Dos nuevos autos de suspensión cautelar vuelven a prohibir la consumación de la reordenación del sector público.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, ha dictado dos nuevos autos de suspensión cautelar contra los protocolos de integración del personal en las Agencias de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de Gestión Agraria y Pesquera (Ver en prensa) (Ver carátula suspensión integración AGAPA) (Ver carátula suspensión integración ASS).
Estos nuevos fallos se suman al resto de paralizaciones conseguidas también por las plataformas y asociaciones de funcionarios públicos. Llegados a esta situación, en la que la Justicia manifiesta repetidamente a la Junta de Andalucía la ilegalidad que supone alojar al personal externo en la Administración pública, ¿dónde se encuadra dicho personal? ¿En qué situación jurídica se encuentra? ¿Cuál es la actividad que realizan si, según los Tribunales, no pueden trabajar en la Administración? Y sus sueldos que, en algunos casos, triplican a los de cualquier funcionario, ¿cómo se justifican?. Entonces, ¿cómo continúa la Junta de Andalucía pagando con dinero público a estas empresas privadas que, legalmente, no pueden trabajar para la Administración? ¿Estas empresas privadas están extinguidas realmente? Si no es así, la Junta estaría incumpliendo su propia Ley.
En contra de leyes y de jueces, la Junta de Andalucía mostró públicamente su intención de continuar con el proceso de reordenación del sector público andaluz. Por tanto, ¿qué pasa con las sentencias y autos que tumban los estatutos de las Agencias y los protocolos de integración del personal? De seguir adelante, la Administración estaría cometiendo delitos tan graves como malversación y prevaricación.
La Administración General de la Junta de Andalucía está dividida, prácticamente a partes iguales, en funcionarios públicos, personal laboral fijo y personal externo de empresas públicas. Es decir, la Administración soporta el mismo número de funcionarios, que han conseguido su puesto bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, que de externos de empresas públicas elegidas sin procesos reglados de ningún tipo.
Según los medios de comunicación y los presupuestos de 2012, la Administración paralela cuesta al ciudadano 2.564 millones de euros (vía transferencias y subvenciones) y los gastos de personal suponen unos 877 millones, con el consiguiente desfase entre beneficios y pérdidas de casi 8,5 millones.
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