El Sindicato estudia acudir a la vía penal si no se soluciona esta ilegalidad que conlleva manejar datos especialmente sensibles.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado un requerimiento ante la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social para denunciar la grave situación que atraviesa el Servicio de Dependencia de la Junta de Andalucía en Huelva.
SAF considera esencial que los ciudadanos andaluces conozcan cómo se gasta el dinero de las arcas públicas y advierte de los posibles perjuicios en la prestación de servicios que puede provocar que de los 67 trabajadores de dicho centro, unos 46 sea personal externo.
Una de las irregularidades más significativas es la posibilidad de que el personal externo, al no tener la condición de funcionario público, pueda llevar a cabo potestades públicas que deben ser ejercidas por funcionarios. El personal externo se encuentra inhabilitado por ley para tramitar los expedientes, donde se manejan datos sensibles que gozan de especial protección por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Este personal, en la mayoría de los casos con un contrato laboral por obra y servicio determinado, procede de la antigua Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS), cuya integración en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en reciente resolución.
Además, el Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia en su escrito la paradoja de que en este Servicio no existe prácticamente carga de trabajo, pues no hay fondos para conceder nuevas ayudas a la dependencia. Incluso las prestaciones ya reconocidas no están siendo abonadas a los interesados. A pesar de ello, se mantiene a este personal, incumpliendo una sentencia judicial. Un personal que se encuentra ubicado en un edificio de alquiler que supone un coste cercano a los 13.000 euros mensuales de las arcas públicas.
Este descrédito a la legalidad vigente en detrimento a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía y el coste que supone mantener una plantilla sin justificación alguna, donde más de la mitad de los trabajadores, el personal externo, no han accedido a través de los trámites legales establecidos y no se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
SAF se reserva el derecho a llevar a cabo cuantas acciones legales tenga a su alcance, incluidas penales si fuera necesario, para acabar con estas costosas ilegalidades.
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