La nueva Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía emprende su tramitación en el Parlamento entre nubarrones jurídicos y recelos de los funcionarios de la Junta de Andalucía. El anteproyecto definitivo, aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de abril, abre la puerta a que las actuaciones de control de las ayudas millonarias de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea pase a manos del «personal laboral de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía» (Agapa), organismo adscrito a la Consejería de Agricultura, que dirige Rodrigo Sánchez.