asestó un duro golpe a la estructura corporativa, pero sin eliminarla. La pretensión del Partido en Andalucía iba mucho más lejos. El intento no prosperó, sin embargo, por la negativa de los responsables de la Función Pública, que en esas fechas dirigía Manuel Gracia, como consejero de Gobernación", añade.

Pero el modelo de las agencias, esto es, de la consolidación de una administración paralela a la pública, no prosperó. "Tal vez porque el asunto era suficientemente complejo como para llevarlo a cabo sin el concurso del Gobierno, o ya fuera porque en esos momentos la cabeza de Pepote (Rodríguez de la Borbolla) estaba de facto colocada en la bandeja de plata (de los guerristas)… De modo que, pienso, el Partido dejó pasar el asunto, esperando, tal vez, mejores tiempos y partidarios más dispuestos", analiza, como así ocurrió desde luego.

¿Qué pasó después? "Después de esto, el modelo clientelar se fue forjando del modo clásico. Esto es, metiendo poco a poco a los propios. Directamente en numerosos casos, lo que se suele decir vulgarmente a dedo; y en otros, bajo apariencia –engañosa- de libre concurrencia. Rematado luego con los famosos acuerdos de estabilidad, y la degradación de las condiciones de acceso hasta facilitar un ingreso ventajoso en la Función Pública, y un cuerpo funcionarial agradecido y leal", explica.

Y sigue: "Paralelamente, se fueron creando entes instrumentales de Derecho Privado, al margen del sistema administrativo, en los que se fue colocando al grueso de la clientela, dado que estas entidades no estaban sometidas a control alguno en la contratación de su personal. Naturalmente, todas ellas como, por ejemplo, la empresa Egmasa, la fundación FAFFE, etc., se nutrían del presupuesto público".

Pero entonces nadie se escandalizaba por nada y "pocos eran conscientes del modelo que se estaba forjando. Como suele ocurrir con los regímenes de esta naturaleza, cuando las personas y las instituciones decentes percibieron el problema, ya era demasiado tarde. Entonces, ya nadie se atrevía a hablar. Ni fuera ni dentro de la Administración. La Justicia ya estaba sometida (Montesquieu, muerto y enterrado); la prensa controlada; la Administración tomada y la sociedad civil narcotizada. No olvidemos dónde hemos vivido; bajo qué régimen", sentencia quien tuvo que utilizar el seudónimo de Max Estrella para eludir las presiones de la Junta.

Por su parte, Carlos Ezequiel Sánchez Morales sostiene que, desde la creación del Sindicato Andaluz de Funcionarios en el 2003, éste siempre ha venido denunciando, en menor o mayor medida, la existencia de la llamada "administración paralela" en la Junta de Andalucía.

"Las alarmas se encendieron, no solo para el SAF sino también para el resto de funcionarios, en el año 2010 con la aprobación del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprobaron medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, y el Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprobaron medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Esto llevó a la calle, en 2010, a miles de funcionarios de toda Andalucía en manifestaciones históricas", precisa.

Y añade: "Fue el primer paso que dio el gobierno socialista para llenar sus chiringuitos administrativos con miles de personas privilegiadas y afines a sus postulados, sin ningún tipo de procesos selectivos, vulnerando los principios constitucionales básicos y sabedoras que este procedimiento podría dar en el futuro los frutos que ahora están recogiendo con subrogaciones, homologaciones y demás tretas administrativas".

Mucho antes de que el naranja fuera el color identitario de Ciudadanos fue el color de la rebelión funcionarial contra la Junta socialista en 2010. Precisa José Luis Roldán que, en algunas dependencias de la Junta, como Torretriana, fue elegido el color morado y "tal vez, tuviese algo que ver con ello que algunos de los pioneros de la protesta fuesen después notorios dirigentes podemitas y ya estuviesen promocionando la imagen de marca, o mera casualidad. Vete a saber…".

Para Carlos Ezequiel Sánchez Morales, "fue el color elegido por miles de funcionarios en 2010 y por las asociaciones no sindicales, en su lucha contra el enchufismo socialista." Por eso se le llamó la "revolución naranja". Luego el color naranja representó a Ciudadanos, el partido en el que muchos depositaron las esperanzas de cambio y que, sin embargo, sostuvo al gobierno del PSOE varios años más.

Lo cierto es que la gravedad de la situación de la administración andaluza, unida según Roldán, a un "mero oportunismo" ante lo que se creía la inminente llegada del PP con Javier Arenas al gobierno de Andalucía, produjo el milagro de que pequeñas concentraciones de unos centenares, como máximo, de funcionarios se convirtieran en manifestaciones de más de 40.000 personas.

Y añade: "Despejada la incógnita (Arenas no pudo gobernar) y aunque los hechos demostraron que la situación iba a peor, la masa volvió a tornarse silenciosa, como lo había sido durante el largo periodo durante el cual se crearon las referidas entidades, futuras agencias, y se metió en ellas, por la puerta de atrás, a esa legión de enchufados. Sólo quedaron las pocas voces críticas infatigables que, antes, durante y después, han venido dando la batalla. El Sindicato Andaluz de Funcionarios, entre ellas; y el único sindicato, por cierto, entre los que tienen representación.

Luego gobernó José Antonio Griñán, hoy imputado como Manuel Chaves, en el caso ERE y finalmente Susana Díaz hasta que la llegada el gobierno del cambio, período que formará parte de la segunda parte de esta entrevista.