Saf - El Juzgado admite a trámite la denuncia de SAFJA contra la usurpación de funciones en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Córdoba.

Entre otros, el personal externo controlará la gestión de ayudas y conciertos, cuyo presupuesto anual es casi de 50 millones de euros.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial e infidelidad en la custodia de documentos. La denuncia va dirigida contra la Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, el Secretario General de la Delegación Provincial de la mencionada Consejería, el Jefe del Servicio de Gestión en la citada Delegación Provincial, el Director-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la coordinadora de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y cuantas personas pudieran resultar responsables. Todo ello, de la provincia de Córdoba (Ver en prensa) (Ver admisión a trámite y citación).

Esta denuncia ha sido admitida a trámite por el Juzgado, que ha abierto diligencias previas, ha citado a declarar y recoge que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal. SAFJA asevera que la Junta pretende mantener en sus puestos al personal enchufado y sustraer el dinero de los andaluces de un exhaustivo control económico, contable y financiero.

Este Sindicato ha exigido en la denuncia que se requiera copia de los contratos de trabajos del personal externo que trabaja para la agencia y de las nóminas que perciben con el objetivo de descubrir si son o no empleados públicos los que se encargan de gestionar la facturación de los conciertos de mayores y discapacitados.

Es importante hacer constar que la Sección de Autorizaciones y Conciertos de la D.P. cordobesa gestiona las ayudas, conciertos y controlando, solamente en Córdoba, unos 95 contratos, que suponen un montante de 3.350 plazas y un presupuesto anual cercano a los 50 millones de euros. En toda Andalucía la suma económica que pretenden gestionar desde la Agencia podría estar en torno a los 300 millones de euros.

Desde el verano, por parte de la ASSDA ha existido un excesivo interés por informarse sobre las sensibles tareas y funciones llevadas a cabo por funcionarios, quienes garantizan un control exhaustivo de los conciertos, de las autorizaciones, del gasto y de los pagos que se realizan. Evidentemente, con vistas al traspaso de competencias que dio el primer paso en diciembre, cuando desde la extinta FASS se informa verbalmente que las funciones relacionadas con los conciertos de plazas concertadas serían asumidas por la ASSDA.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios agrava que todas estas actuaciones estaban sometidas a continua fiscalización por la Intervención, mediante la utilización por los funcionarios de carrera o personal laboral (de la Junta) de las D.P. de los sistemas informáticos FOG y JÚPITER. Sin embargo, en la ASSDA quedan sometidas a control financiero permanente, escapando de un exhaustivo control contable, económico y financiero.

Pero es más, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Auto de 15 de noviembre de 2011, ha suspendido el protocolo de integración de personal de las extintas FASS y Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social en la ASSDDA. Entonces, es evidente que el citado personal conculca gravemente la resolución judicial y trabaja de facto para la citada Agencia. Además, desde el Sindicato se denuncia que no se tiene constancia de modificación de las RPT para adscribir funcionarios a las dependencias provinciales de esta Agencia.

Nueva huida del Derecho, por tanto, con el fin de vaciar de competencias a los funcionarios de carrera y de eludir controles fiscales y administrativos, en un asunto tan espinoso, rememorando unas circunstancias similares a las ya investigadas de los ERE. No hay que olvidar que la ASSDA es una agencia pública empresarial de la misma naturaleza que el antiguo IFA (actual IDEA), a través del cual se ha gestado el mayor escándalo económico ocurrido en Andalucía mediante el conocido fraude de los ERE.

Esta gravísima situación ya fue denunciada por funcionarios del Servicio, que dejaron claro que los empleados públicos de la Sección habían desarrollando de forma encomiable estas funciones, por lo que no tiene sentido privarles de su cometido. En el escrito presentado, también recordaban a la Administración el Auto del TSJA que acuerda la suspensión cautelar de la Resolución que aprobaba el protocolo de integración del citado personal en la ASSDA y solicitaban que las instrucciones se realizasen por escrito, identificando a la persona o personas a las que habría de hacerse entrega de la documentación existente en el centro de trabajo. Asimismo, pedían que al quedar vacíos de contenido sus puestos, se indicase cuáles serían las funciones de los empleados públicos presentes en la Sección referenciada.

Por ello, SAFJA lo tiene claro y denuncia que es una actuación más de la Junta para vaciar de competencias a los funcionarios, consolidar el enchufismo en la Administración y evadir el control exhaustivo.

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