En la última reunión, la Administración ha manifestado su intención de valorar la antigüedad como interino y modificar las bases del concurso recogidas en el Decreto 2/2002.
SAF recordó a la Administración la primera y única sentencia firme del TSJA que da la razón a este Sindicato y anula la rebaremación del concurso por vulnerar la Constitución. Pero la Junta ignora el fallo del Alto Tribunal andaluz y no se da por aludida en la única sentencia definitiva del TSJA que ha zanjado el tema de la valoración de los servicios previos. El Sindicato muestra su indignación ante la postura de la Junta de Andalucía, más aún tras la información facilitada a la prensa que parece tener fecha de caducidad. Ante esta actitud de Función Pública, el Sindicato Andaluz de Funcionarios, como ya anunció, ratifica su decisión de continuar con todas las acciones legales posibles hasta conseguir la resolución del concurso conforme a las bases originales.
En este sentido, SAF denuncia que Función Pública siga incumpliendo las sentencias judiciales en futuras convocatorias y lo que es más grave, vulnerando la Constitución Española tal como dice el TSJA en la sentencia nº 3216/2012 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada. Términos como Constitución, Ley o Justicia son desconocidos y, aún peor, quebrantados por esta Administración.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios reitera a la Administración que resuelva de manera inmediata y urgente el concurso de méritos del 2011, secuestrado desde hace más de un año. SAF exige a Función Pública el acatamiento, sin dilaciones de ningún tipo, de la esperada sentencia firme del TSJA.
Los responsables de Función Pública aducen que no hay relación directa entre la resolución del concurso del 2011 por acatamiento de la mencionada sentencia y la modificación de las bases del concurso de méritos recogidas en el Decreto 2/2002. SAF considera sorprendente, despótico e ilícito que la Junta acate la sentencia y resuelva el concurso con las bases originales legales pero no la aplique a las nuevas bases.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios va a seguir apostando por la legalidad y el orden constitucional como ha hecho hasta ahora. SAF afirma que en caso de que esta ilegal y anticonstitucional propuesta siga adelante, volverá a utilizar TODAS las herramientas que proporciona el Estado de Derecho.