La Junta sigue ignorando al TSJA y se ordena desde la Agapa "cooperación" en tareas que les están vedadas.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla contra la gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), Isabel Liviano, por posibles delitos de usurpación de funciones, prevaricación, nombramiento ilegal y desobediencia de las resoluciones judiciales. El detonante de la denuncia ha sido una carta remitida en junio de este mismo año 2012 a los directores de oficinas comarcales agrarias para que el personal externo colabore en la inspección de varias ayudas de la Unión Europea que perciben agricultores y ganaderos andaluces (Ver en prensa).
José Manuel Mateo Navarro, presidente del Sindicato, afirma en la denuncia que la gerente de Agapa está actuando claramente al margen de las numerosas resoluciones judiciales que han paralizado la integración de personal en esta nueva Agencia. Todo ello con el telón de fondo de la lucha que el Sindicato Andaluz de Funcionarios lleva manteniendo, desde su fundación, contra la Junta para anular los efectos de la externalización, reconvertida en la polémica Ley del enchufismo.
Está claro que la Junta de Andalucía hace caso omiso a varias sentencias con las que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha pronunciado sobre los controles irregulares que ejerce la Administración en las subvenciones que recibe la comunidad andaluza de la Unión Europea. El TSJA ya estableció en diversos dictámenes que los controles de las subvenciones europeas realizadas por trabajadores externos, al no ser funcionarios, carecen de toda eficacia y no tienen validez legal.
La gerente de la Agapa afirma en su carta que "previa negociación con los representantes de los trabajadores, se ha llegado al acuerdo de que este personal coopere en la realización de estas tareas coyunturales, distribuyéndolos entre el conjunto de las oficinas comarcales agrarias, en función de las necesidades".
Mateo Navarro asegura que la realidad es bastante distinta y asevera que ni el Sindicato Andaluz de Funcionarios ni la junta de personal de los funcionarios de la Administración andaluza han participado en ninguna negociación para que los externos asumieran estas tareas, como recoge la misiva citada.
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