Casi 42 millones de euros de las arcas públicas han sido destinados, en los seis últimos meses, a contratos y licitaciones.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, ha realizado un esclarecedor y sustancial informe, en el que profundiza sobre un nuevo y recurrente proceso que ha proliferado excepcionalmente en el marco de la controvertida reordenación del sector público andaluz. Se trata de numerosas licitaciones y contrataciones llevadas a cabo por el ejecutivo andaluz que dificultan considerablemente alcanzar una Administración Pública transparente, objetiva y regida bajo los principios constitucionales del Estado de Derecho (Ver informe) (Ver en prensa).Esta "tercera administración paralela", bautizada así por SAFJA, desvía descaradamente fondos pertenecientes al erario público en licitaciones que, en la mayoría de las ocasiones, poco o nada justifican su adjudicación. Nada más y nada menos que 42 millones de euros, sólo en los últimos seis meses, han sido empleados por el ejecutivo andaluz utilizando la contratación administrativa y convenios de colaboración administrativa que, si bien la Ley los reserva cuando las partes firmantes del convenio son entes públicos, se usa también para realizar contrataciones con particulares o asociaciones elegidos para esto y así evitar la legislación de contratos.
Esta gravísima actuación de la Junta lleva a confusión, porque los llamados "convenios de colaboración administrativa" en realidad despojan a la Administración Pública de las funciones y potestades que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia establecen que deben ser ejercidas por Administraciones Públicas. Así, esta "tercera administración paralela" puede favorecer a personas concretas al margen de la legalidad. La gestión de tales servicios públicos a través de funcionarios supondría un mayor ahorro para las arcas públicas. De este modo, el ejecutivo andaluz ha optado por la solución más rápida y costosa, efectuar licitaciones y contrataciones con particulares y empresas privadas, en lugar de trabajar en una Administración más eficaz y eficiente con criterios que incrementen la productividad de la misma, de manera real, y recompensando la capacitación y rendimiento del funcionario en función de su trabajo.
En muchos casos, estos contratos han sido suscritos por Agencias creadas a raíz de la controvertida Ley 1/2011, cuyos firmantes son personas externas a la Administración General de la Junta, que ponen su firma en la entrega de millones de euros de dinero público perteneciente a todos los ciudadanos. Hay servicios tan irrisorios como de agencias de viajes para Agencias; tan delicados como la gestión y tratamiento del archivo central de la Consejería de Gobernación y Justicia o la grabación de solicitudes de reconocimiento de la dependencia; tan usuales como la delegación de funciones en las Agencias; y tan básicos como apoyo administrativo que perfectamente pueden desempeñar cuerpos de funcionarios especializados en tales materias. Del mismo modo, existen bolsas de interinos, que han superado una oposición, y que se encuentran capacitados para realizar dichas funciones sin que sea necesario este despilfarro de cuantiosas cifras de dinero en contrataciones con empresas privadas y particulares.
En el informe, SAFJA también menciona el "Acuerdo de 11 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan, para los años 2012 y 2013, disposiciones sobre el régimen de garantías a constituir en los procedimientos de adjudicación de los contratos que se liciten por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales". El objeto de tal acuerdo es eximir de la exigencia de constitución de la garantía provisional, regulada por Ley, que garantiza el cumplimiento del contrato por parte de los eventuales adjudicatarios. En este sentido, SAFJA considera que la no exigencia de constituir la misma puede ocasionar determinados problemas como el incumplimiento por parte de los adjudicatarios, ya que se está eliminando este requisito que pretende proteger el contrato y la ejecución del mismo.
Al no exigir la garantía provisional, el número de licitaciones será mucho mayor para tales ofertas y empeorará la calidad del servicio prestado, ya que se puede estar adjudicando a quien no disponga de medios económicos y técnicos para la ejecución del mismo, redundando en un peor servicio público y en un innecesario derroche de dinero, tal y como SAFJA ha denunciado a lo largo de todo el informe.
SAFJA denuncia esta nueva ilegalidad que está proliferando en los últimos tiempos por parte de la Junta de Andalucía, de la que presumen prácticamente a diario en el BOJA y en el BOE y que encomiendan, como la prestación de un servicio público, potestades que deberían ser ejecutadas por funcionarios, siendo el procedimiento adecuado para cubrir dichos servicios públicos la dotación de esos puestos mediante RPT.
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