«En la Administración paralela, en la que hay más de 30.000 personas trabajando, no hay 85 'enchufados', hay muchísimos más. Los hay en todas las entidades de la Junta, salvo en las agencias administrativas»
«No se puede contratar con dinero público como si fueras una empresa privada y eso es lo que está haciendo el Gobierno andaluz desde hace décadas. Es muy injusto y, sobre todo, muy antidemocrático»
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El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Carlos E. Sánchez (Foto: Ke-Imagen)
–Su sindicato le ha declarado la guerra al «enchufismo». Hace poco un juzgado les dio la razón y tumbó un nombramiento de un ex liberado sindical en una jefatura de Asuntos Sociales, ¿repetirán estrategia judicial?
–Cualquier funcionario tiene que cumplir los requisitos de su puesto de trabajo. Ese liberado no lo hacía aunque lo sigue ocupando porque la sentencia aún no es firme. Creemos que hay otras personas en situación similar y lo denunciaremos siempre que podamos llevar la carga de las pruebas a un juez.
–Pidieron a los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz que impulsaran una investigación sobre si hay más de 2.000 laborales en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) «mano sobre mano», ¿han tenido respuesta por parte de alguno?
–Ninguna, absolutamente ninguna. Pusimos en conocimiento de los grupos la situación de ese personal que ha sido subrogado en el SAE por la famosa Ley de reordenación del sector público 1/2011, que bautizamos como «ley del enchufismo», y nada. Los grupos parlamentarios tienen poca comunicación con nosotros. Y que están «mano sobre mano» lo confirmó en una rueda de prensa el que fuera portavoz del Consejo de Gobierno que dijo que había 1.200 o 1.300 personas que estaban mano sobre mano. No pueden realizar ciertas funciones porque las tienen vetadas al no ser funcionarios, así es que ahí siguen, cobrando un sueldo de la Junta. En una comunidad con un paro como el que tenemos, los partidos políticos deberían hacer algo sobre esta situación. En Andalucía, endémico es el paro y endémico es el enchufismo, están relacionados.
–Buena parte de ese colectivo procedía de la extinta fundación Faffe y según se ha sabido esta semana han trasladado a un juzgado un listado de 85 personas vinculadas al PSOE que, según su sindicato, entraron supuestamente «a dedo», ¿qué esperan con esa denuncia?
–Que, como ha pasado en otros casos iguales en otras comunidades o administraciones como el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) cuando gobernaba Pedro Pacheco o en la Diputación de Orense con el PP, la Justicia actúe como tiene que actuar. En la demanda hemos recopilado sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS) en casos exactamente iguales: contratación fraudulenta de personal en la Administración por no regirse por los procedimientos normales de acceso a la función pública: igualdad, mérito, capacidad, libre concurrencia y publicidad. Según el Supremo, esas personas eran ya empleados públicos cuando pasaron al SAE y su contratación debió regirse por esos criterios. Sus plazas debieron publicarse en los boletines oficiales de turno y eso presuntamente no ha ocurrido. No nos consta que existan esas ofertas de empleo público en ningún boletín, ningún sistema de oposición o siquiera un concurso. Fueron contratados presuntamente «a dedo»: tú, para dentro. Tienen que ser empleados públicos para todo. Y esto es la punta del iceberg.
–¿A qué se refiere?
–En la Administración paralela, en la que hay más de 30.000 personas trabajando, no hay 85 «enchufados», hay muchísimos más, pero hay que tener la documentación para poder llevársela a un juez y demostrárselo.
–Pero saben que un juzgado sevillano ya instruye una causa centrada en la gestión de la Faffe, ¿no?
–Sí. No conocemos en qué juzgado caerá nuestra denuncia en el reparto y puede que luego se acumule a esa. Ya veremos, es pronto para saberlo. Esperamos que al menos se investigue porque en la Faffe llueve sobre mojado.
–Esa polémica fundación ya desapareció, ¿creen que en otras entidades también existe este tipo de empleados?
–En todas, excepto en las agencias administrativas que sólo hay funcionarios o personal laboral propio de la Junta; en las demás sí: agencias públicas laborales, de régimen especial... Ha habido un descontrol absoluto. Si hasta el propio Gobierno andaluz reconoció que no sabía cuántas personas trabajaban en la Administración ésta paralela. Le hemos pedido los datos y no nos los dan.
–Otro de sus caballos de batalla ha sido que esos trabajadores no desarrollen tareas propias de los funcionarios...
–Desde que este sindicato nació tenemos esa lucha, la de pelear por las potestades públicas que por ley sólo le corresponden a los funcionarios. Cada vez que tenemos conocimiento de que este personal está ejerciéndolas, actuamos. Aunque es muy complicado tener acceso a información porque en muchas de esas agencias o chiringuitos no tenemos representación, hay otros sindicatos, que suelen ser de clase, que sí tienen acceso a ese tipo de personal.
–Esos otros sindicatos de clase a los que alude, ¿comparten esa batalla?
–Para nada, al contrario. No lo critico, hay muchos modos de hacer sindicalismo, si ellos quieren defender a este personal, pues muy bien. No se meten en este tema, porque claro después hay elecciones sindicales, subvenciones, liberados... morder la mano que te da de comer está muy feo.
–¿Y qué se puede hacer, según el SAF?
–Le corresponde al Gobierno de la comunidad el evitar que se salten la ley. Andalucía se dice que es un régimen, es verdad, es un régimen clientelar, lo hemos denunciado. Llevan casi cuarenta años gobernando los mismos, democráticamente, que la gente los ha votado, pero lo cortés no quita lo valiente y hay cosas que están enquistadas. Aquí, la corrupción y el «enchufismo» son ya endémicos, como el desempleo. Y lo seguiremos denunciando porque nos parece muy injusto que haya ciudadanos de primera, con vinculaciones, con libros de familias y con carnés de partido; y de segunda, que nada tienen que ver. No se puede contratar con dinero público como si fueras una empresa privada y eso es lo que está haciendo la Junta desde hace décadas. Es muy injusto y, sobre todo, muy antidemocrático, dice muy poco de la calidad democrática de esta comunidad autónoma y de los que nos gobiernan.
