Se ha celebrado en la mañana de hoy la Mesa Sectorial de personal funcionario de la administración general de la Junta de Andalucía en la que se nos ha dado oportunidad de OPINAR (en palabras de la propia Directora General de RRHH y Función Pública) sobre el Pacto negociado y firmado en Mesa General entre la Administración y los sindicatos Csif, Ugt y Ccoo de sobra conocido desde el pasado martes 26 que fue adelantado en prensa por el consejero de Presidencia y acordado horas más tarde por los asistentes a la Mesa.
Con la asistencia de la totalidad de responsables en materia de personal de las distintas Consejerías, Agencias y Consejos (por lo menos inicialmente) hemos echado en falta que responsables de la AGAPA (por lo que respecta a las Oficinas comarcales agrarias) no estén presentes, y ante nuestra demanda de cómo se va a articular este Acuerdo en las OCAs (que consideramos de mínimos desde el SAF) el responsable de la Consejería nos remite a alguien no presente de la AGAPA, por lo que nos quedamos sin respuesta
Tampoco hemos podido consultar, ante el responsable de Educación de personal NO docente, el tratamiento recurrente que está sufriendo este personal no docente de los Institutos, en los que sus respectivas direcciones NO contestan a las peticiones formales de teletrabajo, argumentando estar a la espera de instrucciones que ni llegan ni se las esperan…. (Parece ser que,según nos cuentan, se encontraba reunido con su Director General , obviando ambos lo que representa una Mesa Sectorial).
En definitiva, la enésima Mesa Sectorial paripé en la que los sindicatos no presentes en la Mesa General venimos a OPINAR sobre lo pactado, y los sindicatos presentes vienen a intentar modificar aspectos YA PACTADOS y firmados por sus MAYORES (en palabras, de nuevo, de la Directora General).
Es conocida de sobra la postura de SAF y así lo hemos recalcado en nuestra intervención: nada que no sea la implantación del 100% del teletrabajo puede ser considerado algo positivo. Este Pacto del 26 de enero se nos antoja insuficiente en la situación que estamos padeciendo en nuestra comunidad, no sólo por los niveles de alerta (4.1 y 4.2) sino por la media de contagios (en torno a los 950 de media/100 mil habitantes) y el número de personas fallecidas (82 ayer, 82 antes de ayer). Que las llamadas a quedarse en casa, TELETRABAJANDO, del Presidente andaluz no sean secundadas en una Mesa General nos parece algo no sólo contradictorio sino inexplicable.
En nuestra intervención, desde el SAF hemos expresado que nos parece sorprendente y vergonzoso, que después de diez meses desde el comienzo de la pandemia producida por la COVID-19, y a pesar de las numerosas peticiones sindicales a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, todavía no se tenga normativa sobre la implantación del “teletrabajo” en el ámbito del sector de Administración General de la Junta de Andalucía. Pactos, Acuerdos, Protocolos (y sus modificaciones) sólo son parcheos que no solucionan normativamente la regulación del “teletrabajo”, en tiempo de pandemia y en tiempos sin pandemia.
Vemos cómo otras comunidades autónomas hacen sus deberes durante este tiempo y regulan ese “teletrabajo” (Madrid, Aragón o Melilla) y otras muchas autonomías y ayuntamientos llevan años con esta regulación ya en normalizada.
Nos preguntamos: ¿Cuándo los funcionarios públicos de Administración General van a tener normativamente regulado el “teletrabajo” en Andalucía?
En relación con la “Modificación del apartado Quinto. Prestación de servicios en situaciones excepcionales o extraordinarias por agravamiento de las medidas de contención y prevención”, del Pacto de 14 de septiembre de 2020, por el que se aprueba el protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y aprobado en el seno de la Mesa General, el Sindicato Andaluz de Funcionarios rechaza de plano dicha modificación. Ni es realista ni se ajusta a la situación actual de propagación del virus COVID-19 en Andalucía.
