En la tarde de hoy 22 de junio se ha celebrado, a través de videoconferencia, la Mesa Sectorial Extraordinaria de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía, con el único Punto del orden del día: “Medidas organizativas para la recuperación de la actividad presencial del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía.”
Esas medidas fueron aprobadas el pasado viernes en el seno de la Mesa General mediante un Pacto, firmado entre la Secretaria General para la Administración Pública y los sindicatos UGT y CSIF.
SAF rechaza de plano este Pacto ya que entendemos que atenta gravemente contra el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, un texto que no apuesta por la modalidad del “teletrabajo” y lo que es más grave desde nuestro punto de vista, va a suponer un riesgo en la salud de miles de funcionarios. Nos parece una irresponsabilidad ese afán de “presentismo” que muestra la Junta de Andalucía respecto al personal funcionario de la Administración General. El “teletrabajo”, tan aplaudido hasta hace pocas fechas por ser una herramienta fundamental, ha pasado a poco menos que una herramienta residual y, a día de hoy, sin ningún tipo de regulación normativa aún. Y todo ello tras más de tres meses desde el inicio de la alerta sanitaria.
Gracias a la profesionalidad y a la vocación de servicio público de la gran mayoría de los casi 22 mil funcionarios de la Administración General, el “teletrabajo” impuesto e improvisado, pero lógico por la situación de excepcionalidad que se estaba viviendo como consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19, consiguió que la actividad de la administración andaluza no se paralizara. Recordamos que fueron esos miles de funcionarios los que pusieron sus propios medios tecnológicos (ordenador personal, conexión a Internet, impresoras), además de otros medios logísticos como convertir sus hogares en oficinas al servicio de la Junta de Andalucía y por ende al servicio de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En esta situación tan excepcional que estamos sufriendo por la pandemia, el teletrabajo, en todos los ámbitos sean públicos o privados, se ha mostrado como la mejor fórmula para respetar unos de los principales derechos de los trabajadores, la conciliación de la vida laboral y familiar. Y también un medio preventivo para evitar contagios masivos antes de la aparición de una vacuna.
El texto aprobado en la Mesa General e impuesto a los demás Sectores (Administración General, Salud, Educación y Justicia), supone un paso atrás que choca frontalmente con el derecho de la conciliación de la vida laboral y familiar. Se ha decidido que el trabajo no presencial, el “teletrabajo”, solo podrá ser un derecho de las personas vulnerables, y aquellas con hijos menores de 14 años o con personas dependientes a su cargo. Pero los funcionarios de estos colectivos deberán prestar de manera presencial su jornada de trabajo al menos un día a la semana. El resto de personal funcionario en los que no concurre ninguna de las circunstancias recogidas en el apartado cuarto del Plan de Incorporación, no podrá acogerse a esa modalidad de teletrabajo. Un disparate, además de un manifiesto agravio comparativo: una cosa es la preferencia más que justificada de los primeros, pero otra bien distinta es que se cierre esta posibilidad al resto.
Desde SAF apostamos por ello y solicitamos que la modalidad voluntaria de teletrabajo se extienda también al personal en el cual no concurre ninguna circunstancia personal de conciliación o circunstancias que supongan ser personal de riesgo.
Nuestra idea es clara y proponemos la inserción en el Punto Primero del Pacto (“Incorporación a la actividad presencial en la V Fase”) las siguientes situaciones:
A.- El establecimiento de la modalidad de teletrabajo de carácter voluntario y reversible y hasta que se declare el fin de la pandemia producida por el COVID-19, a la cual se podrá acoger de forma preferente y prioritaria el siguiente personal funcionario:
Miles de funcionarios van a verse perjudicados, una vez más, por una Administración que no sabe estar a la altura de las circunstancias y vende humo ante los ciudadanos. Un gobierno que deja el prestigio del personal funcionario a los pies de los caballos, promoviendo con esa actitud que se vilipendie la profesionalidad y el buen trabajo, suficientemente demostrado, de este colectivo que representamos. Es una cuestión que desde SAF no vamos a tolerar bajo ningún concepto por suponer un ataque sin precedentes a la conciliación de la vida laboral y familiar y por poner en riesgo la salud de miles de funcionarios, por el empeño de la administración de incorporar el máximo de funcionarios cuando muchos de ellos pueden seguir con el teletrabajo, de manera eficaz y cumpliendo con sus obligaciones ante la administración y la sociedad andaluza.
También se nos ha informado en esta Mesa Sectorial que se va a empezar a hacer tests rápidos a todo el personal de Administración General. ¡Ya era hora! SAF viene denunciado desde hace semanas el incumplimiento de lo recogido en el Plan de Incorporación, en el cual se establecía que al personal funcionario con contacto habitual con la ciudadanía iba a ser objeto de los tests correspondientes.
Sobre el Plan de Choque para paliar el déficit de personal funcionario en los servicios de prevención, nos informan que el 1 de julio se quiere incorporar a 133 funcionarios interinos del A1.1100 con la formación superior en riesgos laborales... También se van a nombrar a 10 médicos del trabajo y a 10 enfermeros del trabajo. La duración del plan de choque será de seis meses. Es una parcheo que no va a solucionar el problema estructural que tiene la Administración General en materia de PREVENCIÓN. Hay que abordar lo antes posible una modificación de las RPT, y crear la figura del técnico intermedio que no existe en la actualidad en esas RPT y que en tantas ocasiones hemos demandado desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios.
