El Sindicato entiende como "salida política" el titular aparecido en prensa, por el que la presidenta en funciones de la Junta responsabiliza a los funcionarios.
Tras las contradictorias declaraciones publicadas en los últimos días, por un lado las acusaciones atribuidas en un titular de prensa a la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía contra los funcionarios que han participado en la adjudicación del concurso para conceder derechos mineros en Aznalcóllar (Sevilla) y por otro la "máxima confianza" que parece tener el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en los mismos, SAF muestra su apoyo absoluto a los funcionarios (Ver en prensa).
La Mesa de Contratación que ha trabajado en el concurso público es quien realiza la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar y es, por tanto, la responsable única. Para asesorar a dicha Mesa en cuestiones técnicas existe una Comisión Técnica encargada de aclararle, asesorarle o informarle sobre lo consultado, pero no es vinculante para la Mesa de Contratación.
Dicha Mesa de Contratación ha estado constituida por personas (funcionarios públicos o no) elegidas por libre designación, tales como la Directora General de Industria, Energía y Minas, el Interventor y Letrado en la Consejería o representantes de Hacienda, Minas y Medio Ambiente. Y la Comisión Técnica ha estado formada por funcionarios públicos de Minas y Medio Ambiente y por una persona ajena a la Función Pública designada por INVERCARIA, empresa puesta en entredicho ante los tribunales, "con experiencia en valoraciones económicas y financieras", a pesar de la existencia de funcionarios que cumplen el perfil exigido.
Las bases del concurso público y las prescripciones técnicas particulares de la adjudicación han sido elaboradas y publicitadas en el portal web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y han sido con esas bases con las que ha trabajado la Comisión Técnica.
Conocidos los detalles a los que se ha tenido acceso, SAF informa a la opinión pública en general que los funcionarios públicos que han integrado esta Comisión Técnica han trabajado con un absoluto rigor técnico, independencia y libertad de decisión a la hora de establecer las puntuaciones derivadas del Anexo 1.4 (Criterios de Valoración) a cada una de las empresas participantes.
No existe el más mínimo indicio ni argumento que sustente las declaraciones publicadas en prensa donde la presidenta en funciones de la Junta achaca la responsabilidad de estos funcionarios en cualquier actitud que favoreciese a ninguna de las dos empresas participantes.
SAF desconoce los motivos de denuncia penal de una de las dos empresas participantes pero, en cualquier caso, respeta cualquier decisión particular en este sentido y en todo momento reitera su apoyo a los funcionarios públicos designados para constituir la Comisión Técnica.
SAF denuncia y censura cualquier utilización de la figura del funcionario para solventar situaciones políticas, máxime sin fundamentos probatorios, y apoya firmemente la investigación policial y judicial que se está llevando a cabo, que a buen seguro determinará la responsabilidad, si la hubiere, de los hechos denunciados.
Por último, SAF manifiesta que si todos los actos y los trámites de un expediente administrativo y el ejercicio de las potestades públicas se llevaran a cabo por un funcionario público, como establece la Ley del Procedimiento Administrativo y el EBEP, no habría que realizar este tipo de notas.
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