El SAF lleva desde el mes de octubre solicitando a la SGAP que se establezca la modalidad de teletrabajo. La última petición la hemos trasladado también a los distintos grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía. La situación desde octubre no sólo no ha mejorado sino que por desgracia está peor.
La situación de crisis sanitaria en toda la comunidad autónoma andaluza es insostenible con nivel 4 de alerta en todo el territorio, hasta el punto que ya es pública y notoria la petición al Estado, realizada por parte del Presidente andaluz, para que se establezca confinamiento domiciliario y el adelanto del toque de queda. Pero, en cambio, no se aplica cuando se trata del personal funcionario de la administración pública de su Comunidad, al que está haciendo trabajar masivamente de forma presencial y con un ridículo 20% de la jornada laboral en la modalidad de teletrabajo que, en muchos casos, es denegado de manera arbitraria en según qué sitios.
Ahondando en nuestra tesis, hemos hecho alusión al “Documento de actuaciones de respuesta coordinada frente a la pandemia de 22 de octubre de 2020 del Consejo Interterritorial de Salud” que contó con el visto bueno de la representación de nuestra Comunidad Autónoma, y que es un documento MARCO de criterios comunes para la interpretación de los indicadores epidemiológicos (acordado técnicamente por todas las comunidades autónomas y dirigido a garantizar la coordinación suficiente entre territorios, posibilitando que las comunidades autónomas tomen las medidas complementarias que consideren oportunas). En él, se contemplan tres niveles de alerta en función de una serie de indicadores de valoración de riesgo.
En la Tabla 3 de dicho documento, se establece las actuaciones de respuesta para los niveles 1, 2 y 3. En relación con el trabajo, establece lo siguiente para los niveles 1, 2 y 3:
- FOMENTAR AL MÁXIMO EL TELETRABAJO.
- Los espacios comunes de los lugares de trabajo se regirán por las indicaciones establecidas en el nivel correspondiente.
- Favorecer turnos escalonados en trabajos que requieran actividad presencial
- Y establece para el nivel 3, que se acuda al trabajo de manera excepcional para actividades o reuniones precisas siempre que se mantenga las medidas de distanciamiento físico e higiene y prevención.
Lanzamos la pregunta de si se está esperando, por parte de los responsables del Gobierno andaluz, a que las camas hospitalarias y las UCI estén saturadas para implantar el teletrabajo. Es inaceptable tanta irresponsabilidad hacía su propio personal y hacia la ciudadanía, pues de todos los sectores de la administración uno de los más susceptible de la implantación del teletrabajo – si no el que más- es nuestro sector, por lo que irresponsable e injustificable el retraso en la implantación de dichas medidas.
En opinión del SAF (ya que venimos a la Mesa Sectorial a OPINAR) está claro que la Junta de Andalucía ni apuesta ni cree en el teletrabajo, y a las pruebas nos remitimos, con lo cual evidentemente no se a aceptar las propuestas del SAF. No obstante, seguiremos luchando desde el absoluto compromiso y lealtad en la defensa de los derechos de los miles funcionarios públicos a los que legalmente representamos en el sector de Administración General. Nos preocupa enormemente la salud de cada persona, y de ahí que esta sea nuestra postura y petición a la administración.
También hemos hecho hincapié en el personal funcionario que presta servicios en IES, OCA u oficinas SAE y también los AMA, agentes de medio ambiente, ya que son los grandes perjudicados en implantación de jornadas de teletrabajo puesto que no se les está permitiendo, en demasiados casos, acogerse al teletrabajo. Recordamos que responsables de AGAPA y de Educación, o no estaban presentes o estaban ausentes y por ello se quedó en darnos respuesta ya que un servicio sea declarado esencial no significa que el personal no pueda teletrabajar, FOMENTANDO LA ROTACIÓN. Además así se establece en el documento del Consejo Interterritorial que anteriormente hemos mencionado, que afirma que se deben “favorecer turnos escalonados en trabajos que requieran actividad presencial”, de igual manera que ocurre con el personal con atención al público (registros), en el que no todos deben prestar servicios a la vez y de manera presencial.
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