Se ha prohibido la entrada a cinco sindicatos en la Mesa General, ignorando los últimos resultados electorales y los votos de los funcionarios. FASPI ha exigido la anulación de la negociación.
A pesar de no ser citados, los sindicatos profesionales se han presentado ante las puertas de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para reivindicar que están legitimados para tener presencia en la Mesa General de Negociación.
En un nuevo ejemplo de actitud antidemocrática y dictatorial, Manuel Alcaide, secretario general para la Administración Pública y presidente de la Mesa General, ha dejado fuera a los sindicatos profesionales e independientes que poseen representación suficiente para formar parte de la negociación y que han sido votados por los funcionarios públicos en las últimas elecciones sindicales. Concretamente estos sindicatos, de los ámbitos de educación, sanidad y administración general, integran FASPI, Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes, constituida por SAFJA, SMA y APIA; y FSES, Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad, formada por SATSE y ANPE.
FASPI ha presentado un nuevo escrito, tal y como hizo en las dos últimas ocasiones, en el que exige la anulación de la Mesa y deja claro que la Administración está vulnerando el Derecho a la Libertad sindical, consagrado en la Constitución Española, y el derecho a la negociación colectiva, reconocido especialmente a las organizaciones sindicales como garantes de una efectiva negociación de las condiciones que afecten a sus representados.
En esta ocasión, también ha estado presente un notario que ha levantado acta de todo lo acontecido en las puertas de la Dirección General donde se ha celebrado la Mesa.
Con este acto, el Gobierno andaluz demuestra el poco respeto que tiene hacia la voz y el voto de sus propios trabajadores y, por ende, a sus representantes. Más aún cuando el tema a negociar es el mayor recorte social y económico sufrido por los funcionarios públicos en Andalucía, siendo un asunto de vital importancia en el desarrollo de la Función Pública y del personal al que estos sindicatos representan.
Este atropello a los derechos de los funcionarios tiene especial gravedad cuando, precisamente, los sindicatos vetados son los que arrasaron en los últimos comicios celebrados entre 2010 y 2011, y, además, son las organizaciones sindicales más beligerantes y críticas contra los recortes y el tijeretazo.
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