El Sindicato Andaluz de Funcionarios considera que esta nueva medida, tomada bajo cuerda, puede conllevar un posible delito de defraudación a la Seguridad Social.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha presentado una DENUNCIA ante la Fiscalía contra la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública o quien pudiera resultar responsable, por un posible delito de defraudación a la Seguridad Social, regulado en el artículo 307.1 del Código Penal, y de prevaricación, del artículo 404 C.P. El Sindicato también ha dirigido esta misma denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que adopte las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los funcionarios públicos pertenecientes a la Junta de Andalucía (Ver en prensa).
La razón de ser de esta nueva batalla judicial encabezada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios se encuentra en que, en el marco del Decreto Ley 1/2012 de medidas para el reequilibrio financiero de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública publica unas Instrucciones que conllevan una modificación de la base de cotización de los funcionarios. A este respecto, el Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia que dicha modificación conculca claramente la normativa vigente y supone un gravísimo atentado contra los derechos adquiridos de los funcionarios públicos afectados.
La circunstancia expresada tiene su antecedente en el Decreto 2/2010, norma que aplicaba el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, que reducía los importes de todos los conceptos de la nómina que venían percibiendo los funcionarios públicos. En este sentido, y en lo que a la base de cotización al régimen de la Seguridad Social se refiere, el Real Decreto-Ley 8/2010, la Orden ESS/184/2012, la Ley 2/2012 y el Real Decreto-Ley 20/2012 se manifiestan en la misma línea y establecen que "durante el año 2012, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en tanto permanezca su relación laboral o de servicios, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que perciban pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual".
Por tanto, conforme a la legislación mencionada e incluso al criterio del Tribunal Supremo resulta evidente que si bien la distribución de los importes de los distintos conceptos retributivos es algo que queda bajo la potestad del Poder Legislativo, el montante global de dichas retribuciones constituye un derecho consolidado para cada funcionario.
Sin embargo, la Junta de Andalucía actúa al margen de la legalidad y, de forma directa, transforma el bruto percibido en nómina, sin más, en la base de cotización. La consecuencias de tal operación son fatídicas, por ejemplo cara a la jubilación, acentuándose más el daño en aquellos funcionarios públicos que se encuentren próximos a la misma.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia, por tanto, esta nueva "trampa saducea" donde la Administración logra un importante ahorro en cotizaciones a la Seguridad Social, a costa de los derechos adquiridos y consolidados de los funcionarios públicos. Esta situación podría suponer una infracción muy grave de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000, y un posible fraude a la Seguridad Social.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha solicitado a la Fiscalía que dirima las responsabilidades de la Administración denunciada y, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que realice las diligencias necesarias, en orden al esclarecimiento de los hechos y a la adopción de las medidas oportunas.
De esta forma, el Sindicato vuelve a demostrar que no aceptará medias tintas y llevará a cabo todas las acciones legales a su alcance para luchar y acabar contra los sucesivos ataques injustificados del Gobierno andaluz hacia sus funcionarios públicos.
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