Esas medidas fueron aprobadas el pasado viernes en el seno de la Mesa General mediante un Pacto, firmado entre la Secretaria General para la Administración Pública y los sindicatos UGT y CSIF.
SAF rechaza de plano este Pacto ya que entendemos que atenta gravemente contra el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, un texto que no apuesta por la modalidad del “teletrabajo” y lo que es más grave desde nuestro punto de vista, va a suponer un riesgo en la salud de miles de funcionarios. Nos parece una irresponsabilidad ese afán de “presentismo” que muestra la Junta de Andalucía respecto al personal funcionario de la Administración General. El “teletrabajo”, tan aplaudido hasta hace pocas fechas por ser una herramienta fundamental, ha pasado a poco menos que una herramienta residual y, a día de hoy, sin ningún tipo de regulación normativa aún. Y todo ello tras más de tres meses desde el inicio de la alerta sanitaria.
Gracias a la profesionalidad y a la vocación de servicio público de la gran mayoría de los casi 22 mil funcionarios de la Administración General, el “teletrabajo” impuesto e improvisado, pero lógico por la situación de excepcionalidad que se estaba viviendo como consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19, consiguió que la actividad de la administración andaluza no se paralizara. Recordamos que fueron esos miles de funcionarios los que pusieron sus propios medios tecnológicos (ordenador personal, conexión a Internet, impresoras), además de otros medios logísticos como convertir sus hogares en oficinas al servicio de la Junta de Andalucía y por ende al servicio de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En esta situación tan excepcional que estamos sufriendo por la pandemia, el teletrabajo, en todos los ámbitos sean públicos o privados, se ha mostrado como la mejor fórmula para respetar unos de los principales derechos de los trabajadores, la conciliación de la vida laboral y familiar. Y también un medio preventivo para evitar contagios masivos antes de la aparición de una vacuna.
El texto aprobado en la Mesa General e impuesto a los demás Sectores (Administración General, Salud, Educación y Justicia), supone un paso atrás que choca frontalmente con el derecho de la conciliación de la vida laboral y familiar. Se ha decidido que el trabajo no presencial, el “teletrabajo”, solo podrá ser un derecho de las personas vulnerables, y aquellas con hijos menores de 14 años o con personas dependientes a su cargo. Pero los funcionarios de estos colectivos deberán prestar de manera presencial su jornada de trabajo al menos un día a la semana. El resto de personal funcionario en los que no concurre ninguna de las circunstancias recogidas en el apartado cuarto del Plan de Incorporación, no podrá acogerse a esa modalidad de teletrabajo. Un disparate, además de un manifiesto agravio comparativo: una cosa es la preferencia más que justificada de los primeros, pero otra bien distinta es que se cierre esta posibilidad al resto.
Desde SAF apostamos por ello y solicitamos que la modalidad voluntaria de teletrabajo se extienda también al personal en el cual no concurre ninguna circunstancia personal de conciliación o circunstancias que supongan ser personal de riesgo.
Nuestra idea es clara y proponemos la inserción en el Punto Primero del Pacto (“Incorporación a la actividad presencial en la V Fase”) las siguientes situaciones:
A.- El establecimiento de la modalidad de teletrabajo de carácter voluntario y reversible y hasta que se declare el fin de la pandemia producida por el COVID-19, a la cual se podrá acoger de forma preferente y prioritaria el siguiente personal funcionario:
- Personal funcionario con hijos menores de 14 años a su cargo.
- Personal funcionarios con personas dependientes o con discapacidad que tengan a su cargo.
- Personal funcionario que pertenezcan al colectivo vulnerables al coronavirus.
Miles de funcionarios van a verse perjudicados, una vez más, por una Administración que no sabe estar a la altura de las circunstancias y vende humo ante los ciudadanos. Un gobierno que deja el prestigio del personal funcionario a los pies de los caballos, promoviendo con esa actitud que se vilipendie la profesionalidad y el buen trabajo, suficientemente demostrado, de este colectivo que representamos. Es una cuestión que desde SAF no vamos a tolerar bajo ningún concepto por suponer un ataque sin precedentes a la conciliación de la vida laboral y familiar y por poner en riesgo la salud de miles de funcionarios, por el empeño de la administración de incorporar el máximo de funcionarios cuando muchos de ellos pueden seguir con el teletrabajo, de manera eficaz y cumpliendo con sus obligaciones ante la administración y la sociedad andaluza.
También se nos ha informado en esta Mesa Sectorial que se va a empezar a hacer tests rápidos a todo el personal de Administración General. ¡Ya era hora! SAF viene denunciado desde hace semanas el incumplimiento de lo recogido en el Plan de Incorporación, en el cual se establecía que al personal funcionario con contacto habitual con la ciudadanía iba a ser objeto de los tests correspondientes.
Sobre el Plan de Choque para paliar el déficit de personal funcionario en los servicios de prevención, nos informan que el 1 de julio se quiere incorporar a 133 funcionarios interinos del A1.1100 con la formación superior en riesgos laborales... También se van a nombrar a 10 médicos del trabajo y a 10 enfermeros del trabajo. La duración del plan de choque será de seis meses. Es una parcheo que no va a solucionar el problema estructural que tiene la Administración General en materia de PREVENCIÓN. Hay que abordar lo antes posible una modificación de las RPT, y crear la figura del técnico intermedio que no existe en la actualidad en esas RPT y que en tantas ocasiones hemos demandado desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios.
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