Estos sindicatos integrados en FASPI denuncian duramente los recortes que suponen una absoluta indefensión y un grave atentado contra los derechos legalmente adquiridos.
Los sindicatos SAFJA, SMA y APIA han presentado un recurso, como integrantes de la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (FASPI), ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la vía de procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales contra el plan de ajuste de la Junta, sobre el que además piden su suspensión cautelar. De esta forma, el recurso se ha interpuesto contra el Decreto-Ley 1/2012 de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía (Ver en prensa) (Ver recurso sellado).
FASPI denuncia en el recurso que con el Decreto-Ley de los recortes se conculcan la Constitución Española y el EBEP, en cuanto a derechos como la negociación colectiva o la libertad sindical. SAFJA, SMA y APIA consideran que la aprobación de este Decreto-Ley "causa indefensión a todos los funcionarios públicos, así como al interés general de los ciudadanos, pues afecta a la Administración pública de Andalucía, provocando daños y perjuicios de difícil reparación". Los recortes, por tanto, "suponen un grave atentado contra los derechos adquiridos de los funcionarios, que parecen ser el sector 'señalado' de forma repetitiva para hacer frente a las sucesivas medidas anticrisis adoptadas, y en pura lógica deberían hacer sido al menos negociadas con los representantes de los trabajadores".
Los sindicatos recuerdan al Gobierno andaluz que consiguieron un respaldo mayoritario en las últimas elecciones sindicales celebradas durante 2010 y 2011, cumpliendo los requisitos de representación que la legislación exige para formar parte de la Mesa General de Función Pública. Al excluir a FASPI de la negociación, la Junta está lesionando 'per se' los derechos adquiridos de los servidores públicos. "La Junta se desliga unilateralmente de los procedimientos legales vigentes y legítimos para la fijación, modificación o alteración de las condiciones de trabajo establecidas para los servidores públicos que trabajan para ella, por lo que existe imposibilidad de garantizar la eficacia, la eficiencia, la transparencia en la gestión de los fondos públicos", han agregado los sindicatos en el recurso.
SAFJA, SMA y APIA lamentan que la Junta "tome una decisión política que deja sin contenido el derecho de libertad sindical e indirectamente el de negociación colectiva". Asimismo, "se da una situación discriminatoria de los funcionarios respecto al personal ajeno o externo de la Administración autonómica, que forma parte del 'tupido enjambre' de empresas instrumentales, por lo que los funcionarios se ven postergados y atacados de forma continua".
El recurso asegura que la aplicación de los recortes causan "una desvalorización pública y profesional de los servicios públicos, a nivel individual y colectivo". "Una cosa es que haya que reducir el excesivo déficit público y que sea necesaria una racionalización del sector público, actualmente sobredimensionado, pero otra muy distinta es que por criterios políticos se lesionen los derechos fundamentales de los servidores públicos como medida para combatir el déficit existente, en detrimento de los legítimos derechos económicos y profesionales de esos servidores", aseveran los tres sindicatos en el recurso.
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